La ley de ruptura catalana: un engendro jurídico que no se sostiene sin la ayuda del Estado

Tras la presentación de la Ley de Transitoriedad para la Independencia de Cataluña, el mundo puede respirar tranquilo. Jurídicamente es una chapuza colosal que articula principios viciados que pretenden convertirse en Derecho, pero que son una quimera de imposible desarrollo. Consulte aquí el texto de la ley completa (.pdf)

La norma se considera a sí misma ley constitucional. Establece un sujeto de soberanía nacional y constituye a Cataluña en un Estado de Derecho, pero es un salto al vacío, puesto que en España existe un sistema de fuentes del derecho que garantiza la seguridad jurídica por encima de opciones políticas y localismos, bajo el paraguas de la legalidad constitucional. Por ello, una comunidad autónoma carece de competencias y de capacidad para suspender la aplicación de la Carta Magna. Por mucho que Puigdemont, Junqueras y los corifeos de la CUP se lo propongan, no dejará de estar vigente la legalidad española.

El Tribunal Constitucional suspenderá esta ley en cuanto se publique en el Diario Oficial de la Generalitat. Además, el Gobierno y el resto de instituciones del Estado no se quedarán de brazos cruzados y las fuerzas de orden público tendrán que actuar.

Aunque jurídicamente pueda parecer que este proceso tiene líneas similares al emprendido en Venezuela por Maduro, al realizarse contra la voluntad de la mitad de la ciudadanía y sin apoyo internacional, no se puede olvidar que Maduro dispone del poder coercitivo del Estado para hacer cumplir su legalidad.

Llama la atención el asunto de la compatibilidad automática de la nacionalidad catalana con la española. Callan que ésta es solo compatible con las de los países previstos en el artículo 11.3 de la Constitución Española y, circunscrito a los que hayan firmado un acuerdo de doble nacionalidad.

Y la cláusula de sucesión de Administraciones choca con un grave problema presupuestario. Haría falta mucho dinero pagar las nóminas de todos los funcionarios, aunque se excluyesen las fuerzas de orden público y el ejército. ¿O es que no han entendido la necesidad que un Estado tiene frente a la presión del terrorismo internacional? El día 2 no habrá República.