¿Sistema fiscal más justo o guerra digital?

La Comisión Europea ha propuesto nuevas reglas para garantizar que las actividades comerciales digitales sean gravadas de manera justa y favorable al crecimiento en la Unión Europea, erigiéndose, en sus propias palabras, como líder en el diseño de leyes fiscales adecuadas para la economía moderna y la era digital.

En este sentido, el plan de la Unión Europea pasaría por poner al día un viejo principio de la fiscalidad, esto es, que las empresas paguen sus impuestos allí donde obtienen sus beneficios, adaptándolo a los tiempos de la economía digital y desvinculando dicha tributación del lugar donde radique el centro de decisiones o domicilio corporativo.

Esta iniciativa para evitar que las grandes multinacionales tecnológicas transfieran sus beneficios hacia jurisdicciones de baja tributación podría intensificar una guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y a nadie escapa que la propuesta, aunque viene de lejos, guarda relación en el tiempo y oportunidad con la firmeza con la que la Administración Trump ha promulgado su proteccionista reforma fiscal, que no ha gustado nada a los líderes europeos.

En todo caso, ambas administraciones se baten en duelo frente a una inquietud que resulta común respecto de que las grandes corporaciones tecnológicas no estén pagando su justa parte de impuestos. Así, como es sabido, gigantes del sector han sido capaces de mantener, durante años, unas cargas fiscales muy bajas gracias a la localización de sus beneficios en países de baja tributación en un contexto de normativa fiscal internacional obsoleta desde la perspectiva de los nuevos modelos de negocio digitales.

El modelo propuesto por la UE tendría dos estadios. El preferido y de más largo plazo, sería una modificación de amplio espectro que supondría reformar las normas fiscales comunitarias sobre actividades digitales, permitiendo a los Estados miembros gravar con impuestos los beneficios que se generan en su territorio, incluso si una empresa no tiene presencia física allí. Esta propuesta requeriría de una modificación profunda en las reglas de asignación de beneficios entre Estados o la modificación de los Convenios de doble imposición, por lo que no será inmediato.

Entretanto, se propone someter a un tipo del 3% a los ingresos procedentes de ciertas transacciones digitales, lo cual impactaría gravemente a las corporaciones americanas del sector digital, más si cabe considerando que se establecen unos umbrales mínimos de facturación. De hecho, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, ya ha manifestado que un impuesto calculado sobre los ingresos en lugar de los beneficios conduce a un sistema injusto, puesto que da lugar a la convivencia de dos modelos de exacción fiscal distinta en función del tipo de negocio que se desarrolle.

Cabe destacar que, a tenor de lo que se conoce de la iniciativa de la Comisión, efectivamente es un tributo muy dirigido, ya que se establecen unos umbrales de facturación global de 750 millones de euros o que se tengan ventas en un Estado miembro por encima de 50 millones de euros, gravando sólo los ingresos procedentes de unos determinados servicios digitales, como la publicidad en línea, las suscripciones de pago o la venta de datos personales. Resulta obvio que establecer tales umbrales persigue asegurar que el nuevo impuesto afecte, únicamente, a grandes compañías con una presencia sustancial en Europa.

Dicho todo lo anterior, debe destacarse que la regulación está en fase de propuestas y, si bien parece que nace con el beneplácito de países como Francia o Alemania, falta el visto bueno de los 27, lo cual incluye países beneficiarios de ciertas prácticas fiscales, desleal entre Estados miembros, como Luxemburgo o Irlanda.

En definitiva, quizá esta normativa no se haga nunca realidad o vea la luz después de sufrir cambios profundos, pero también es cierto que algunos Estados podrían ir para adelante sin necesidad de una norma europea o de escala global. Así, parece que podrían hacer Francia o Alemania. En la misma línea se ha pronunciado recientemente el ministro Román Escolano, declarando que no hay razones para esperar una acción global para regular la justa aportación de todos los agentes económicos y no solo por la llamada vieja economía, a la financiación de bienes públicos, el Estado de bienestar y las necesidades colectivas.

En todo caso, esta parece una batalla más de una con múltiples frentes, en las que encontramos la acción de la Comisaria Vestager contra Amazon, otras sanciones por prácticas abusivas de posición dominante, la regulación de protección de datos que entrará en vigor el próximo mes de Mayo, ciertas investigaciones sobre abuso de competencia por operaciones de amplia recogida de datos de titanes tecnológicos, etc.

Está claro que esta iniciativa fiscal es legítima. Según estimaciones de la Unión Europea, la economía digital tributa de modo efectivo a un 9,5%, gracias en parte al uso de jurisdicciones y estructuras societarias favorables, respecto del 23,3% con el que contribuyen los sectores empresariales tradicionales.

También es cierto que no será bien acogida por Washington, pues incide directamente en uno de los mayores sectores de generación de empleo y crecimiento económico de Estados Unidos. Desde aquí esperamos que se hayan medido bien las consecuencias para la propia Unión Europea. Gravar las actividades digitales sin un consenso multilateral muy amplio podría hacer de Europa un lugar menos atractivo para los inversores, dañar su competitividad y reducir sustancialmente la cantidad de ganancias disponibles para inversión, con efectos negativos adicionales sobre su empleo y crecimiento.