Lecciones de los casos Bankia y Uber

El juez del caso Bankia, Fernando Andreu, cerró esta semana las pesquisas sobre la salida a bolsa de Bankia, después de cinco años de instrucción, con una sorprendente conclusión: los organismos como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), así como Deloitte, la auditora de la entidad en ese momento, no son responsables de los delitos de falseamiento de las cuentas o estafa de los que acusa a sus antiguos gestores.

El magistrado distingue así entre los miembros de su órgano de gobierno y las instituciones encargados de tutelar o supervisar sus cuentas. El veredicto contradice al de la Sala de lo Penal, que veía ?indicios múltiples, concurrentes de criminalidad? en las actuaciones tanto de la antigua cúpula del banco emisor como del regulador de los mercados y en la auditora.

La decisión del magistrado, aunque controvertida, parece razonable, ya que lo contrario pondría en la picota a los responsables de las instituciones y dificultaría su funcionamiento en el futuro. ¿Quién iba a querer hacerse cargo de gobernar el Banco de España o la CNMV, si puede acabar en la cárcel por cualquier decisión errónea cometida por las empresas bajo su supervisión?

Otro asunto es la culpabilidad política. Es obvio que la hubo y muy grave, porque como denunciamos de forma reiterada desde elEconomista, el exgobernador, Miguel Ángel Fernández Ordoñez (Mafo), y el ex presidente de la CNMV, Julio Segura, obedecieron instrucciones políticas por parte de la vicepresidenta del Gobierno de Zapatero, Elena Salgado.

Sorprende también que el magistrado aplique la misma regla a la empresa auditora, que queda liberada de la acusación penal, y la circunscriba al socio encargado de realizar la auditoría, Francisco Celma. El presidente de Deloitte, Fernando Ruiz, sale así victorioso de un asunto que redujo su cartera de clientes en el último ejercicio.

El varapalo importante es para los miembros del consejo de administración, que son imputados y deberán enfrentarse a delitos de hasta siete años de prisión, en aplicación del artículo 290 del Código Penal. Una aviso a navegantes, que provoca que la pertenencia al órgano de administración pierda atractivo, sobre todo en pequeñas empresas o en sociedades públicas, donde la retribución modesta o inexistente percibida por sus miembros, no compensa los riesgos contraídos.

Otra de las decisiones judiciales controvertidas esta semana es la del abogado general del Tribunal de la UE, Maciej Szpunar, quien considera a Uber como una empresa de transporte y la obliga a adquirir una licencia como las demás para operar. El veredicto, aunque no es vinculante para los tribunales europeos, considera a Uber como un operador relevante, que influye en la política de precios y en las condiciones de sus conductores y, por tanto, debe de someterse a las mismas reglas que el resto del sector.

Poco a poco se irá imponiendo la sensatez en el mundo de las tecnológicas, que disfrutan de ventajas competitivas y fiscales inauditas frente a los demás. Una actuación parecida, que está pendiente de regulación por los tribunales de la Competencia nacionales y comunitarios, son las de Facebook y Google. Dos monopolios de facto que han logrado capturar alrededor del 80 por ciento de la tarta de la publicidad online y disfrutan de total impunidad. El ejercicio de este abuso de posición es una amenaza para el libre ejercicio de la libertad de información, ya que reduce la viabilidad y, por ende, la pluralidad de los medios de comunicación.

Creo que la bienvenida y el apoyo que hemos brindado a las tecnológicas en todos los ámbitos de nuestras vidas es muy positivo, pero deben de someterse a las mismas reglas de mercado que el resto de operadores tradicionales si no se quieren poner en juego millones de empleos y acabar cercenando derechos fundamentales.

La reciente victoria de Enmanuel Macron en Francia, con sus ideas proclives a la globalización, pero dentro del respeto de unas normas, es otro ejemplo de cómo los ciudadanos comienzan a marcar el camino y a reprochar el liberalismo salvaje.

PD.-El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, consiguió, por fin, la reforma de la estiba a cambio de importantes cesiones al colectivo. Chocan la prohibición de uso de ETT para pequeños trabajos, que la formación se siga impartiendo en los puertos y no en las aulas o que el potente sector del automóvil quede reservado a los estibadores. Creo que el texto del nuevo decreto es mucho peor que el anterior. En Ciudadanos deberían preguntase si su oposición al anterior decreto fue aprovechada por los estibadores para mejorar sus condiciones de privilegio. Sólo cabe esperar que la carrera tecnológica y la robotización a la que están obligados los puertos para competir acaben con estas cesiones en el futuro.