¿Cómo combatir la corrupción? Crisis y elecciones

El 24-M hubo elecciones municipales y autonómicas mientras se acumulaban, incluso en los días inmediatamente previos, los casos de corrupción. Pasaron factura, aunque no en la medida esperada según opiniones autorizadas. El cálculo de su coste no es tarea fácil.

Las investigaciones realizadas hasta la fecha, más allá de las clásicas encuestas de opinión, lo sitúan en torno al 4% del PIB (Eurostat, Universidad de Las Palmas), sin incluir el 20%-25% de economía sumergida (Schneider), que obviamente es una forma de corrupción. No estamos, por tanto, hablando de unas pocas "manzanas podridas"; es el segundo problema más grave tras el paro (barómetros CIS) y una causa fundamental de las crisis económicas.

A nivel internacional, además de informes de organismos solventes (Banco Mundial, OCDE, Transparencia Internacional), la evidencia empírica es contundente. Un ejemplo relevante: poco antes de la crisis financiera que aún sufrimos, el oligopolio de agencias de rating proporcionó información falsa calificando a ciertas entidades, al mismo tiempo clientes, con nota máxima. Después algunas quebraron; fue el preludio de la crisis subprime.

En España, la crisis se agravó con el estallido de la burbuja inmobiliaria. La corrupción, como ya comentamos, estuvo presente en su origen con recalificaciones, sobornos, etc. que afectaban a casi todo el arco político conforme crecían las competencias asumidas desde las entidades municipales y autonómicas, cuyas elecciones se acaban de celebrar.

De ahí se contagió a importantes sectores asociados y motivó posteriormente la concesión de inmensas ayudas a entidades financieras, con un altísimo coste de oportunidad. Hay quienes vislumbran otra "euforia inmobiliaria" con 3,4 millones de viviendas vacías (INE); puede ser semilla de problemas futuros. Se olvida el cambio de modelo productivo.

Luego está la corrupción netamente política para financiación irregular de campañas. Especialistas solventes han argumentado que habría que financiar más a los partidos, de forma pública, regulada y transparente, para evitar la intromisión de intereses privados y así no "deber favores" a donantes. Esto incluiría la prohibición a las empresas de hacer donaciones.

Seguimos con medidas suaves en exceso como la Ley de Transparencia (Ley 19/2013), limitada a la actividad pública y con una moratoria de dos años para que ayuntamientos y autonomías aprueben sus propias leyes de transparencia. Hoy, cinco comunidades carecen de ella. Luego están las actuaciones de Fiscalías. La reciente sobre quienes se acogieron a la amnistía -o "regularización"- fiscal de 2012 (Orden HAP/ 1182) no sólo no logró regularizar las cantidades pretendidas; provocó desde el inicio serias críticas por parte de los inspectores de Hacienda por supuestos tratos de favor. Más de dos años después, es evidente que esta medida ha tenido repercusiones electorales.

¿Cómo combatir la corrupción?

Desde los dos enfoques de la conocida dicotomía homo ethicus vs. homo economicus se vienen formulando distintas propuestas. No es cuestión de crear más normas, ventanillas y trámites, que da pie a más tráfico de influencias. Tampoco es suficiente la política del palo y la zanahoria (alteración de incentivos, salarios de eficiencia), que tanto aprecian algunos economistas metodólogos. En el contexto actual, se presta más atención al palo que a la zanahoria. Menos aún crear observatorios políticos limitados a observar la corrupción; se trata de combatirla. Es preferible dar ejemplo y, sobre todo, la adopción sin titubeos de medidas claras y sencillas, aplicadas con rigor en países poco o nada corruptos.

Ya habrá ocasión para más, pero nos referiremos a una que podrían adoptar gobiernos de territoriales que se conformarán tras el 24-M, destinada a despolitizar las administraciones.

Tan clara como fácil de llevar a cabo: la supresión de "cargos de libre designación" en los puestos de control (por ejemplo, interventores de ayuntamientos) y la supresión total de "asesores". ¿Irreal o utópico? En absoluto, se aplica en algunos países nórdicos que figuran entre los menos corruptos del mundo. Se evitaría la politización de las administraciones y el nombramiento de cargos públicos por fidelidad y no por eficiencia o capacidad profesional.

Se sabe que implantando medidas de este tipo puede limitarse, de forma notable y sin coste, la corrupción. No haberlo hecho antes no sólo es un desprecio a los ciudadanos, sino el reconocimiento de que ciertos partidos la han estado incentivando largo tiempo.