La Fundación Mutua Madrileña lanzó ayer la VIII Convocatoria Anual de Ayudas a Proyectos de Acción Social para entidades sin ánimo de lucro. La convocatoria aumenta este año su dotación un 33 por ciento, hasta el millón de euros, que se destinarán a impulsar iniciativas que contribuyan a mejorar la realidad socioeconómica y la calidad de vida de diversos colectivos desfavorecidos, dentro y fuera de España. Las ayudas estarán destinadas a proyectos de entidades sin ánimo de lucro que se incluyan en alguna de las siguientes categorías:La de Discapacidad, destinada a proyectos que tengan como principal fin mejorar las capacidades y habilidades de las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial en aspectos como la empleabilidad, la formación, la integración o la atención y la asistencia.Violencia de género. Destinado a niciativas cuyo objetivo sea la mejora de la situación de las mujeres víctimas de malos tratos en cualquier ámbito.Ayuda a la infancia. Con proyectos que mejoren las condiciones de vida de niños con problemas de salud y/o en riesgo de exclusión social por motivos socioeconómicos. Otra de las categorías de la convocatoria es la de: Jóvenes en exclusión social. Destinada a favorecer el acceso al empleo de jóvenes en riesgo de exclusión o Cooperación al desarrollo: Dirigido a la creación de planes que den cobertura a necesidades básicas de la población infantil en países en vías de desarrollo y contribuyan a reducir los índices de mortalidad de este colectivo.Por último, Innovación social: Para proyectos de entidades sin ánimo de lucro que planteen nuevas formas de satisfacer las necesidades sociales o de abordar una problemática social, valorándose especialmente los que aporten soluciones innovadoras bien por su enfoque o bien por su ejecución.EvaluaciónEl plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 2 de octubre a las 15 horas. Las solicitudes deberán realizarse exclusivamente a través de la web de la Fundación Mutua Madrileña.La evaluación de los proyectos se realizará teniendo en cuenta el potencial de mejora de las necesidades del colectivo beneficiario, la viabilidad técnica, económica y de gestión del proyecto y la entidad que lo presenta, el carácter innovador en términos de enfoque o ejecución y las posibilidades de continuidad en el futuro.