Un triunfo de la Escuela de Madrid

A partir de 1944, una vez iniciados los cursos de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Madrid, se produjo en ella un confluencia de profesores y de grupos de trabajo con los nuevos profesores que procedían, esencialmente, de la Sección de Economía del Instituto de Estudios Políticos, del Sancho de Moncada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Servicio de Estudios del Banco Urquijo. Los puntos de vista sobre por dónde debería marchar la economía española se expusieron, una y otra vez, por las sucesivas oleadas siguientes de economistas vinculados, precisamente como alumnos, a esa Facultad, de forma tal que, cuando se estudian sus puntos de vista, desde Valentín Andrés Álvarez a Gonzalo Arnáiz, de Manuel de Torres a Enrique Fuentes Quintana, o de José Castañeda a Luis Ángel Rojo, impresiona la visión de un programa común. Por supuesto que en este ámbito universitario, y no digamos cuando se repasan núcleos existentes en otros lugares de España, desde un Sardá en Barcelona o un Carande en Sevilla, encontramos vinculaciones intelectuales, claro es, pero no actitudes de exigencia de concretas medidas de política económica exactamente iguales.

Esa Escuela de Madrid está detrás de medidas como la estatificación del Banco de España, la modificación del sistema fiscal, el ingreso de España en el ámbito comunitario y la aceptación de la economía de mercado como base del desarrollo, así como el abandono de otros planteamientos políticos relacionados con la economía, como era el caso de la reforma agraria o la aceptación de medidas para incrementar el empleo basado en incrementos del déficit público. Y en ese conjunto de acciones deseables se encontraba la lucha contra situaciones monopolísticas.

Al contemplar esos panoramas diseñados en libros, en ciclos de conferencias, en campañas periodísticas, se observa que también se exigía la lucha contra las situaciones monopolísticas. Éstas eran tan abundantes que se pudo escribir entonces un editorial titulado "La economía española en unas pocas manos", aparecido en Arriba el 3 de septiembre de 1953, o el durísimo prólogo condenatorio de esta realidad, que Torres publicaría al libro de Carlos Muñoz Linares El monopolio en la industria eléctrica española. Y ya en 1944, en la edición de la Introducción a la Economía Política de Valentín Andrés Álvarez y José María Naharro, se podía leer: "El Estado en su política económica y financiera tiene que preocuparse mucho de los monopolios". O cuando Castañeda en sus Lecciones de Teoría Económica muestra lo adecuada que era la defensa de Neumann de un impuesto que gravase "especialmente a los grandes almacenes, a pesar de vender al público los artículos en mejores condiciones", y ello "con el propósito de evitar la ruina del pequeño comercio, que hubiera desaparecido y dado paso a un monopolio de grandes almacenes, con dominio sobre el mercado y consiguiente elevación de los precios".

Esas ideas de la Escuela de Madrid eran muy críticas sobre la situación económica que se heredaba, es decir, la derivada del llamado modelo castizo -nacido a partir de 1874 con Cánovas del Castillo, reforzado con Maura y Cambó, fortificado durante la Dictadura de Primo de Rivera y afianzado desde 1931 y la II República hasta la crisis ministerial de 1957-. Torres atisbó su final con un juicio crítico grande en su obra Juicio de la actual política económica (Aguilar, 1950). En ella se solicitaba, en la página 83 "una legislación antimonopolística, que debe actuar, sobre todo, donde la acción monopolística ha resultado más sensible, es decir, en la producción primaria, porque... en buena parte la falta de reacción de la producción primaria se ha debido a la explotación de un cierto grado de monopolio, singularmente en la industria pesada".

Y precisamente esas ideas críticas de este grupo de las referidas dos generaciones de economistas comenzaron a dar sus frutos a partir de, sobre todo, 1957, y estos llegan hasta ahora. Y uno de sus puntos de apoyo es el de la aparición de la legislación antimonopolística. De ahí el interés que tiene el análisis que se contiene en la publicación, dirigida por Lluis Cases, de la Universidad Autónoma de Barcelona Anuario de la competencia 2016 editado por la Fundación ICO (Marcial Pons, 2016). Merece la pena recoger algunas de sus importantes noticias.

