El PP tampoco cumple el acuerdo de investidura firmado con Ciudadanos

El reciente pacto, "al viejo estilo bipartidista", entre el Partido Popular y el PSOE al objeto de renovar cuatro magistrados en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), muestra claramente que el PP no desea cumplir el acuerdo de investidura que suscribió con Ciudadanos. Mediante el cual, se comprometió a despolitizar la justicia.

Dos magistrados han sido propuestos por el PP y otros dos por el PSOE. En otras palabras, el PP y el PSOE se han vuelto a repartir "cuatro sillas curul" en el CGPJ, que es el órgano de gobierno de los jueces, según establece el Art. 122 de la Constitución.

Este nuevo ataque a nuestro Estado de Derecho por parte del PP y el PSOE es otra prueba más, que certifica el escaso interés que tienen estos dos partidos en resucitar a Montesquieu.

Recordemos que a finales del año 2013, el PP y el PSOE, de mutuo acuerdo y con la complicidad de CiU, PNV e IU (solo se negó a consumar esta farsa judicial UPyD), designaron a los 20 vocales del CGPJ. (Este órgano renueva a sus miembros cada cinco años).

Incluso, el Presidente del CGPJ (que también es presidente del Tribunal Supremo) se designó en aquella ocasión de forma consensuada entre el PP y el PSOE.

Secuestro de la Justicia española

Pero el secuestro de la justicia española comenzó a planificarse mucho antes. Concretamente, hace 32 años y a través de la 'Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Consejo del Poder Judicial'.

Puesto que, mediante esta antidemocrática ley orgánica, impulsada por el Gobierno del PSOE de Felipe González (y de la que se aprovecharon todos los gobiernos posteriores), las Cortes tienen la facultad de designar a los 20 vocales del CGPJ.

No obstante, antes de la citada ley orgánica socialista, estuvo vigente la 'Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del CGPJ', que establecía la elección por parte de los propios jueces de 12 de los 20 miembros del CGPJ. Siendo elegidos los 8 vocales restantes por el Congreso y el Senado.

Y en la actualidad, está vigente la 'Ley Orgánica 2/2001, de 21 de junio, del CGPJ'. A través de ella, el Gobierno de José María Aznar modificó, en clave lampedusiana o gatopardista, es decir, "cambiando algo para que nada cambie", la Ley Orgánica de 1985 únicamente en el siguiente aspecto: de los 12 miembros que deben ser Jueces o Magistrados, serán elegidos 6 por el Congreso y 6 por el Senado, de entre una lista de 36 candidatos propuestos por las asociaciones de jueces o por jueces no asociados.

Eliminar los aforamientos y despolitizar el CGPJ

Evidentemente, con la Ley Orgánica de 1985 se evaporó la esencia de nuestra Carta Magna. Y, por ende, se consumó una de las mayores traiciones que ha sufrido nuestra Constitución.

Debido a que la misma ha logrado garantizar la impunidad de los políticos aforados, creando un injusto círculo vicioso. Tanto en cuanto, el aforamiento concede el derecho a ser juzgado por los altos tribunales de justicia, que están controlados por los partidos políticos.

No olvidemos al respecto que el CGPJ es el encargado de nombrar a los altos cargos de la Judicatura: desde los Presidentes de las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia autonómicos hasta los magistrados del Tribunal Supremo. Consiguientemente, el CGPJ contagia su falta de independencia a estos altos tribunales de justicia.

¿Separación de poderes?

El PP y Ciudadanos suscribieron un acuerdo de investidura, integrado aproximadamente por 150 medidas iniciales, que permitió al PP gobernar y a Rajoy ser investido presidente del Gobierno de España (con la ayuda, en forma de abstención, del PSOE).

El citado acuerdo tiene un perfil socialdemócrata y es económicamente insostenible. Dado que potencia de manera considerable el gasto público improductivo.

Aunque a nivel político judicial, el referido acuerdo incluye medidas de gran calado y encaminadas a democratizar nuestro corrupto sistema. Entre las más destacadas, podemos citar las siguientes: la despolitización de la justicia, los "desaforamientos" políticos, la limitación de mandatos gubernamentales, la reforma electoral, etc.

El PP se comprometió con Ciudadanos a cumplir tales medidas. Sobre todo, las relativas al ámbito de la justicia. Tanto fue así, que el presidente Rajoy prometió a los españoles, públicamente y en sede parlamentaria, que las mismas se llevarían a cabo.

Incumplimiento del acuerdo

Sin embargo y reiterando lo expuesto anteriormente, los últimos nombramientos políticos por parte del PP y del PSOE y relativos a la elección de cuatro magistrados del CGPJ, que debían ser renovados, significan que la despolitización de la justicia no es una prioridad para el Gobierno del PP. Ni tampoco para el PSOE.

A pesar de todo, Ciudadanos tiene la oportunidad de posicionarse en España como el único partido político que apuesta por la separación de poderes. (Porque el objetivo de Podemos es instaurar una dictadura comunista en España, exenta de libertad para los ciudadanos y dotada de una justicia y unos medios de comunicación al servicio del partido).

Para ello, Ciudadanos debería alejarse de las múltiples contradicciones que hasta la fecha han marcado el devenir de este ambiguo partido. Y, por el contrario, mantener firmemente una estrategia política enfocada en reformar la justicia, con el objetivo de dotarla de la independencia que están reclamando los españoles.

Porque mientras no exista una justicia independiente en España, nuestro sistema seguirá manchado por la corrupción y nuestra economía continuará intervenida por el poder político.

¿Elecciones anticipadas?

En virtud de las discrepancias en torno al cumplimiento de las medidas incluidas en el acuerdo de investidura suscrito por el PP y Ciudadanos, es factible deducir que los españoles podríamos volver a las urnas de modo anticipado.

Una situación a la que también podría contribuir el reciente desacuerdo en la votación sobre el decreto de regulación de la estiba en España, en el que el PP no contó con el apoyo de Ciudadanos.

Es decir, antes de la finalización de la presente legislatura. Evidentemente, en el caso que Ciudadanos decidiera retirar el apoyo al PP, rompiendo así el acuerdo de investidura.

Aunque también existe la posibilidad de convocar elecciones anticipadas en el caso que en el próximo Congreso del PSOE, Pedro Sánchez salga elegido secretario general de este partido.