¿Austeridad o responsabilidad financiera?

Con motivo de la reunión del Consejo europeo, que se celebró en junio, y, sobre todo, por los cambios que se están produciendo en los responsables de las instituciones comunitarias además de la constitución de un nuevo Parlamento y de la asunción por Italia de la rotatoria presidencia semestral, ha vuelto a aparecer repetitivamente en los medios de comunicación la propuesta de sustituir las "políticas de austeridad" por otras más orientadas hacia el crecimiento y la creación de empleo.

Aparte de que la "austeridad" es un término publicitario que no aparece, por ejemplo, ni una sola vez en las conclusiones de la reunión mencionada, pensamos que sería conveniente proponer otros términos cuya difusión sería bastante más útil porque ayudarían a comprender el verdadero sentido que tendría la tan denostada "austeridad".

Lo mismo en el Consejo que en declaraciones de altos representantes de las instituciones europeas se ha prestado en estos días una particular atención a la flexibilización del Pacto de la Estabilidad y el Crecimiento (PEC), que podría ser considerado como uno de los impulsores de la austeridad al fijar el 3 por ciento del PIB como límite máximo del déficit presupuestario de los países de la Unión Monetaria (UM). Convendría por eso tener muy claro cuál es la razón de ser de este factor estructural. El PEC, al imponer que se eviten déficit excesivos, es una de las medidas con las que el Tratado de Maastricht (TM) ha intentado evitar los riesgos de una moneda que depende de una autoridad monetaria única pero que ha de convivir con 14 políticas fiscales, que dependen de otras tantas autoridades soberanas. Con el mismo fin se ha añadido la regla "No Bail-out", que establece que ningún país se responsabilizará de las deudas de otros. Y una tercera medida prohibe al BCE conceder créditos a los Estados.

Aumento del endeudamiento

Al no aplicarse esas medidas correctamente, las circunstancias favorecieron el aumento del endeudamiento de los países de la eurozona, provocando en el 2010 la crisis de la deuda soberana que hubo que combatir aparcando las reglas anteriores, de manera que los planes de rescate debilitaron el principio de la propia responsabilidad ("No Bail-out"), originando una situación contradictoria al asumirse una responsabilidad comunitaria sin disponer del correspondiente control. A pesar de los avances que se han dado en el fortalecimiento de las reglas fiscales, para solucionar el problema pendiente de armonizar la responsabilidad y el control, que garanticen una base estable para el euro, sólo hay dos alternativas posibles: una integración política profunda que permitiera una unión fiscal, lo cual en la situación actual no parece factible por la pérdida de soberanía de los países miembros , o fortalecer la responsabilidad propia de cada país, como elemento constitutivo de la UM, o sea seguir con el "No Bail-out" para no hacer de la UM una Unión de Transferencias.

Este fortalecimiento de la responsabilidad fiscal implicaría que cada Estado, y los bancos respectivos, tendrían que asumir las consecuencias de sus decisiones, lo cual terminaría recayendo en los ciudadanos. Hasta ahora no era posible en la UE la insolvencia de los Estados y de los bancos por el temor de que se pusiera en peligro la estabilidad financiera de toda la eurozona. Y para evitar ese riesgo sistémico, rompiendo el nexo Estado/bancos, se proponen como nuevas medidas que, de acuerdo con Basilea III, se refuerce la capacidad del sistema financiero de soportar riesgos; que se unifiquen las reglas sobre los mercados financieros; que se ponga en práctica el régimen de resolución, que será posible al haber una supervisión unitaria que ponga en el mismo nivel la responsabilidad y el control y, finalmente, que se consigan regular las emisiones públicas. De esta manera, cuando a partir de ahora quiebre un banco tendrán que asumir los costes de su resolución, primero, los accionistas y los acreedores, después recurrir a un Fondo de Resolución, financiado por los bancos, y, sólo en última instancia, se aplicarán recursos públicos de los contribuyentes. El presidente del Banco Central alemán, Jens Weidmann, expuso estas ideas en una conferencia que pronunció en el mes de marzo con motivo de la concesión del Premio "Wolfram-Engel" en reconocimiento a su trabajo en el Bundesbank, cuya traducción será publicada próximamente en la colección titulada Documentos a debate, del Instituto de Dirección y Organización de Empresas (IDOE), de la Universidad de Alcalá de Henares.

Resulta oportuno resumir y difundir estos planteamientos para que se pueda entender mejor la nueva etapa, que va a iniciar el proceso comunitario y que posiblemente tratará de explicar en las próximas reuniones del G-7, la nueva presidencia que comparten el Sr. Weidmann y el ministro de Finanzas alemán W. Schäuble.

Eugenio M. Recio, profesor honorario de ESADE