Recordatorio (I): el Proceso Constituyente y la reforma constitucional

A poco que forcemos la memoria recordaremos que hubo un tiempo en el que las fuerzas políticas se atrevieron públicamente a diagnosticar los males del país, esbozaron proyectos o plantearon alternativas y reformas más o menos radicales. Creo que en esta inacabable campaña electoral sería muy conveniente recordar algunas de las cuestiones que ocuparon los titulares sobre programas políticos.

Exceptuado el conflicto catalán, dos han sido las grandes cuestiones que centraron el debate político: una, por parte de la izquierda, el Proceso Constituyente y la otra, común a todas las fuerzas políticas, fue la reforma constitucional. Ningún momento mejor que éste para que las diferentes candidaturas desarrollen didácticamente sus proyectos.

Una parte considerable de la opinión pública sabe, o al menos intuye, que la palabra constituirse, aplicada en política, significa que el Soberano, es decir el pueblo, decide asumir la soberanía cedida transitoriamente a las instituciones democráticas, para replantearse el régimen político que hasta entonces él ha considerado útil para la convivencia ciudadana en el marco del Estado de Derecho. Una cuestión de importancia crucial y en consecuencia nada que ver con la frivolidad, la ligereza o la improvisación.

A partir de la condición sine qua non anterior se deben explicar a la ciudadanía muchas y muy importantes cuestiones, que de no quedar explicitadas claramente invalidarían la honestidad, y hasta la legitimidad, de la propuesta política. Una de las más importantes es distinguir entre la fase formal y legal del Proceso Constituyente y la fase de impulso inicial. La primera es de la exclusiva competencia de las Cortes Constituyentes elegidas para tal fin. Corresponde a las fuerzas políticas y/o plataformas cívicas proponentes en la fase de impulso inicial, plantear a la ciudadanía las razones, contenidos y fines del proceso.

Una propuesta de tal calado solamente tiene sentido si se pretende una reforma total de la Constitución vigente y su sustitución por otra de nuevo cuño o bien de una reforma parcial que afecte al Título II (La Corona). En ambos casos la finalidad del Proceso no es otra que la opción por la III República. Esto debe ser expuesto con toda transparencia y valentía.

Pero ahí no termina todo. Los impulsores de la propuesta deben exponer cuales serían, a su juicio, las líneas maestras de la Constitución Republicana. Un simple y único cambio en la forma de Estado, cuando hay tantas carencias democráticas y de todo tipo que subsanar, nos retrotraería a experiencias republicanas que se deben superar y mejorar. Tres son los objetivos a cumplir que harían deseable el Proceso Constituyente para la mayoría ciudadana: la democratización y la verificable independencia entre sí de los tres Poderes del Estado, la concreción en la realidad cotidiana de las solemne Declaración de DDHH y los enfoques medioambientales en economía, educación, consumo, valores y solidaridad de urgente aplicación a causa del más que evidente cambio climático.

No hay proceso, proyecto o programa político que no necesite de un sujeto social para el impulso inicial de la propuesta. Un sujeto que sea capaz de trascenderse a sí mismo por mor del incremento de alianzas y apoyos de todo tipo. Y ello sin violentar las líneas maestras del proyecto. ¿Dónde está el sujeto? Está ante la vista. Lo componen las indignadas víctimas del neoliberalismo, la corrupción y la incuria, conjuntamente con aquellos y aquellas cuyos conocimientos y cultura sienten como imperativo ético y de conciencia hacer de este país algo material y moralmente habitable.

No hay mejor ocasión que esta campaña electoral para exponer con claridad didáctica, valor cívico y argumentación documentada la necesidad del Proceso Constituyente. Propuestas como ésta no pueden ser flor de un día para el ejercicio discursivo de iniciados o lo que es peor, una mercancía llamativa pero efímera y fugaz en el evanescente mundo de los impactos mediáticos.