La respuesta a la DUI debe aunar firmeza y pericia

La apuesta de la Generalitat por hacer de la calle su arma para doblegar al Estado eleva el conflicto catalán a una magnitud desconocida. Los hechos de las últimas semanas constatan que hay miles -o, incluso, decenas de miles- de independentistas que, en cuestión de minutos, están dispuestos a acudir raudos al llamamiento de ANC y Òmnium y, si es necesario, enfrentarse a la acción de la Policía o la Guardia Civil.

La obediencia a las leyes o a las órdenes que imparte una autoridad administrativa o judicial, está garantizada, en última instancia, por la coerción del Estado. Una coacción que, en los casos más graves, puede llegar a ser física.

En las últimas semanas, el único éxito que se ha apuntado el independentismo es el de la explotación propagandística de las imágenes de violencia el 1-O. Jornada en la que llamó la atención la torpeza con la que respondió el Estado, dada la indisimulada estrategia de los dirigentes separatistas en provocarlas, llamando a "resistir" en los colegios.

No es descartable pensar que un alto porcentaje de los titubeos de Rajoy y Sánchez en relación con el 155 tengan que ver con el temor a repetir un escenario de enfrentamiento. Y es que la intervención de la autonomía o cualquier otra reacción que se plantee para responder ante una eventual DUI puede encontrarse, de nuevo, con la resistencia en la calle de un elevadísimo número de ciudadanos.

No es sencillo, pero el Estado tiene que combinar firmeza y pericia en la gestión de los escenarios que se aproximan.

Firmeza porque el cumplimiento de la ley y de las resoluciones judiciales no puede ser negociable. Aquéllos que proponen soluciones que pasan por negociar la legalidad deben darse cuenta de que están atentando contra la esencia misma del Estado. España es una democracia a la altura de cualquier otro país europeo. Las normas que nos hemos dado entre todos, nos vinculan a todos, también a los poderes públicos, como muy democráticamente elegidos que estén.

Y pericia porque no sólo se trata de ganar la batalla institucional y de la legalidad, también la del relato. La imagen de un Estado superado, golpeando a ciudadanos desarmados, que se ofreció el 1-O es inaceptable. Además, es muy perjudicial en la batalla política contra el separatismo. Faltó previsión y sobraron excesos.

¿Cómo se concretan ambas virtudes? En el plano teórico, asumiendo que el Estado está legitimado para el uso de la coerción siempre que ésta sea proporcionada al fin de garantizar la legalidad y el orden. En la práctica, ni idea.