Los autónomos en España: ciudadanos de segunda para el Estado y 'anticlientes' para la banca

El crecimiento económico en España está lastrado de forma permanente a causa de una deuda pública prácticamente impagable y un déficit difícil de controlar.

Igualmente, nuestro Estado del bienestar se encuentra en una situación de insostenibilidad económica. Y es que el quebrado sistema de pensiones español no está en condiciones de garantizar el pago de las prestaciones futuras, la sanidad pública está inmersa en un proceso de deterioro progresivo, etc.

Además, el mercado laboral de España raya el tercermundismo. Aunque la creación de empleo se haya reactivado a un ritmo constante e imparable, gran parte de los nuevos y míseros empleos creados no aportan demasiado valor añadido.

Estos hándicaps económicos, sociales y laborales son la principal consecuencia de la implantación de nuestro corrupto y económicamente despilfarrador modelo de Estado autonómico.

Damnificados por el déficit

A pesar de ello, el nuevo Gobierno cree que la mejor manera de atender a las demandas de Bruselas y, por ende, cumplir el objetivo de déficit de España es gravar tanto a las empresas como a las familias, vía subida del Impuesto de Sociedades, IVA, Hidrocarburos, Patrimonio...

Recordemos al respecto que la planificación de los 'Presupuestos del ejercicio 2017' contempla un ajuste de 5.500 millones de euros. Pero, de manera contradictoria, no se incluyen en los mismos recortes de calado en el gasto público político de las comunidades autónomas y sus macro estructuras administrativas y empresariales.

En este sentido, podemos deducir que la nueva legislatura que comienza estará regida por la misma estrategia político económica de perfil estatista empleada en España por casi todos los gobiernos de nuestra pseudo democracia, y que ha llevado a nuestro país a una situación de quiebra a todos los niveles.

Consecuentemente, serán las pymes y los autónomos los que sufran en mayor medida las maldades de esta política supuestamente socialdemócrata, pero que en realidad no es más que una dictadura político administrativa en la que el sector público parasita al privado.

Los autónomos son y seguirán siendo 'ciudadanos de segunda clase' para el Estado español. Sin embargo, se trata de una categoría que no les corresponde en absoluto. De hecho, en cualquier país competitivo los autónomos son las estrellas de la economía y los protagonistas del mercado laboral.

Los clientes favoritos de la banca

Para completar el círculo vicioso en el que se encuentran inmersos en la actualidad, los autónomos también continuarán desempeñando el rol de "clientes de tercera división" para la banca. Debido a que los bancos catalogan a este colectivo como "clientes que es recomendable evitar", salvo excepciones puntuales.

Porque mientras los autónomos sigan siendo los esclavos fiscales y laborales del Estado, estarán condenados del mismo modo a la subsistencia económica y, en virtud de ello, seguirán siendo 'anticlientes' para la banca.

Por el contrario, los perfiles segmentados por los bancos en el target de "clientes preferentes" son los políticos y los funcionarios (y prácticamente casi todos los empleados públicos de la Administración). No obstante, de ningún modo es sorprendente esta identificación comercial. Máxime, considerando que estos dos colectivos en España suelen tener una nómina pública durante toda su vida laboral (no olvidemos que en el caso de los políticos, gran parte de ellos ejercen esta actividad pública durante décadas).

Según la Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español (CIAE), los requisitos que exige la banca a la hora de conceder un préstamo hipotecario (y cualquier otro crédito) son diferentes en función de si la solicitud procede de un trabajador por cuenta propia, al que se le impone unas condiciones leoninas, o un empleado público, cuyas exigencias son muchísimo más asequibles

Los empleados del sector privado con contrato indefinido también son potencialmente mejores clientes para los bancos que los autónomos. Sobre todo, teniendo en cuenta que en caso de despido los trabajadores por cuenta ajena cobrarán una indemnización y una prestación por desempleo, dos derechos que no tienen los autónomos.

Este agravio financiero laboral está provocando que cada vez con mayor asiduidad los emprendedores recurran a los microcréditos, incluso para financiar sus proyectos

empresariales en la fase inicial, pagando intereses excesivos y haciendo frente a plazos de pago mucho más exigentes.

Cambio de estrategia

En definitiva, no se aprecia ningún relevante cambio de enfoque político por parte de nuestros gobernantes que pueda mejorar a la economía productiva y al entorno económico laboral de las pymes y los autónomos, que son la base de la economía productiva y el motor de la creación de empleo en España.

Únicamente, atajando radicalmente el gasto público político derivado de las autonomías se podría impulsar la economía española, lograr el pleno empleo y aportar estabilidad a nuestro Estado del bienestar.