Los Presupuestos del Estado o el tractor del País Vasco que no tendrá Cataluña

El apuro del primer trámite parlamentario ha pasado con el aire cortado por el filo de una navaja. El triple empate a 175 escaños, según marca el reglamento del Congreso, ha permitido que las enmiendas salieran adelante y los Presupuestos fueran devueltos, lo que evita el suspense del botón electoral que Rajoy ya puede accionar desde las doce de la noche del pasado martes. Pero el éxito parcial e in extremis de esta votación ha estresado a muchos diputados, especialmente los que velan por el resultado de los recuentos en cuyas espaldas recaía la responsabilidad de que no faltara ni uno en los tres momentos clave del debate.

Cristóbal Montoro se esforzaba en repetir que la sesión parlamentaria que ha dado luz verde a la tramitación de los Presupuestos no ha sido un mercadeo de votos a cambio de suculentas asignaciones de dinero. El Gobierno tiene que adoptar esa posición por obligación, hacer suyo el mensaje de que cualquier dinero extra que se invierta en el País Vasco revierte en beneficio de toda España, aunque en Cádiz se lo piensen dos veces por aquello de la distancia algo más que geográfica. Pero sobre todos los análisis que se puedan hacer de este maná que le ha caído a Euskadi a cambio del voto a favor de sus cinco diputados, queda en el ambiente una lectura que implica a la otra Comunidad Autónoma tradicionalmente nacionalista, Cataluña.

La enseñanza que deberían extraer los dirigentes independentistas tiene que ver con el mundo agrícola. Si te ofrecen un tractor, no lo desaproveches. Hasta los pagesos lo saben bien. Eso ha pensado el pragmático PNV que, dejando de lado aparcada cualquier reivindicación identitaria o nacionalista, ha exprimido hasta el límite la capacidad de acuerdo del gobierno hasta ponerle unos suculentos ceros al balance final del concierto y el cupo. En Cataluña debieron aprovechar las muchas oportunidades que han tenido de conseguir mejoras en su financiación y sus servicios, pero han preferido la vía de la confrontación y la unilateralidad.

Cuando un partido que gobierna en una institución tan importante como la Generalitat se niega radicalmente a negociar nada que no sea con la aceptación de su trágala de un referéndum ilegal, cuando ni siquiera asiste a la cumbre de presidentes autonómicos donde se diseñan las líneas generales de la financiación de su administración y las demás homólogas, está incapacitado para protestar una vez que las mejoras llegan a otros territorios.

Las intervenciones del PDeCat en la tribuna han demostrado cómo han escocido los millones de euros que acabarán en la cornisa norte, un malestar que será mucho mayor aún en los ciudadanos que en su día depositarán su voto en unas elecciones autonómicas. En su respuesta airada, han pasado de negar la existencia de ninguna "operación diálogo" a declararla finiquitada por estos presupuestos que les ignoran.

Luego están las dudas internas en el seno del propio partido del gobierno. Sólo Alberto Núñez Feijóo ha dicho públicamente algo que puede entenderse como crítica, pero hay en los demás barones territoriales populares una sensación agridulce al comprobar el poder que tienen sólo cinco votos para una sola Comunidad. Sus dudas y quejas son comprensibles pero infundadas: el cupo vasco es una figura constitucional y legal, por mucho que con razón sea considerada como un privilegio que rompe la igualdad entre los españoles.