Sobre el cupo vasco: conviene repasar la historia

A partir de una expresión famosa de Keynes y un complemento de Perpiñá Grau, sabemos cómo se altera la realidad económica. En primer lugar tenemos una situación previa desde el punto de vista material. A continuación surgen ideas sobre cómo mejorarla, que pueden ser buenas o malas, esto es, si acabarán generando una nueva realidad, ya para el bien o para el mal, beneficiando o perjudicando la realidad económica previa. A este conjunto de medidas, derivadas de las ideas previas, es a lo que se llama política económica.

La realidad actual es, pues, fruto de un proceso que viene de atrás, y el análisis histórico de ese proceso explica si con facilidad, o no, puede ser posible alterar a fondo lo que es fruto de un proceso que mil veces se remonta en la lejanía temporal. Cuando se dispone de una fuente intelectual sobre ese proceso, el difundirla en una realidad política democrática, es conveniente en alto grado, porque así se pueden esquivar los costes que puedan surgir en los intentos de mejora.

En estos momentos se ha planteado, en relación con nuestro sistema fiscal, un debate importante en torno al llamado "cupo vasco", con derivaciones relacionadas con problemas fiscales de la actual realidad autonómica y, simultáneamente, dado que el Gobierno no tiene la adecuada mayoría parlamentaria detrás, surgen críticas a posibles pactos políticos entre el PP y el PNV.

Afortunadamente, acaba de aparecer un libro que viene en ayuda de la comprensión del problema. Es el de Jaime Ignacio del Burgo, Navarra en la Historia. Realidad histórica frente a mitos aberzales (Almazara, Córdoba, 2017) que constituye para ello una base adecuada, añadiría que perfecta, para comprender esa realidad defendida por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular. En lo que sigue, para ayudar la evolución de las ideas, las del PNV tienen sus raíces originales en el carlismo, y las del Partido Popular, en los moderados de Isabel II y en el partido conservador de Cánovas del Castillo.

Leamos lo que se señala en el capítulo 27, La abolición de los fueros vascos (1876-1877). Los conciertos económicos (1878); los entrecomillados son del libro de Jaime Ignacio del Burgo: La última guerra carlista, la III, se había desarrollado desde 1872, nada más iniciarse aquella caótica I República. El pretendiente Carlos VII se vio a un paso del trono, pero Cánovas fue quien sentó en él a Alfonso XII, quien liquidaría la opción carlista.

El levantamiento del famoso cerco de Bilbao fue la señal de quién pasaba a ser el vencedor. Desapareció con esa nueva situación el cambio en las provincias vascas de la condición de ser "provincias exentas" respecto a obligaciones con la comunidad total española. La exención era, por un lado, de la obligación de prestar el servicio militar, y de la "obligación de contribuir a las cargas generales de la nación"; y eso a pesar, como dice Jaime Ignacio del Burgo, de beneficiarse de servicios públicos financiados por el resto de sus compatriotas. Estas exenciones se suprimieron por la Ley de 21 de julio de 1876. El ministro de Hacienda que preparó esa liquidación de la exención tributaria fue Pedro Salaverría, en el momento final de su carrera política, que había iniciado en ese Ministerio, en 1856, con O'Donell.

Esta liquidación de exenciones coincide con el final de la citada III Guerra Carlista. Las Juntas Generales Vascas, como señala Jaime Ignacio del Burgo, aunque Cánovas intentó llegar a algún acuerdo, se negaron a colaborar, y la reacción fue dura: "El Gobierno las suprimió de un plumazo en 1877" y con la aparición de "sendas Diputaciones Provinciales… se puso punto final a los regímenes forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya".

Pero como comprendía que el Estado no estaba en condiciones de recaudar en el País Vasco los impuestos estatales, pues "carecía de medios materiales y humanos", aparte de que como el sistema fiscal general de Mon-Santillán se basaba en impuestos reales, pues "no disponía de datos sobre la riqueza de las provincias vascas y, además, los recaudadores serían recibidos con hostilidad", y eso se relacionaba con el enlace de muchos de esos habitantes con un reciente carlismo. Por todo eso, se encontraba sin posibilidades de recaudación, y "Cánovas del Castillo decidió entonces que la Hacienda tendría un único contribuyente en cada provincia, que sería la Diputación Provincial". Por tanto, así es como comenzó el sistema de los Conciertos Económicos del País Vasco.

