Las medidas adoptadas con urgencia por el Gobierno de Sánchez

En política una de las claves para acertar en las formas en no aparentar demasiadas prisas a la hora de tomar decisiones. Tampoco caer en el otro extremo, la parsimonia con la que dirigentes muy recientes de nuestra vida pública han tratado asuntos que requerían más nervio y determinación. Por eso, un punto intermedio resulta, para los asesores de imagen y comunicación sobre todo, el fiel de la balanza que garantiza el éxito. La presente semana nos ha traído los más importantes anuncios del Ejecutivo del PSOE acompañados de una urgencia que ha sorprendido, y que supondrá la puesta en marcha de decisiones aceleradas en apenas un mes de desarrollo de la nueva presidencia.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado muestras, en las tres semanas de mandato que ha tenido, de querer hacer cosas muy visibles y que causaran un gran impacto en la opinión pública, como el ofrecimiento de puerto seguro a los inmigrantes del Aquarius. Una medida loable que no sólo ha tenido el reconocimiento dentro y fuera de España, sino que ha agitado el debate en el seno de la UE hasta el punto de forzar la convocatoria de una mini cumbre el pasado domingo y varias reuniones bilaterales de líderes europeos. Un completo acierto del presidente que debe ahora rematarse en el Consejo Europeo de hoy y mañana para beneficio de una situación humanitaria que exige soluciones urgentes.

Junto a ésta, ha habido otras medidas (anunciadas o implementadas) que han resultado más discutibles aunque van ya camino del Parlamento o de las instancias a las que van destinadas, como el escrito dirigido al juez del Tribunal Supremo que instruye el proceso contra los líderes del golpe independentista en Cataluña. El Ministerio de Interior se ha dirigido a Pablo Llarena para conocer su intención de terminar la instrucción y comenzar el traslado de los presos preventivos de esa causa judicial a cárceles catalanas en las que estén más cerca de sus familias. Esa situación sólo durará algunas semanas, hasta que el juicio comience en el Supremo porque entonces deberán volver a cárceles madrileñas para acudir día a día ante el tribunal que les juzgue. El tiempo que estén en penales catalanes quedarán bajo la jurisdicción de las autoridades de la Generalitat, la única comunidad que tiene transferidas las competencias de prisiones, que dispondrán de manera discrecional de los instrumentos habituales en el tratamiento a cada preso.

Con igual sensación de urgencia se ha anunciado la retirada de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos, o el inminente traslado de los primeros presos de ETA a cárceles del País Vasco, sin tener que cumplir los criterios de la moribunda Vía Nanclares, a la que se ha dado por muerta este verano de 2018.

Dos años son poco tiempo para una acción de Gobierno que busque cambiar las cosas, como evidentemente pretende el presidente. Él mismo lo ha reconocido al dar por perdida la posibilidad de reformar el sistema de financiación autonómica por falta de tiempo para articular uno nuevo. Por eso sorprende la urgencia que se ha imprimido a otras resoluciones o anuncios.