'Procés', zombi; Rajoy, 'President'

El President de la Taula (mesa) del Parlament, Sr. Torrent, ha llegado donde podía llegar sin desobedecer. No contradice, de momento, al Tribunal Constitucional (TC) pero no resuelve la espinosa cuestión de la investidura. No es su función la de proponer candidato. Es la obligación de los grupos parlamentarios. Para ello se necesitan dos condiciones: a) que el candidato reúna los requisitos legales para ser investido; y b) que tenga los apoyos parlamentarios suficientes para hacer probable su elección. Puigdemont no reúne la primera de ellas. Los grupos proponentes no han hecho el trabajo bien. La Taula del Parlament no puede sustituirlos. Lo que puede hacer es comprobar si el candidato por ellos apoyado reúne los requisitos. Como ha deliberado y concluido que no los tiene, la Taula ha demorado el pleno de investidura. Correcta la decisión, como correcta fue la del TC. Entre abogados anda el juego.

Desde el punto de vista jurídico no hay nada que reprochar. Desde la política la consecuencia de la falta de una nueva propuesta de los grupos parlamentarios es mantener la candidatura de Puigdemont. Mantienen el pulso al Estado de Derecho. Para desbloquear la situación JxC y ERC deberían darle a Torrent la oportunidad de abrir nuevas consultas proponiéndole otro candidato. No abrir ese nuevo paso parlamentario es mantener a Cataluña bajo el artículo 155, con las Consejerías dependiendo de los ministros correspondientes. De hecho, no es verdad que la Generalitat catalana no tenga President. Sí lo tiene; ahora es Rajoy. Es decir, que la alternativa no es dejar a Cataluña sin president, es mantener a Rajoy en esa función. Ellos sabrán.

Mientras, el tiempo corre. Salvo que reculen los grupos de JxC y ERC, y propongan a otro candidato ¿Se tendrían que convocar nuevas elecciones? Los letrados del Parlament están elaborando un dictamen al respecto. Sobre este tema hay un aspecto jurídico que habrá que estudiar, hoy acaba el plazo para investir president. Pero, no es seguro que corra el plazo para tener que disolver el Parlament si no hay votación de investidura. Tendrá que aclararse esta situación jurídica. También hay un aspecto político. No se puede estar eternamente sin president investido. Tampoco parece que unas nuevas elecciones modifiquen tanto el panorama ni le interesa convocarlas a los grupos independentistas, porque, elección tras elección, desde 2015 van perdiendo peso en el Parlament. Menos aún le interesa al Gobierno de España seguir así. Recuperar la normalidad institucional cuanto antes sería lo deseable. Las espadas están en alto y, de momento nadie quiere envainar la suya. Sin embargo, el tiempo corre y corre deprisa.

Todo el mundo sabe que ERC está incómoda con la situación. Estaría encantada con votar a otro candidato. Si es de su formación mejor. Pero como ha declarado algún político, lo querría hacer cargando la culpa a otro; a ser posible al Estado. Junqueras estaría dispuesto a "sacrificarse" saliendo de la cárcel para resolver el problema y, de paso, "sacrificar" a Puigdemont, como ha dicho el diputado Tardá. Para ello hasta buscaría, si hiciese falta, los votos de En Comu-Podem y el PSC. Junqueras espera que se lo ofrezcan en bandeja, como solución in extremis, antes de una nueva disolución y convocatoria anticipada de elecciones autonómicas.

Mientras tanto el procés sigue su cansina y tortuosa peregrinación hacia no se sabe dónde y los españoles, catalanes incluidos, se aburren soberanamente y se preguntan: ¿es que no hay un ápice de sentido común en ninguna parte?

También hay otra eventualidad que no tienen en cuenta los independentistas: que el juez Llarena acabe la instrucción, convoque juicio oral y haya sentencia. Sentencia, incluso con incomparecencia de alguno de los encausados. Sentencia que, como mínimo, supondría la inhabilitación de los encausados para ejercer cargo público y cárcel para los fugados por los delitos añadidos de no someterse a la Justicia. Dice el aforismo que "justicia tardía no es justicia". Señores de la Audiencia Nacional: no alarguen innecesariamente la tortura mediática y política a la que los independentistas catalanes nos tienen sometidos a todos los ciudadanos. La agonía de su proyecto, esta muerte lenta del procés, es desesperante para el espectador y peligrosa para la economía y la convivencia. Sabemos que la Justicia tiene sus tiempos, pero los otros aspectos de la vida también. No estaría de más que en este caso, como en muchos otros, se acompasase el paso de los jueces al de los intereses de los ciudadanos normales.

El procés está muerto. Pero de momento es un zombi; un muerto viviente, cuanto más dure peor aspecto tendrá y peor olerá. Lo cual no es agradable para nadie. Ni para el presidente/president Rajoy.