Concretamente, José María Marín Quemada, en su aportación a este Anuario, destaca, por ser el actual presidente de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, o sea la CNMC, el otro origen que, por supuesto, tampoco se puede olvidar: el Reglamento Comunitario 1/2003 "relativo a la aplicación de las normas sobre la competencia previstas en los artículos 101 y 102 del Tratado.

España no podía sustraerse a ese fundamento, pero, además, el fuerte desarrollo alcanzado hasta el año 2007 explica la necesidad de que no existiesen barreras a ese avance por el lado de situaciones monopolísticas u oligopolísticas. De ahí se desprende la Ley 15/2007 de 3 de julio de 2007 -una de las pocas disposiciones positivas del Gobierno Zapatero, sin olvidar la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, disposición esta última que explica la existencia de la Agencia Catalana de la Competencia.

Pero ésta sigue desarrollándose en estos momentos con novedades importantes, porque, como expone Marín Quemada, "la experiencia acumulada en estos años aconseja la introducción de algunas mejoras y aclaraciones en el articulado que contribuyan a reforzar la seguridad jurídica en la instrucción y resolución de expedientes, así como la plena adaptación a las novedades del marco normativo e institucional acaecidas en el transcurso de estos años". Fundamentalmente estas fueron el "cambio en el diseño institucional, que trajo consigo la Ley 3/2013 de creación de la CNMC; pero también otras normas posteriores con efectos relevantes sobre las funciones y el procedimiento de las autoridades de competencia". En el ámbito nacional, conviene destacar la Ley 20/2013 de Garantía de Unidad de Mercado, (así como) el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público -que abre la posibilidad a que la CNMC imponga la prohibición de contratar a las empresas sancionadas por competencia bajo determinados supuestos, sin olvidar otro amplio conjunto de disposiciones.

Dentro de esa ampliación del terreno de la defensa del libre mercado que tenemos presente en ese Anuario de la Competencia 2016, es importante lo que señala María Jesús Martín Martínez en el trabajo "El contexto regulatorio en el control de concentraciones. Casos recientes en los mercados minoristas energéticos de España". En el futuro, cuando se plantee por dónde debe caminar la acción del sector energético, se ha de tener presente lo señalado por María Jesús Martín Martínez, que el fin de que "las concentraciones empresariales no obstaculicen la competencia en todo o en parte del mercado nacional". Para que comprendamos la importancia de estas situaciones, basta citar las consecuencias derivadas del control exclusivo de Repsol sobre Societat Catalana de Petrolis, lo que plantea de inmediato la cuestión de qué amplitud se debe mantener para el mercado que se vigila por la CNMC: ¿el de una autonomía, sin posibilidad de convertirse en nacional, también debe ser causa de castigo?

Un grupo de altos funcionarios de la CNMC, Javier García Verdugo, Carlos Merino Troncoso y Lorena Gómez Cruz, aportan una interesantísima exposición sobre cómo estimar el beneficio ilícito de un cártel, basándose en el modelo de Bucciressi. El desarrollo cuantitativo respecto a la estimación de la multa disuasoria óptima, así como esas estadísticas de sanciones impuestas en España, resulta de un interés extraordinario. Basta citar una cifra: el beneficio ilícito de las empresas infractoras, en el promedio, es el 13% del volumen de negocio del mercado afectado.

Volvamos a Marín Quemada, quien vincula todas estas acciones con la necesidad de crear "la confianza necesaria para consolidar la recuperación en el ámbito económico (pues, añado yo, estas realidades monopolísticas frenan de modo considerable, tanto el crecimiento, como una adecuada distribución de la renta) y para superar la inquietud social"; pues estas realidades, que parecían ligadas para siempre a la estructura de un amplio conjunto de sectores de la actividad productiva de bienes y servicios de España, "han provocado un enorme coste y un profundo malestar en nuestra sociedad". Y eso exige profundizar en estas cuestiones a través de instituciones radicalmente independientes "respecto de los grupos de interés que emplean abundantes recursos para que sus propuestas estén presentes en los medios de comunicación y en la agenda de los gobiernos".

Al fin, se han dado ya algunos pasos importantes de los solicitados por los economistas de la Escuela de Madrid, que comenzaron a plantearlos hace ya más de setenta años. Una vez más, las ideas de los economistas han logrado cambiar la realidad. Téngase en cuenta. Ha triunfado esa Escuela.