Generar empleo es la solución

En estos días se intensifican los mensajes de los partidos políticos como antesala de una nueva campaña electoral. Algo que empieza a ser cotidiano en España: de las municipales se va a las autonómicas y luego a las generales, o al revés.

En una rueda que, en este último caso, ha traído una extraña segunda vuelta que, esperemos, sea la última. La novedad en esta campaña parece que se centra en el déficit y, de nuevo, en los impuestos. En la rebaja de impuestos. Ya lo ha anticipado el PP. Ciudadanos, por su parte, asegura que en dos años bajará el tipo máximo del IRPF al 44%.

Según se dice, las bolsas que soportarán ese importante descenso, vendrán del cierre de las Diputaciones (¿qué se hará con el coste de sus funcionarios?), del final de las exenciones a las grandes empresas, y de la lucha contra el fraude, que se articula preferentemente terminando con las amnistías fiscales. A lo que se sumará acabar con el uso de los paraísos fiscales a través de cortar el grifo de los contratos públicos a las empresas que tengan filiales allí. Aunque no se ha dicho qué países se considerarán como tal. Ni si Delaware, el segundo estado más pequeño de Estados Unidos, o Luxemburgo, país de la Unión Europea, por poner dos casos, serán o no considerados en la lista.

Sin embargo, poco se habla de la Seguridad Social como no sea para referirse a la hucha de las pensiones cada vez más exhausta. Pues la Seguridad Social es la causante de más de un punto de déficit que se hace estructural. Fundamentalmente por el gasto social que se mueve alrededor del 30% del PIB, donde la partida más abultada son las pensiones.

De momento, nadie explica con detalle cómo se puede solucionar este problema que superará los 135.000 millones de euros en este ejercicio. Aunque alguna idea ya se ha oído, como es la de Ciudadanos de lanzar un programa de ayuda a las familias facilitando empleos estables de calidad y así animar a las parejas a tener hijos. Hijos que, se supone, serán productivos unos veinte años después de que las parejas se lancen a tenerlos. Lo cual nos metería allá por 2035 como pronto.

Esto nos lleva al problema real de las pensiones, cuya última reforma se acometió en 2011; gracias a la cual, en 2050, con los datos demográficos esperables, representarán el 12% del PIB, cuando sin esa reforma habrían rondado el 16%, según apuntaba en 2011 un completo análisis de Ángel Melguizo, economista senior de la OCDE.

Y es que aquella reforma de las pensiones, independientemente de la urgente necesidad de volver a mejorarla, trajo tres importantes novedades: elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años; ampliar el cómputo de la pensión de 15 a 25 años; y aumentar de 35 a 37 años el número de años de cotización exigidos para alcanzar el 100% de la base reguladora. A lo que se unía un factor de sostenibilidad; es decir, la evaluación quinquenal del sistema público de pensiones que se acompañaría con correcciones que garantizaran su sostenibilidad en el tiempo.

Dado que no se puede obligar a nadie a tener hijos, y que la curva demográfica es la que es, el sistema público de pensiones necesitará más pronto que tarde nuevas correcciones, especialmente en aquello que se refiere a su fundamento intrínseco, que no es sino el reparto; según el cual los trabajadores de hoy mantienen a los pensionistas actuales que, a su vez, mantuvieron a los mayores de su época. Una suerte de contrato de solidaridad intergeneracional donde los jóvenes se encargan de financiar a los mayores.

Con el añadido de que nuestro sistema se ordena según una prestación definida, en lugar de basarse en sistemas mixtos de capitalización con contribución definida, en la que el trabajador decide qué hacer con lo que contribuye. Un debate que debería trasladarse a la sociedad para que, como en otros países avanzados, sean los ciudadanos los que, con los suficientes datos, decidan los sistemas más idóneos. Algo que en una sociedad como la nuestra, donde la política es paternalista, sacar las pensiones de la confrontación política parece no interesar.

Si en 1970 la fertilidad en España era de 2,8 hijos por mujer, y en 2014, fue únicamente de 1,3 hijos, ya se entiende que cambiar drásticamente esta cifra en pocos años será imposible. De manera que el sostenimiento de la economía en general, y de los gastos sociales, en particular, en una sociedad envejecida como la española, dependerá básicamente de los cotizantes actuales o de los cotizantes que puedan incorporarse al mercado de trabajo con rapidez.

La solución de los problemas económicos y, por tanto, de la estabilidad de todo el sistema tiene que ver con la generación de empleo. Un empleo que cuanto más estable y de mayor calidad sea más asegurará el presente y el futuro de los españoles. Este es el verdadero debate que esperamos ver en los próximos días: qué se piensa hacer para aumentar el empleo, y qué reformas se implantarán para que esto sea posible. Lo demás no nos sacará de la demagogia habitual.