Proceso de Paz fundamental en Colombia

El pasado 1 de diciembre de 2016 el Congreso colombiano refrendó el acuerdo de paz con las FARC, el frente guerrillero más longevo de Latinoamérica, después de cuatro años de negociaciones formales, lo que pone fin a más de 50 años de conflicto en el país.

El primer paso de ese acuerdo era que en los 180 días siguientes al refrendo, la guerrilla se reunificara en un conjunto de campamentos para formalizar la entrega de armas a las Naciones Unidas. Hasta ahora, el compromiso por entregar el total de las armas antes del 1 de junio de 2017 sigue vigente, lo que supone un síntoma de optimismo y esperanza.

No es poco disfrutar de algunas señales positivas porque el proceso, a pesar de avanzar en la dirección correcta, está repleto de retos. Quizás el más importante sea el hecho de que desde 1990, según las bases de datos de las Naciones Unidas, se han firmado cerca de 700 procesos de paz en el mundo, de los cuales un 50% ha fracasado un año después del acuerdo.

Las razones de este decepcionante resultado son fundamentalmente tres. El argumento más importante es porque la violencia aumenta de manera significativa tras los acuerdos; la segunda se produce por el exceso de expectativas o la progresiva irrelevancia del proceso y, la tercera, porque tiende a crecer la ilegalidad y la informalidad con intereses económicos vinculados a la continuación del conflicto. También hay otros factores de riesgo como la existencia de vecinos hostiles, la presencia de otros grupos guerrilleros o la falta de convicción de los diferentes actores.

Para afrontar estos desafíos, el Gobierno colombiano, junto con el Alto Comisionado por la Paz y el Ejército están trabajando para mitigar el impacto de cualquier de estos argumentos. El más palpable es el empeño por reducir los niveles de violencia que si bien continúa siendo elevada comparada con los principales países de la región, este ratio se ha reducido en más de 25 puntos básicos desde inicios del año 2000.

Asimismo, para que este proceso sea relevante y se sienta en todos los niveles de la población colombiana, el Gobierno ha diseñado un programa que, más allá de la entrega de armas y el alto el fuego, aspira a tener un impacto social muy relevante a través de diferentes programas de integración y recuperación de las áreas desalojadas. De esta manera, además, se pretende mitigar el potencial impacto causado durante la precampaña electoral en los próximos trimestres. Finalmente, para reducir el riesgo de los intereses económicos que tienden a generarse alrededor de la ilegalidad, el Gobierno ha diseñado un paquete de incentivos que promueve de manera voluntaria la reducción del área de cultivo de coca en el país.

A diferencia de la mayor parte de acuerdos firmados en el mundo, este proceso de paz tiene un componente más ambicioso que va más allá de disfrutar de las ventajas de un desarme, cese de hostilidades o alto el fuego, lo que lo eleva de categoría y lo hace ejemplar. En concreto, este proceso está conformado por un componente de desarrollo social, atención a las víctimas y desplazados y sustitución de campos de coca por cultivos agrícolas. El objetivo final que el Gobierno se ha marcado en un horizonte temporal de 15 años es reducir la brecha social entre el campo y las ciudades en todos los ámbitos imaginables (educación, derechos de propiedad, bienestar y desarrollo, oportunidades, infraestructuras, etc).

Para ello, se han definido un conjunto de programas con los que se pretende transformar la fisonomía del país. En primer lugar, proporcionar un programa de seguridad jurídica de propiedad de la tierra, una propuesta legítima y aparentemente sencilla pero que en Colombia con el problema de los desplazados y más de cuatros millones de propiedades sin registrar puede prolongarse por más de seis años y con un coste estimado cercano a los 1,2 billones de dólares.

Al mismo tiempo, el Gobierno ha definido el programa Colombia Libre de Minas con el fin de limpiar antes del año 2022 cerca de un 50% del territorio colombiano, actualmente contaminado de minas antipersonales. Otro programa clave será el diseño de una cobertura social en forma de pensiones no contributivas para productores independientes con el propósito de promover el cultivo agrario. Un cuarto programa fundamental para mantener la relevancia del proceso y evitar que el esfuerzo se diluya será la construcción y mejoramiento de las vías rurales bajo el entendido de que en aquellos municipios desconectados la propensión al conflicto aumenta exponencialmente.

Asimismo, el Gobierno es prudente al señalar que estos y otros muchos objetivos no se pueden alcanzar sin el apoyo del sector privado. Para ello, se ha diseñado un plan de incentivos económicos para la promoción de la inversión privada en 350 municipios deprimidos pero con un elevado potencial de crecimiento como puede ser el puerto de Buenaventura o el de Tumaco.

Entre las propuestas definidas por el Gobierno destaca la reducción del impuesto de sociedades a empresas nacionales o internacionales que puede llegar a suponer un coste fiscal neutro durante los primeros cinco años tras la inversión. Pero más llamativa es la propuesta por la cual, cualquier empresa localizada en Colombia puede utilizar hasta el 50% del devengo derivado del impuesto de sociedades en obras sociales o en desarrollo de infraestructura en zonas que, social y económicamente, hayan sido más afectados que otros dentro del trance de la guerra y que requieren una intervención directa para poder restablecer su progreso.

En definitiva, tras el proceso de Paz aprobado por el Congreso, Colombia afronta una etapa crucial en su deseo de generar un bienestar social y económico a una población que ha estado sometida por más de 50 años a la violencia generada por los grupos guerrilleros y paramilitares. Los retos no son pocos ni singulares, pero los partidos políticos deberían dejar a un lado sus propios intereses para apoyar un plan que trasciende a la simple entrega de armas.

Un proceso que se ha estructurado con la ambición de tener un impacto social para que el beneficio que se logre llegue hasta las regiones más afectadas por el conflicto. Apoyar dentro y fuera del país el Proceso de Paz va mucho más allá de erradicar la violencia y generar un entorno de seguridad física, lo que supone un marco inmejorable para que Colombia pueda, por fin, despegar y ganarse una posición privilegiada entre las economías emergentes más atractivas del mundo.