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¿Dónde están realmente nuestros riesgos?

  • Se desaprovecha la bonaza económica para realizar reformas estructurales
<i>Foto: Archivo</i>

Fernando Méndez Ibisate

Con la formalidad que acostumbra, el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, inauguró 2018 señalando el procés catalán como la única incertidumbre de la economía española para mantener niveles de crecimiento y creación de empleo aceptables. Mi consideración, además de que hay más, es que los problemas los tenemos dentro; generalizados; incrustados en una idea o concepción ideológica del funcionamiento y las leyes -sí, leyes- económicas; en una pésima y equivocada formación económica cotidiana (incluyo la financiera) y en una consideración de las instituciones económicas completamente distorsionada o desvirtuada.

Vaya por delante que el procés es, a corto plazo y de momento, el principal problema que enfrenta nuestra economía y nuestra democracia. Aunque no sea el único, no es asunto baladí pues bajo el ropaje del término se manifiesta todo un golpe de Estado con sustento o apoyo fundamental en una trama civil, ciudadana o "movimiento popular", aunque también cuenta con un ejército propio formado por las fuerzas (armadas) del orden y seguridad cooptadas (no todos) por las organizaciones políticas independentistas y los movimientos de toda índole afines al independentismo.

Y no es por sus ideas, ni por sus posiciones políticas o sus objetivos declarados, ni por el empeño en sus aspiraciones o por su defensa del derecho a separarse (decidir, deciden a diario y a cada minuto) por lo que son golpistas o pueden haber delinquido: es por la forma, incumpliendo o desvirtuando las leyes en vigor, en que han defendido y defienden tales ideas o posiciones y por cómo han tratado de ejecutarlas, fuera del marco legal y constitucional. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros, con cada ciudadano de cualquier país: si nos saltamos la ley y nos pillan haciéndolo, nos castigan. Mas no es este el problema de raíz, ni el único.

Sabemos que en 2018 y 2019 se endurecerán más las facilidades de financiación, crédito o endeudamiento en todo el mundo (el BCE no podrá aislarse de tal movimiento y, de hecho, no lo hace), continuando con la subida de tipos de interés. Es posible, además, que si persiste el alza de materias primas, sobre todo hidrocarburos, los índices de precios empiecen a mostrar tendencias opuestas a las previsiones bajistas o muy moderadas existentes ahora. Por no hablar de otras incertidumbres en el terreno internacional, de las que destacan el sempiterno riesgo de proteccionismo o el resultado final del Brexit.

Además hay incertidumbres y problemas derivados de la inacción de reformas y medidas tendentes a reducir la presencia de la Administración, del poder político, en nuestros asuntos cotidianos: no se ha afrontado el gran problema derivado del sistema de pensiones, tanto de su estructura como de su fórmula financiera; nada se ha hecho para resolver los problemas, especialmente estructurales, de gasto, déficit y endeudamiento públicos, y en época de bonanza, también recaudatoria, mezclada con debilidad política, es de temer una mayor alegría de y para los políticos, que manejarán más de nuestras rentas, ganancias o ingresos; eso sí, siempre en favor de los desfavorecidos, con los que procurarán que nos identifiquemos. Por no hablar del intervencionismo en telecomunicaciones, energía, agua, distribución comercial, etc. Pero digo que el mal está dentro porque, después de todo, las acciones y decisiones de los políticos reflejan, con distorsiones ideológicas importantes, lo que consideran que la sociedad demanda y, temo que no siempre van mal encaminados.

Hace no mucho charlaba con unos colegas sobre el comportamiento, durante los años de crisis (2008-2014), de los gobiernos españoles (PSOE y PP) y de las comunidades autónomas en la parte que les corresponde, respecto de las cuantías, niveles y proyectos de nuestra inversión en I+D+i, que han sufrido un fuerte descenso.

Dejando a un lado que no siempre ni necesariamente un mayor gasto, total o relativo, en tal partida supone mejoras de eficiencia o productividad, sobre todo cuando las pérdidas o costes burocráticos, de información, transacción, mera organización, de cooptación u otros son muy elevados, y que una reforma o reorganización de esos elementos permite producir resultados mejores incluso con menos fondos, mi cuestión a mis interlocutores, que lamentaban nuestra diferencia con Alemania, que ha aumentado dichos fondos durante la crisis (lo mismo puede valer para la inversión en infraestructuras), es qué habría pasado realmente si cualquier gobernante, ante la reducción de recursos (ingresos) y el incremento automático de gastos asistenciales o sociales que se produjo, hubiese decidido, por un momento, aumentar los gastos en ciencia y educación reduciendo las prestaciones sociales (por ejemplo por desempleo).

Se ha repetido hasta la saciedad la falacia de que hemos transitado por unos recortes, reducciones o ajustes caninos de gastos públicos, que no se reflejan en las estadísticas. La composición del gasto, debido al aumento de algunas partidas (también intereses de la deuda) tuvo que ajustarse reduciendo infraestructuras, I+D+i y ciertas partidas asistenciales (en absoluto el conjunto de las mismas). Lo que sirvió para instalar en nuestro acervo comunicativo la falacia reiterada. Nuestro problema es cultural.