La nueva mina de Aznalcóllar salva el último gran obstáculo administrativo y comenzará las obras este año

La Junta de Andalucía ha concedido la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para el proyecto minero y de restauración ambiental que Minera Los Frailes (MLF) quiere desarrollar en Aznalcóllar. Un proyecto que como se esfuerzan en explicar tanto la empresa como la administración es "nuevo" y "no tiene nada que ver" con la explotación que causó la catástrofe ambiental de 1998 y que supone la inversión de 450 millones de euros y la creación de 2.000 puestos de trabajo. Este trámite era el último gran escollo administrativo a la recuperación de la actividad minera, cuya tramitación se inició en 2014.

Con la AAU publicada en BOJA (en los próximos días) la delegación territorial de Industria, Energía y Minas en Sevilla elaborará las propuestas de resolución de autorización del proyecto de explotación y del plan de restauración. Ambos documentos están ya avanzados y se presentarán en las próximas semanas. Después habrá un periodo de audiencia de quince días, abierto a alegaciones y propuestas. Los cálculos de la administración es que todo el procedimiento estará culminado en el último trimestre del año. Sólo entonces MLF comenzará a trabajar sobre el terreno.

Las obras

La empresa tiene tres años para los trabajos previos a la explotación propiamente dicha. Habrá que construir por un lado todas las infraestructuras necesarias para la extracción subterránea del mineral. Los consejeros de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pachecho, y Minas, Jorge Paradela, han insistido precisamente en este punto: es una mina subterránea, o a cielo abierto como anteriormente, y no precisa de balsas de lodos, sino que el agua se recircula en un 80% en la explotación.

Y al mismo tiempo, se harán las construcciones en superficie necesarias para la explotación: oficinas, plantas de tratamiento de mineral y, lo más importante, una depuradora de 50 millones de euros preadjudicada a Aqualia. En esa depuradora se procesarán 17,5 hectómetros cúbicos ahora acumulados en las antiguas cortas -contaminadas con lodos tóxicos- para su posterior vertido al río Guadalquivir a 30 kilómetros de la mina, frente al Estadio Olímpico de Sevilla.

Desde la empresa se ha venido insistiendo en que sin su proyecto esas balsas corren en riesgo de llenarse, rebosar y verter al río aguas tóxicas. Con una pluviometría normal eso ocurriría en 10 años. Por eso presentan su propuesta como la solución al problema, no el problema.

Controles

La administración insiste en que el agua que se vierta contendrá metales en concentraciones por debajo de lo permitido por la ley. Para garantizarlo se harán controles diarios (de lunes a viernes) en tres puntos de recogida distintos. Si alguno de los parámetros alcanza el 75% de lo que permite la normativa se paralizará inmediatamente la actividad minera. Desde la empresa y desde foros técnicos se ha asegurado que el agua que se va a verter tiene niveles cercanos al del agua potable.

El vertido en el río -con los antecedentes que sugiere Aznalcóllar y con la cercanía de Doñana- ha suscitado denuncias de organizaciones ecologistas. Los consejeros Paradela y Fernández-Pachecho han insistido en lanzar un mensaje tranquilizador."El proyecto cumple con todas las garantías legales. Se ha exigido todo lo exigible y el proyecto lo cumple", aseguran.

La tramitación administrativa ha sido "excepcional", según los responsables de la Junta, con dos periodos de información pública, audiencia y alegaciones "que han enriquecido el proyecto", con la incorporación de un hidrogeólogo para control de aguas subterráneas y de un técnico ambiental de control, además de añadir un plan de contingencias. La empresa tiene que depositar 60 millones de euros en garantías, y de los 450 millones de inversión total más de 100 son para temas ambientales.

Explotación y restauración

MLF tendrá después de los tres años de trabajos de preparación otros 17 años para extraer el mineral (aunque con las reservas detectadas se estima que la vida útil podría llegar a 30 años). Se estima que hay 450 millones de toneladas de sulfuros metálicos con cobre, zinc y plomo que se explotarán a razón de 2,7 millones de toneladas por año.

Cuando acabe la explotación minera la empresa aún tendrá que actuar para la rehabilitación ambiental de 500 hectáreas. Las actuales balsas mineras serán lagos renaturalizados. Se actuará además en remodelado del terreno, recuperación paisajística y reforestación.

El consejero Paradela ha explicado que la actividad minera es junto a las energías verdes y el hidrógeno verde uno de los pilares de la política de la Junta en materia energética e industrial. Prueba de ello es la autorización en 26 meses del proyecto de Masa Valverde, un hito en la tramitación administrativa por su celeridad, la ampliación de la concesión a Atalaya en Ríotinto, y ahora la nueva actividad minera en Aznalcóllar.

Proceso penal

Para complicarlo todo aún más, hay un procedimiento penal abierto sobre la legalidad de la adjudicación a MLF, formada por Grupo México Minorbis y Magtel. En MLF insisten en que ese proceso no afecta a nadie de su empresa.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha fijado juicio oral en marzo de 2025 contra catorce funcionarios y responsables de Magtel por supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental, en una causa que según Ecologistas en Acción afecta a Minorbis, Grupo México, AMC Iberia Mining y Minera Los Frailes, como posibles responsables civiles subsidiarios.

Desde la Junta se ha explicado que sus servicios jurídicos entendieron que la causa penal no paralizaba la vía administrativa, como posteriormente han avalado diversos autos judiciales.