Los accionistas 'díscolos' de Cementos Molins piden el salto al mercado continuo

Un mes después de que la justicia fallase a favor del cambio de sede social de Cementos Molins, los accionistas que impugnaron el traslado de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) a Madrid preparan su siguiente movimiento. La rama díscola de la familia Molins, los Molins Amat, ha pedido incluir en el orden del día de la próxima junta el salto de la empresa al mercado continuo para abandonar los corros electrónicos, donde cotiza ahora mismo. Parece poco probable eso sí que tengan éxito debido a su peso en el capital.

Las fuentes consultadas por elEconomista admiten que la salida al mercado continuo está en la hoja de ruta de la compañía. En 2018, los ejecutivos pidieron a la junta que se abriese esta posibilidad por cinco años. Caducará en 2023, pero se puede volver a reclamar.

Sin embargo, desde un principio se aseguró que solo se afrontaría para financiar una operación corporativa "ambiciosa", que supere los 800 millones de euros, algo que por ahora no se vislumbra en el horizonte.

Mientras no llega, la empresa mantiene su política de adquisiciones y, por ejemplo, en 2021 invirtió 230 millones en compras. El gasto no es suficiente para emprender el salto al continuo debido a que se puede acometer con la caja generada gracias a los bajos niveles de endeudamiento que tiene la cotizada catalana.

Sin la posibilidad de abordar grandes operaciones por la falta de oportunidades, el consejo no ve sentido al cambio, por lo que la votación tiene muy pocas probabilidades de salir adelante. De hecho, ya trataron de afrontarlo el año pasado, pero no salió adelante. Como argumento: la posibilidad de acceder a más liquidez que con el sistema actual.

La familia del presidente de Cementos Molins

La junta de accionistas se celebrará el próximo 29 de junio. Será la primera vez que todos los dueños de la organización se ven las caras después de que un juzgado de Madrid rechazara anular el cambio de sede social que la firma realizó en otoño de 2017. El traslado fue también impugnado por parte de la familia Molins Amat, la misma rama a la que pertenece el presidente, Joan Molins.

El juzgado de lo mercantil número 3 de Madrid dio la razón a la empresa. A pesar de que la cúpula de la organización trabaja en Cataluña, en la capital se celebraron decenas de consejos de administración y las cuatro juntas de accionistas.

A través de la sociedad Noumea, los Molins Amat, controlan el 31,54% de la cementera. Insuficiente frente al 60% que poseen entre las otras dos ramas de la familia, los Molins Gil y los Molins López-Rodo, y la negativa del consejo de administración. Apenas el 10% del capital es free float.