Nuevo Gobierno: continuidad y reparto

Después de tener un Gobierno en funciones durante más de 300 días, el pasado lunes se cumplía el plazo constitucional para tener que ir a terceras elecciones. Como los lectores conocen, el sábado en una sesión tormentosa el Congreso otorgó la confianza a Mariano Rajoy para la Presidencia del Gobierno. Hemos tenido que esperar hasta ayer por la tarde para conocer los nombres de los nuevos ministros. En el área económica no hay caras nuevas, pero sí un reparto ligeramente distinto de competencias.

Por una parte, el nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, absorbe la mayor parte de las competencias del antiguo Ministerio de Industria. Nominalmente, el área de Industria se incorpora al Ministerio de Economía e Innovación. En realidad, los cambios no son tan profundos, porque, de una parte, Industria no era una Secretaría de Estado, como sí lo era Energía, cuyo secretario de Estado era precisamente Alberto Nadal, hermano del nuevo ministro.

Por otra parte, Álvaro Nadal, nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital ya era miembro de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos como director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, con rango de secretario de Estado. En esta área de Economía, no hay grandes cambios, pero probablemente más fragmentación.

Quizás uno de los problemas más graves en el área económica ha sido, sin duda, la falta de coordinación, admitida incluso por ambos ministros, entre el titular de Hacienda y Administraciones Públicas y el titular de Economía. El responsable de negociar con Bruselas, y por ejemplo conseguir que no nos impusiesen una multa por incumplimiento del déficit, era uno, De Guindos, y el que tenía que elaborar buena parte de las cuentas, era otro, Montoro. Esta situación va a continuar. Por otro lado, Montoro no sólo era titular de Hacienda, sino también de Administraciones Públicas, que tradicionalmente ha sido un ministerio separado, con funciones distintas y claramente definidas.

Ahora, una parte de esas funciones, las relaciones con las Administraciones Territoriales, es decir, con las comunidades autónomas y las entidades locales, pasan a ser titularidad de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Aquí volvemos a tener cierta continuidad, en la medida en que el Gobierno sigue teniendo una sola vicepresidenta, que además es la misma. Hay que recordar también que la vicepresidenta también pertenecía a la Comisión Delegada del Gobierno. Es decir, que fundamentalmente tenemos los mismos protagonistas en las responsabilidades económicas, ya que además la cartera de Empleo y Seguridad Social sigue a cargo de Fátima Báñez.

Sin embargo, Sáenz de Santamaría deja de ser la portavoz del Gobierno, cargo que pasa a ocupar el ministro de Educación, que repite Íñigo Méndez de Vigo. Ahora bien, para compensar, una parte de las competencias relativas a las Administraciones Públicas pasan a la Vicepresidencia. Una de las más relevantes es precisamente la financiación de las comunidades autónomas, de las diputaciones y de los ayuntamientos. Tal y como están las cosas, todo esto puede tener más que ver con Hacienda que con otras cuestiones. Por una parte, porque hay que controlar el cumplimiento de las cuentas, y de la regla de gasto, en todas las entidades, según establece la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.

Además, una de las tareas prioritarias de la nueva legislatura, como avanzó el propio Mariano Rajoy en el debate de investidura, será la financiación autonómica. Entre tanto se reforma en profundidad la financiación autonómica, queda pendiente la cuestión del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que en la actualidad es el principal acreedor de las comunidades autónomas.

Hace poco se reformó la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para que las comunidades autónomas pudiesen tener mayores objetivos de déficit, como había autorizado la Unión Europea. El punto clave era que el FLA pudiese financiar este mayor gasto. Uno de los puntos clave de la gestión autonómica era una cuestión de Hacienda, o de financiación, como se prefiera, y no una cuestión política.

En fin, tenemos en el área económica un Gobierno netamente continuista. El lector pensará que no se podía esperar otra cosa, y probablemente tenga razón. Sin embargo, este Gobierno no sólo tendrá que lidiar con el día a día, sino que tiene que cumplir los 150 compromisos y reformas contenidos en el acuerdo de investidura con Ciudadanos. Esto no sólo exigirá más diálogo, sino también una mayor coordinación interna y externa.

La redefinición y la fragmentación de algunas competencias parece complicarlo todo un poco más. En cualquier caso, desde Ciudadanos seguiremos dialogando y buscando puntos de acuerdo, pero también exigiremos el cumplimiento de las reformas y de la regeneración, acordados con el PP, en beneficios de todos los españoles.