Corrupción a gran escala en el antiguo PP de Madrid

Cualquier ciudadano extranjero que pasara por España estos días y dejara caer su mirada por los medios de comunicación se preguntaría en qué clase de país habría ido a recalar. Un ex presidente regional, de la Comunidad Autónoma más importante para más escarnio, es conducido a prisión un viernes por la noche bajo la acusación de inflar precios de inversiones para obtener a cambio comisiones que engrosarían su patrimonio personal y las arcas de su partido político.

Apenas unas horas después, la máxima responsable de ese mismo gobierno durante 12 años presenta su dimisión reconociendo que sus máximos colaboradores la han engañado y traicionado durante años sin que ella se diera cuenta del supuesto desfalco que estaban llevando a término. Como para salir corriendo, pensaría nuestro sagaz visitante.

La tarea de todos es demostrarle a ese ciudadano que nos visita que este país no es un nido de corrupción plagado de estafadores, que la inmensa mayoría de los españoles realiza su actividad diaria respetando las normas, sacrificándose por cumplir con el infierno fiscal que nos asfixia en lugar de huir con nuestros bienes a ningún paraíso fiscal más atractivo y sugerente.

El Partido Popular de Madrid ha sido en los años de la dimitida Esperanza Aguirre un foco corrupto amparado en una confianza ciega de la líder hacia sus subordinados. Ellos mandaban, hacían y deshacían. Cualquiera que contradijera sus decisiones o las de sus delegados repartidos en toda la Comunidad, caía en desgracia. Allí han anidado personajes que supuestamente se han aprovechado del cargo que la jefa les otorgó, y un entramado de sociedades alrededor de ellos, satélites que explotan el entorno, que han explotado las ubres de la administración cometiendo el despreciable delito de corromper a los administradores. Ignacio González y Francisco Granados competían en todo, incluso en esto según los jueces que investigan sus actuaciones.

Han formado parte de una etapa que, con sus luces convertidas en grandes obras que quedan para las próximas generaciones, queda ensombrecida por las sombras del fraude y la apropiación indebida. Pocas veces España ha tenido en el mismo foco público tantos representantes del pelotazo ilegal. Pero, siendo muchos y muy hábiles, no representan al conjunto de los colectivos de los que lamentablemente formaron parte.

Se corrompen las personas, no los partidos políticos ni las instituciones públicas o privadas. OHL es una empresa digna de todo elogio, respetable en todos sus comportamientos salvo en los de aquellas personas que hayan sucumbido a las tentaciones de lograr negocio fácil en la perversión de las reglas del juego. Personas que, una vez separadas de su responsabilidad, no pueden contaminar la actividad de un colectivo honesto y cabal.

Tres grandes formaciones políticas han sufrido en sus filas casos graves de corrupción en los años de la Democracia: PSOE, PP y Convergencia. Los tres han visto crecer en su seno esa lacra en las etapas en que sus gobiernos ganaban elección tras elección. Es imposible encontrar casos numerosos de corrupción continuada en partidos que han tocado el poder en contadas ocasiones.

La costumbre política actual nos obliga a descontar la reacción que están teniendo el resto de fuerzas políticas sobre las detenciones e investigaciones en el PP madrileño. En lugar de trabajar en común para erradicar estas prácticas, se han lanzado al ataque con el fin de pescar en el río revuelto de la corrupción. Una de ellas, Ciudadanos, ha llegado a responsabilizar incluso a los votantes del PP por haber confiado en este partido su papeleta, con las consecuencias que ahora son visibles, y ha asegurado que sólo dejando de votarle la vida pública será limpia.