Destruir es más fácil que evitar la destrucción

El presidente del Gobierno parecía a mediados de semana tener claros los pasos para actuar ante el nuevo desafío que los independentistas han diseñado contra el Estado. Mariano Rajoy dijo el miércoles que no se podía actuar hasta que hubiera un hecho jurídico recurrible. La sorpresa fue importante para todos cuando la vicepresidenta Sáenz de Santamaría compareció ante los medios el jueves anunciando lo contrario.

Se pasaba de la prudencia no forzando un recurso previo, a la aventura de iniciar un proceso de nuevo inédito en nuestra democracia, el de evitar que un ciudadano reclamado por la justicia y huido en un país extranjero pueda presentarse de la forma que sea a una sesión de investidura para un cargo institucional.

Es un claro cambio de posición cuya causa antes o después comprenderemos. El gobierno ha dicho este viernes que el motivo fue el viaje del presidente del Parlament a Bruselas para reunirse con el candidato. Pero no es descartable que existan más razones. Algo ha podido ocurrir en La Moncloa, alguna información que a los demás se nos escapa sobre la peripecia internacional de Carles Puigdemont. Si no se dan los pasos que ahora resultan tan equivocados, los mismos críticos que hoy elevan su voz descalificarían en sólo una semana la inacción que permitiría una cómoda investidura sin oposición.

Y el Rey debería entonces sancionar con un decreto el nombramiento de alguien fugado que elude la acción de los tribunales. Un sonrojo para el prestigio de cualquier país.

El Gobierno quiere evitar que se produzca la investidura de Puigdemont y se la juega con el riesgo de que el camino jurídico esté plagado de obstáculos. Ya ha comprobado cómo el Consejo de Estado le quita la razón en relación al carácter previo del recurso, presentado antes de que ocurra el hecho recurrible.

La posición de Puigdemont y Torrent es muy agradecida. Destruir es fácil. Socavar el prestigio de un Estado parece gratuito. Desde la barrera de Bruselas es muy cómodo poner en jaque a un país que tiene dificultades para afrontar una situación que nunca se ha producido. Lo difícil es evitar esas burlas utilizando mecanismos inexplorados en un contexto de leyes ultra garantistas.

Cuando no se hizo apenas nada para frenar la oleada separatista durante años, la crítica fue demoledora. Cuando se hizo algo determinante como aplicar la Constitución una vez consumado el desafío, se había llegado demasiado lejos. Se pasa con enorme alegría del haga usted algo inmediato que España se hunde al para qué hace usted algo dudosamente efectivo. El que afrontamos es el contencioso entre el gobierno de un país democrático y un fugado de la justicia.