Nueva ley de Industria: el Gobierno podrá dar subvenciones directas sin concurso y controlar las fugas de empresas

El Ministerio de Industria ha iniciado la tramitación de una nueva Ley de Industria y Autonomía estratégica que pretende aprobar a finales de este mismo año. La nueva norma tiene como objetivo incrementar el nivel de industrialización del país y evitar la deslocalización de compañías en negocios considerados estratégicos.

Para lograrlo, el departamento que dirige Jordi Hereu ha propuesto la creación de los 'Proyectos industriales estratégicos' que serán aquellas inversiones consideradas clave por el Gobierno y que podrán beneficiarse tanto de subvenciones directas sin un proceso competitivo como de plazos de tramitación mucho más cortos.

Para alcanzar esta categoría, el borrador de Ley pretende que cumplan, al menos, uno de los criterios definidos: un volumen de inversión relevante en términos nacionales o sobre el tamaño de la economía de las provincias donde se realice dicha inversión; que puedan considerarse dentro de un ecosistema industrial estratégico o un Perte; que dispongan de una certificación para la autonomía estratégica o si el proyecto prevé una inversión que facilite una solución que se incluya como propuesta y se adopte en la Mesa de reindustrialización, es decir, para rescatar compañías estratégicas.

La declaración de estos proyectos será un procedimiento iniciado por la parte interesada ante el Ministerio de Industria que solicitará informe al nuevo Comité de Inversiones Estratégicas, que dependerá del presidente del Gobierno, y se llevará posteriormente a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. La nueva Ley contará también con instrumentos de planificación como la Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica, que se revisará cada seis años, y el Plan Estatal de Industria y Autonomía Estratégica.

Ambos documentos servirán para trazar las líneas maestras de la política industrial y para evaluar la marcha de las acciones tomadas durante dicho sexenio.

La nueva norma propone, a su vez, crear un Consejo Estatal de Política Industrial como órgano consultivo de asesoramiento para la coordinación entre ministerios, que contribuirá a la elaboración de dicha Estrategia, así como otros organismos como la Escuela de Organización Industrial o el Consejo Económico y Social. Se regula también la Conferencia sectorial de industria y pyme y el Foro de Alto Nivel de la industria española, que emitirá un informe anual sobre la situación del sector.

Hoja de ruta verde y digital

La nueva Ley creará las figuras de Ecosistemas Industriales Estratégicos, que contarán con un sistema de seguimiento periódico, la posible concesión de ayudas sin concurrencia competitiva, se definirán hojas de ruta para la doble transición (verde y digital) y la generación de cuadros de mando de indicadores con los que se promoverán medidas de simplificación administrativa. Las empresas, de hecho, podrán proponer mejorar en los trámites administrativos para reducir las trabas para el desarrollo industrial.

Los Perte se reconocerán normativamente y se institucionaliza la figura para convertirla en estructural. De modo que deberán enmarcarse en un Ecosistema Industrial, a la espera de que se puedan prorrogar los fondos europeos. El Ministerio incorpora también mecanismos para evitar la desindustrialización en sectores estratégicos mediante la ordenación de los procesos de reindustrialización.

La ley definirá los mecanismos de seguimientos de estos planes de reindustrialización, pero la empresa afectada -que deberá contar con un umbral mínimo de tamaño o situarse en un sector clave- deberá comunicar con al menos 9 meses de antelación su situación de cierre previsto o de reducción de su actividad ante la Secretaría de Estados de Industria para que pueda iniciarse el proceso, en caso contrario, podrá arriesgarse a sanciones.

La Mesa de Reindustrialización será el órgano en el que se realicen las negociaciones del proceso entre los representantes de los trabajadores, la empresa y las administraciones públicas involucradas (ayuntamientos, comunidades autónomas y estado).

Sectores beneficiarios

El Ministerio fijará obligaciones para los beneficiarios de ayudas públicas de mantener la actividad de producción durante un periodo determinado de tiempo, que variará atendiendo al tamaño de la empresa.

La simplificación administrativa se analizará en la Conferencia Sectotrail de Industria y Pyme y el Consejo Estatal de Política Industrial. Se presentará anualmente un informe al Foro de Alto Nivel. Se incluye la protección a la industria intensiva en el consumo de energía, promoción para el desarrollo de áreas industriales, emisión de certificados de impacto y certificación financiera o rating.

Las empresas electrointensivas recibirán apoyo al proceso de descarbonización y medidas para facilitar la energía asequible, fomentando los contratos a largo plazo , autoconsumo y generación de proximidad.

La nueva ley tendrá que ser informada por el Consejo Económico y Social, la CNMC, la Agencia de Protección de Datos y el Consejo de Estado.