El peligro de demonizar las patentes

Corren malos tiempos para la propiedad industrial. Las empresas, enfrascadas en la lucha contra la crisis, no han priorizado su defensa ante tantos otros frentes que han de cubrir, aunque éste sea uno nuclear para sus negocios. Y enfrentada a otros bienes jurídicos de enorme relevancia, como es la salud pública, algunos gobiernos parecen últimamente menos convencidos de la necesidad de mantener un sistema de estricto respeto a la propiedad privada, como es la propiedad industrial, relativizando su importancia y haciéndola enfermar, si no hiriéndola de muerte.

La propiedad industrial, lo dice la experiencia, la doctrina científica, los tribunales, los tratados internacionales firmados por los gobiernos de todo el mundo, se concreta en activos extraordinariamente valiosos y constituye uno de los pilares de la libre competencia y la libertad de empresa. Pero las patentes son permanentemente zarandeadas en público, parece que responsables de un sistema ineficiente que ha hecho, por ejemplo, que miles de enfermos de hepatitis C no puedan acceder al medicamento que les puede curar debido a su precio.

La polémica sobre el Sovaldi de Gilead demuestra el peligro de demonizar a las patentes: se está poniendo en cuestión todo un sistema ideado hace muchos años, una idea brillante, la de favorecer el progreso humano estimulando la investigación merced a la concesión de una exclusiva temporal, a cambio de explotar la invención y trasladarla a la ciudadanía.

Es necesario decirlo: el sistema de patentes debe ser mantenido y defendido. Lo que los ciudadanos sufrimos (mañana quien suscribe puede enfermar y experimentarlo en sus carnes) no es el funcionamiento del sistema legal de la patente, sino el abuso del que puede ser víctima. Luchemos contra el abuso, pero no ataquemos la estructura. Si un laboratorio aborda la tarea de investigar, si aborda años de esfuerzo y financiación, si se somete al arduo y carísimo proceso de I+D+i que supone poner un medicamento en la farmacia, la cuestión no es si la invención lograda merece o no un periodo de exclusiva, es decir, una patente, o si esa patente debe o no ser protegida, sino si se traslada de forma razonable y ponderada ese esfuerzo al precio que pagarán el paciente o los sistemas públicos de salud.

Cabe pues reprochar que algún laboratorio farmacéutico, integrado en su capital social por fondos de inversión, caiga en la tentación de extremar sus beneficios a costa de lo que sea, adquiriendo patentes que no tuvo que desarrollar y que se lograron después de años de apoyo y financiación pública; cabe reprochar que ese afán lucrativo, llevado al paroxismo, dispare los precios a un nivel mucho más allá de lo razonable; cabe reprochar que enfermos como los de la hepatitis C, en muchas ocasiones contagiados en hospitales públicos, deban luchar a solas contra esa situación y contemplar la pasividad de la administración sanitaria.

Beneficio para el pueblo

Pero no cabe convertir a la patente en la enemiga del pueblo, pues lleva siglos beneficiándolo, ni tildar de injusto o ilegítimo el beneficio de quien ostenta una exclusiva de explotación por el hecho de ostentarla. En situaciones como la del Sovaldi, y mientras la patente no se extinga, se abren dos caminos: buscar medicamentos igualmente eficaces y más baratos, y negociar con el titular de la patente para que rebaje sus expectativas y minore el precio del medicamento.

El Gobierno español ya parece haber encontrado medicamentos que suplan al sofosbuvir, como el Daklinza de Bristol Mayers; las negociaciones con las farmacéuticas son constantes (recordemos cómo negoció el Gobierno norteamericano con Bayer el precio de sus pastillas contra el ántrax en la época inmediatamente posterior al 11-S), y es posible hallar términos intermedios que favorezcan a ambas partes. También ha iniciado esta senda nuestro Ministerio de Sanidad.

Pacientes, empresas innovadoras, poderes públicos, todos están llamados a una importante tarea: la ponderación adecuada de los intereses en conflicto. Mejoremos nuestra Ley de Patentes, implantemos un sistema de patentes fuertes y sólidas, potenciemos definitivamente nuestra inversión en I+D. Pero defendamos la patente -todas ellas, no sólo las farmacéuticas- como un estímulo para el progreso humano.

Blas A. González Navarro, abogado y socio de Cuatrecasas