Las auditorías detectan 'fallos' en los órganos de control de OHL México

OHL México se ha puesto bajo la lupa de KPMG, Jones Day y FTI Consulting para tratar de desterrar la sombra de la corrupción que le persigue desde que se filtraron en mayo las primeras grabaciones en las que la constructora, presuntamente, buscaba fórmulas ilícitas para elevar el precio de los peajes y se ofrecía a pagar las vacaciones de políticos.

Las tres auditoras han abierto todos los cajones y han vaciado todos los armarios durante los últimos dos meses y han llegado a la conclusión de que OHL "ha cumplido con la legislación aplicable", pero sus órganos de control interno han fallado, lo que ha podido dar pie a que se realizaran o se intentaran realizar algunas practicas poco éticas o reprobables.

Según el comunicado que la concesionaria de Juan Miguel Villar Mir ha enviado a la Bolsa de Valores de México (BMV), las auditorías independientes han detectado debilidades en "áreas y procedimientos administrativos que se deben fortalecer en aras de lograr mayor autonomía y eficacia en la gestión de la compañía".

En concreto, KPMG, Jones Day y FTI han detectado fallos en el Comité de Auditoría, el de Prácticas Societarias, el de Auditoría Interna y Control de Riesgos así como en el cumplimiento del Código Ético de la compañía. "Se identificó la importancia de fortalecer los órganos de control de la compañía (...), en particular por lo que se refiere a los linea- mientos para operaciones con partes relacionadas, a fin de cumplir con los estándares más estrictos de gobierno corporativo", informó el Comité de Auditoría al Consejo de Administración.

A su vez, las investigaciones también detectaron "la necesidad de fortalecer el cumplimiento del Código Ético" e identificaron "vulnerabilidades en el manejo de la seguridad de la información". Pese a esta debilidad, la constructora asegura que no se obtuvo "evidencia de la participación de algún empleado de OHL México" en la fuga de información.

"Grabaciones manipuladas"

Más allá de los fallos detectados por la investigación, las auditorías contratadas por la constructora tratan de desmontar paso a paso todas las grabaciones que se han ido filtrando en los dos últimos meses y en las que se apuntan a presuntos sobornos a jueces, acceso a información privilegiada o favores a políticos a cambio de contratos.

OHL asegura en el comunicado enviado a la bolsa (todavía no ha hecho públicas las auditorías) que un "reconocido perito", del que no facilita la identidad, ha determinado que las grabaciones "obtenidas ilegalmente" fueron "editadas y alteradas para cambiar su sentido".

"Dichas grabaciones también forman parte de la campaña de difamación en contra de OHL México", asegura la compañía, que vio como sus acciones se hundían en el mercado a raíz de su publicación, lo que les obligó a elevar las garantías de un préstamo de 300 millones de euros. Los títulos lideraron las alzas tras conocerse la auditoría (ver apoyo).

Así, con respecto a las llamadas en las que Pablo Wallentin, el único directivo de OHL que ha sido cesado, hablaba de pagar a los jueces que llevaban el caso contra Infraiber, la constructora asegura que "el despacho de abogados Ritch, Mueller, Heather y Nicolau concluye que, durante la defensa en los juicios, no se encontró evidencia o indicio alguno de conductas contrarias a la ley ni al Código de Ética, ni de pagos en dinero o en especie, ya sea directa o indirectamente, a ningún juez, magistrado".

Revisión de operaciones

La otra pata de la auditoría tenía como objetivo revisar que las operaciones relacionadas con el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense (CEM) y sus modificaciones, hayan cumplido con la legislación aplicable, un extremo que parece que OHL México ha aprobado con nota.

Una vez concluidas las auditorías, la constructora informa de que ambas autovías "cumplen con la legislación aplicable, abarcando el derecho de recuperar la inversión más un rendimiento garantizado" del 10 por ciento en el caso del CEM y del 7 por ciento en el Bicentenario. Estas inversiones incluyen las modificaciones y la construcción del monumento Bicentenario de Toluca y los hospitales.

A su vez, OHL asegura que la inversión acumulada que ha servido de base para determinar la rentabilidad garantizada pendiente de recuperar, incluida la inversión en construcción, está debidamente aprobada por la autoridad". Lo que no deja claro es si se refiere a los 52.000 millones de pesos (3.011 millones de euros) que se apunta entre la inversión en construcción y la rentabilidad garantizada de operación o sólo se refiere a los 22.000 millones de pesos de infraestructura.

"Se concluye que todas las imputaciones sobre Infraiber son falsas, y forman parte de una campaña difamatoria en contra de OHL", asegura la constructora.