El dilema de modificar la reforma de la Constitución

Los tiempos de campaña electoral suelen ser tiempos de facundia, ligereza conceptual y pérdida de memoria en los discursos políticos. Representantes de fuerzas políticas que perpetraron en el año 2011 la reforma del artículo 135 de la Constitución prometen reformar determinados contenidos de aquella reforma, habida cuenta de los desastres sociales ocasionados a la ciudadanía.

La cosa sería divertida si no fuera por la gravedad de la cuestión. Cualquier reforma de la Constitución conlleva la opción por uno de los dos procedimientos que constitucionalmente lo permiten. Si la reforma se hace por el artículo 167 basta con que la aprueben los tres quintos de ambas Cámaras. Si se pretende hacer por el 168, el procedimiento es más dilatado. Por eso la reforma de 2011 se realizó mediante la aplicación del 167.

En consecuencia, para reformar la reforma se hace imprescindible contar con el número de diputados que la hagan posible, 210 exactamente. En las actuales circunstancias eso es prácticamente imposible.

Sin embargo sí ha habido, y hay, mecanismos para atenuar o invalidar la aplicación de la reforma. En su punto cuarto se contempla como circunstancia invalidante del corsé del déficit, la recesión entre otras. Según De Guindos, España estuvo en recesión entre 2008 y 2013. ¿Por qué no se pidió que se aplicase el punto cuarto del reformado artículo 135 que hacía posible no tener que ceñirse al déficit?

Pero más allá de esa ocasión perdida, y siguiendo los contenidos del punto cuarto, hay otras circunstancias que permitirían ser más laxos en el cumplimiento constitucional. Entre ellas están las situaciones de emergencia extraordinaria que perjudiquen la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado. Queda claro que apelar a futuros cambios constitucionales para corregir el disparate no son sino brindis al sol de quienes usan los discursos y declaraciones con frivolidad y desdén hacia el pueblo que dicen representar.