Estiba: imprevisión en un sector clave

Si la capacidad de negociación no lo impide, en los próximos días podemos enfrentarnos al riesgo de paros laborales en un sector estratégico para España, como es el de la red de Puertos del Estado. Somos uno de los países de la UE con un mayor número de kilómetros de costa y en una posición geoestratégica fundamental para el transporte marítimo de viajeros y mercancías.

El Gobierno está obligado ya a trasponer a la normativa española el contenido de la Sentencia del Tribunal Europeo de 11 de Diciembre de 2014, por la que se establece que el sistema cerrado para la contratación de estibadores a través de las denominadas Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores no responde a las directivas europeas de libertad de servicios y contratación y que el modelo puede considerarse monopolístico y por lo tanto contrario a los principios de la libre competencia.

Era de esperar una sentencia en este sentido. Todas las partes conocían, después de la transformación de la antigua Organización de Trabajadores Portuarios (OTP) que, más allá de las justificaciones históricas, un modelo cerrado de entrada o de números clausus para la nueva contratación mercantil y laboral en unas, al menos extrañas, sociedades conjuntas de empresas y trabajadores, difícilmente podría convivir con el sistema de organización laboral y mercantil con el que nos hemos dotado. Pero tampoco un modelo de este tipo responde fielmente a la libertad asociativa y de sindicación. Siempre tendría que haberse considerado como un fenómeno transitorio y ya han transcurrido demasiados años.

Sin embargo la falta de previsión para llegar a una nueva normativa acordada es difícil de justificar, no sólo ya porque la sentencia tenga más de dos años, sino porque periodos atrás parecía necesario este cambio, por lo que la excusa del periodo de Gobierno en funciones es al menos espúrea. Encontrarnos hoy con un Real Decreto legislativo con carácter de urgencia que además podría tener dificultades de convalidación parlamentaria, para dar respuesta a este problema, demuestra al menos la escasa capacidad del Gobierno en la gestión de este asunto. Por otra parte, incluso las formaciones políticas más cercanas a la del Gobierno tienen serias dudas en el apoyo del Real Decreto, no solo ya por falta de conocimiento de sus contenidos, sino porque no entienden que se les pase una "patata caliente" en un tema tan delicado sin la suficiente negociación.

Son muchos los sectores profesionales que han modificados sus pautas de comportamiento en estos años. La negociación colectiva entre empresas y sindicatos representativos han permitido recomponer modelos cerrados provenientes del régimen anterior transformándolos en sistemas abiertos condicionados en exclusiva por la certificación y cualificación de los profesionales que deben asumir estas tareas que necesitan reciclaje y adaptación permanente.

La selección a través de la formación, también reconociendo la prioridad al reciclaje de los actuales trabajadores, era una fórmula propuesta ya en este caso desde hace años y si se hubieran dado los pasos por parte de la Administración competente hoy posiblemente tendríamos cerrado este frente.

Como nos recuerdan siempre desde las asociaciones sindicales y profesionales, liberalizar no es siempre desregular, más bien al contrario, una buen sistema regulatorio defiende los principios de libertad de servicios, dando seguridad a las partes, permitiendo el cumplimiento de las normas y la protección a los trabajadores y consumidores finales.

España cuenta con un buen sistema teórico en el ámbito formativo de la especialización profesional. Un catalogo de cualificaciones profesionales que permiten el acceso al ejercicio de cada profesión, que reconoce la experiencia laboral y el currículum formativo de cada persona. Sin embargo la falta de medios y de voluntad política no ha permitido su desarrollo práctico. La formación y la homologación profesional son los únicos filtros razonables en el acceso a cualquier ejercicio profesional.

Los trabajadores y empresas portuarias conocen que los sistemas endogámicos tienen los días contados, pero que el cambio de sistema sea improvisado, que reduzca la capacidad negociadora y la capacitación profesional es solo anuncio de precarización en un sector que debe competir a nivel internacional con calidad y seguridad.

Hay margen para la negociación. La presentación de un Proyecto de Ley negociado por trámite de urgencia con conocimiento del resto de los Grupos Parlamentarios hubiera sido sin duda mucho mejor solución que el trágala de un Real Decreto ley que parece recordar prácticas políticas de un periodo de mayoría absoluta que ya está superado.