Partidismo permanente revisable

La llegada a la política nacional hace (solo) cuatro años de nuevas formaciones que prometían un soplo de aire fresco en el anquilosado y presunto bipartidismo no nos ha dejado a los españoles mejores condiciones de vida. Al contrario, los usos políticos de estos nuevos actores han contagiado a las dos grandes formaciones que han gobernado España desde hace treinta y cinco años, de forma que hoy muchos añoran lo que se llama la vieja política y que otros consideran el privilegio del interés del Estado por encima de las pequeñas siglas de los diferentes partidos.

La sensación general de la opinión pública sobre la suavidad de las condenas por actos criminales gravísimos, como desgraciadamente hemos podido comprobar en el caso de la joven Diana Quer y tantos otros, ha vuelto a demostrar que en esta etapa de la vida pública española los grupos con representación parlamentaria prefieren sacar la calculadora de posibles votos antes que hacer un análisis serio y profundo del problema jurídico. Un análisis entre todos para que los españoles vean representado en las leyes su anhelo de que se haga verdaderamente justicia con estos asesinatos, y no lo que ahora padecemos. Una relectura del precepto constitucional por el cual la cárcel no está para castigar al asesino sino para reinsertarle en la sociedad.

La prisión permanente revisable se va a someter a examen parlamentario en pocas semanas con la propuesta de derogación del PNV, que cosechó apoyos casi generales sobre su admisión a trámite y algunas abstenciones imprecisas. Paralelamente, el gobierno aprueba esta semana tres nuevos delitos que ampliarán los ocho en los que se puede aplicar esta figura existente en las legislaciones de los países de nuestro entorno sin que nadie se rasgue las vestiduras por ello. Tal y como su nombre popular indica, se trata de una condena indefinida pero que será revisada de forma permanente por instancias conocedoras del grado de readaptación del condenado a las normas de la convivencia. No tenemos aún ejemplos para demostrar si esas revisiones permitirían la salida del reo en alguno de los exámenes periódicos sobre su situación, y por lo que parece no vamos a tenerlos si se deroga la norma.

La concesión de terceros grados en condenas distintas a la prisión permanente revisable es otro debate completamente diferente. Mezclarlo con el anterior no es más que distraer la atención. El endurecimiento en la concesión de permisos, vacaciones, horarios de estancia en prisión y otro tipo de privilegios que la garantista legislación española concede a los presos no puede sustituir el debate sobre el castigo que merezcan asesinos que hayan cometido crímenes terribles con víctimas indefensas y que además hayan escondido sus cuerpos provocando una horrorosa desazón en las familias.

Ahora que vuelve al ruedo de la actualidad este problema de nuestra arquitectura legal, todos los partidos buscan su nicho ideológico para captar adeptos y eventuales votantes anteponiendo el interés partidista a la búsqueda de un interés general del conjunto de los ciudadanos. Hacer electoralismo con una cuestión así demuestra que en España no resolveremos los verdaderos problemas de la ciudadanía al menos hasta que se haya renovado esta generación de dirigentes políticos.

En esta carrera de intereses partidistas desenfrenados e indisimulados, hemos llegado al caso de que se han pedido dimisiones en el gobierno si se demuestra que los independentistas catalanes emplearon dinero del Fondo de Liquidez Autonómica en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. Un dinero, totalmente cierto, que el resto de españoles presta solidariamente a la comunidad autónoma que lo necesita, de buena fe y con el objetivo de garantizar el pago de servicios esenciales. Pero cargar la crítica sobre quien facilita ese mecanismo y olvidar a quien comete la irregularidad de gastarlo en un acto ilegal es un grave error. Dará votos, seguro que ese ataque los dará, pero no ayudará a construir un país mejor.