Los necesarios mensajes de los economistas

Son éstos momentos muy destacados de la economía española. Por jugar a que no existiesen problemas considerables, el entonces Gobierno, con claras tendencias populistas, de Rodríguez Zapatero logró alcanzar, respecto al PIB, los mayores porcentajes de déficit del sector público en el año 2008. Y eso conviene tenerlo en cuenta ahora. ¿Dónde se generaron? En el gasto total, ese año el porcentaje mayor correspondió a las comunidades autónomas, un 36%. Después venían las corporaciones locales -un 23 %- y al Estado y sus organismos sólo correspondía un 22%. El resto, un 19%, procedía del mundo de la Seguridad Social.

Estos porcentajes se encuentran detrás del formidable endeudamiento, que por ser incompatible con las exigencias derivadas de que estamos dentro de un patrón monetario no exclusivamente nacional y aislado como, en cambio, fue desde su inicio en el comienzo del sexenio revolucionario‑1868-1869, en el que se puede calificar como patrón nacionalista de la peseta de plata. Pero ahora, con el euro, no nos podemos escabullir de la obligación de liquidar el endeudamiento formidable generado en torno a 2008.

Por supuesto que los ministros de Economía y Hacienda, en el Gobierno de González y en la operación de integración en la actual Unión Europea, fueron dos economistas serios, Boyer y Solchaga. Por ellos, en 1985, el porcentaje del gasto total de las administraciones públicas gestionado por el Estado, excluyendo el correspondiente a la Seguridad Social, fue un 41%, frente al 10% de las comunidades autónomas y el 11% de las corporaciones locales.

A eso, con designios electoralistas evidentes, corresponde esa transformación, que es, por lo que hoy vemos, la causante de mil dolores de cabeza para todos los españoles y fueron las derivaciones de estos párrafos de la exposición de motivos de la Ley 15/2006 de Solbes-Zapatero: "Las leyes vigentes -una era la Ley Orgánica 5/2001 de Estabilidad Presupuestaria del Gobierno de Aznar- aplican el principio de estabilidad presupuestaria con rigidez, independientemente de la situación económica, de modo que no solo se pierde capacidad para combatir el ciclo, sino que incluso no podían llevarse a cabo políticas de carácter precíclico... (por lo que) el equilibrio en las cuentas públicas debe instrumentarse adaptándolo a la situación cíclica de la economía para suavizar sus oscilaciones". Así fue como se envió un mensaje equivocado, en primer lugar a las administraciones territoriales, que muy pronto provocaron un colosal fenómeno de desempleo y de derrumbamiento del PIB.

Esa cuestión territorial es una de las que deben ser más cuidadas en estos momentos. No todo se reduce al Estado y sus organismos. Es incluso urgente tener en cuenta lo que señaló Álvaro Rodríguez Bereijo en el apartado La reforma constitucional, aparecido en Crónica Presupuestaria, nº1 de 2013, que proporcionaba un cierto punto de apoyo a la supresión que llegaba, de la mano de Rajoy, de los planteamientos del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Sostenía acertadamente Rodríguez Bereijo, y ahora es precisamente el momento de tener en cuenta sus palabras, que el complejo y políticamente delicado proceso de descentralización política territorial "ha sido profundo y sobre todo muy rápido, transformando un Estado centralizado y centralista en uno de los más descentralizados de Europa, en el que las comunidades autónomas gestionan ya la mayoría del gasto público total y han visto culminadas cotas de autogobierno que en el periodo constituyente se habían pensado acaso como objetivos últimos del desarrollo autonómico".

El dilema, con grandes consecuencias políticas y económicas, es ceder a aquellas comunidades que plantean ya el dilema de o nos financian fuertes dispendios, o nos vamos de España, como evidentemente es buena parte de la postura secesionista actual de Cataluña, del País Vasco, de Baleares, de Valencia, de Canarias, y así puede seguir el proceso.

No se tuvieron en cuenta, para nuestro daño, aquellas palabras que entonces señaló ese excelente economista que es Linde de Castro, que para nuestro mal no era entonces gobernador del Banco de España, pero que sí ya era muy apreciado por sus colegas españoles y extranjeros: "No parece exagerado afirmar que las regulaciones de las comunidades autónomas, en las cuestiones en las que tienen atribuidas por la Constitución competencias exclusivas, han llevado a la aparición de obstáculos a la unidad del mercado español, que no existían antes del desarrollo del proceso autonómico".

Afortunadamente la Constitución de 1978 ofrece puntos de apoyo, y quienes han apoyado que Rajoy sea presidente han hablado de no rehuir ciertas reformas constitucionales que, evidentemente, como señala Linde de Castro, mucho dañan la buena marcha de la economía de la nación y, por supuesto, también la de cada uno de estos ámbitos regionales autonómicos.

El reducir el gasto público autonómico -aquí la colaboración del Tribunal de Cuentas puede ser fundamental- debe ser parte esencial de la nueva política económica española para liquidar, de modo definitivo, lo que Linde de Castro mostraba como fuente de "grandes desequilibrios", precisamente esos que la eurozona no está dispuesta a tolerar.

Todo esto muestra que la herencia recibida es terriblemente negativa, pero también en gran medida no fácil de resolver. Es el momento en el que el conjunto no polemizado -palabra aguda y oportuna de Fernández que auguro que quedará asumida para siempre- de nuestros políticos pase a tener en cuenta aquello que Ortega y Gasset escribió en La rebelión de las masas, en 1930, otro momento muy delicado de nuestra realidad como país: "La primera condición para una mejoría de una situación concreta grave es hacerse cargo de su enorme dificultad. Solo eso nos llevará a atacar el mal en los estratos heridos donde verdaderamente se confinan".

Y aquí el papel de los economistas puede ser fundamental, porque, como señaló Keynes en El final del laissez-faire, que "muchos de los mayores males económicos de nuestro tiempo son la consecuencia de? la ignorancia". Explicar a los ciudadanos el camino adecuado para la política económica pasa a ser fundamental.