Recuperar la ley

Para resolver algunos problemas, a veces hay que echar la vista atrás y preguntarse cuándo comenzaron a gestarse. Hoy, el gran problema en España, que es el drama que se vive en Cataluña, es que los poderes públicos han decidido no cumplir la ley.

Si volvemos al pasado, comprobamos que no es un fenómeno nuevo. Hace mucho tiempo que decidieron saltársela. Fueron tanteando hasta llegar hasta la situación que se vive en la actualidad. Y no sólo no les han castigado por ello, sino que han recibido incentivos para mantener su cuestionable conducta. Impusieron la inmersión lingüística hasta el punto de negar cualquier derecho a los castellanohablantes. Las sentencias que condenaban su conducta se quedaron en simple papel mojado. Los nacionalistas no movieron un dedo para cumplirlas. Pero lo peor es que el poder ejecutivo no hizo nada para garantizar el imperio de la ley.

La persistencia de unos y la pasividad de los otros condenó a la irrelevancia a la Alta Inspección del Estado. Fue una de las primeras instituciones arrumbadas en el tortuoso camino del diálogo y la conveniencia política. Después llegó el célebre estatuto, auspiciado por un presidente temerario que les prometió que aceptaría cualquier cosa a cambio de apoyos. Y lo que salió del parlamento autonómico pretendía superponerse a la ley de leyes, reformar en falsete la Constitución, definiendo a Cataluña como nación y por tanto imponiendo un nuevo modelo de organización del Estado español. ¡Con sólo un puñado de votos de unos cuantos diputados de una sola región!

A pesar de todo, el Congreso de los diputados dio luz verde a estas iniciativas. Lo recortó el Tribunal Constitucional, pero volvieron a intentarlo con la consulta ilegal del 9-N. Si el precio era una breve inhabilitación, sólo cabía lanzar el órdago, que es lo que los separatistas hicieron y siguen haciendo.

Y ahora un país entero y su Gobierno están pendientes de un tipo que ha decidido reírse de todos y que responde al nombre de Carles Puigdemont. Retorciendo la ley, ignorando al Consejo de Estado. Deben estar buscándole en los bajos de coches o camiones los mismos agentes que tendrían que estar en misiones de vigilancia antiterrorista.

Es urgente impedir una nueva burla a las normas vigentes, pero lo verdaderamente importante es recuperar el imperio de la ley, quebrado desde hace demasiados años. Y nadie parece interesado en mover un dedo en esa dirección. Al contrario. Parece que los nacionalistas han sentado cátedra.