Y así es como surgen las instituciones del cupo. En 1887, en un Gobierno liberal Sagasta, en la Regencia de María Cristina, el ministro de Hacienda López Puigcerver a la vista de los buenos resultados llamó a las Diputaciones Vascas con las que acordó los cupos a satisfacer en cada presupuesto para un nuevo periodo. En él ya se refiere al «Concierto Económico» como sinónimo del acuerdo, y además se "decidió que las Diputaciones Vascas siguieran costeando los servicios de los que eran responsables durante el régimen foral (desaparecido)… Hubo nuevas promesas del régimen concertado". Las fechas son 1887, 1893, 1894, 1900, 1906, 1913, 1920 y 1026. Franco suprimió en 1937, por la colaboración del PNV con el bando republicano, los conciertos económicos de Guipúzcoa y Vizcaya, y mantuvo el de Álava, - añadamos los cambios de 1952 y de la Transición en 1976-.

Una vez aparecida la Comunidad Autónoma Vasca, tras el Estatuto aprobado por la Ley de 13 de marzo de 1987 y tras el final de la vigencia del anterior, con la Ley de 23 de mayo de 2007, del Gobierno de Aznar, se "aprobó un nuevo Concierto Económico en cuya virtud las Diputaciones lograron alcanzar un régimen de autonomía fiscal similar, aunque no del todo, al de Navarra". Y todo esto está ligado al pensamiento básico, con raíces carlistas, del nacionalismo vasco.

Todo esto se conjuntó en las provincias vascas, en primer lugar con la Revolución Industrial y la posibilidad de vender el mineral de hierro al entonces impresionante despliegue, relacionado con la siderurgia, que tenía lugar en Inglaterra. Basta recordar el artículo de M.W. Flin, Acero británico y mineral español (1871-1914), que yo traduje para la Revista de Economía Política, mayo-agosto 1957. A ello se agrega un proteccionismo aduanero muy fuerte, así como ayudas por parte de la Hacienda como la originada frente a los planes de Alba al final de la I Guerra Mundial y su búsqueda de equilibrio presupuestario, por la conjunción de los políticos Cambó, Melquiades Álvarez, Maura y Sota, a más del Marqués de Comillas. Antes de un mes, Alba saltó entonces del Ministerio de Hacienda. Recuérdese que Sota, a más de importante empresario, era persona clave del PNV. Esta región se convirtió en una de las bases del sistema bancario español, y en el aspecto energético, en clave para el mundo español de la electricidad.

Un cambio radical en el aspecto fiscal tendría, forzosamente, un impacto negativo para esa situación tan favorable que las tres provincias vascas tienen en la distribución regional de la renta en España. Este conjunto industrial y financiero, por ejemplo en el libro de Tamames y Rueda Estructura económica de España, es lo que explica una situación hacia esa región, no sólo del ahorro generado en ella, sino del procedente del resto del país, "por el atractivo de las inversiones, que fueron factibles, en buena medida, por la inmigración e incluso por la absorción de recursos del capital de otras regiones a través del sistema bancario".

El País Vasco, con todo eso, constituye uno de los vértices del que podríamos denominar, triángulo básico de la economía española. Los otros vértices son los de Madrid y Cataluña. Una caída de cualquiera de estos, supondría una realidad negativa para el resto de la economía española. El desastre originado por la radicalización de Cataluña, al destrozar notablemente a la economía de esa región, daña por fuerza al resto de la economía española. Si al alterar radicalmente el mundo fiscal vasco, alterando lo que se ha llamado "ventaja intolerable del cupo" porque era uno de sus pilares, el perjuicio económico global se resentiría de modo obligado.

Con las realidades históricas hay que cuidar, y mucho, en el terreno de la economía. Sólo se pueden dejar a un lado ante el riesgo de que originen un daño profundo a la pervivencia del conjunto nacional. Pero en otro caso, no es un daño profundo el que causan, sino un coste obligado, y en el caso fiscal vasco, estamos conviviendo con él muchísimo tiempo, y la vida conjunta de quienes tienen un destino común, como sucede con los vascos y con el resto de los españoles, minimiza, desde luego en este caso, el coste. Por todo eso, Ciudadanos es un partido político que debería, entre otras cosas, meditar seriamente acerca de sus tesis sobre el cupo vasco.