'Los Pactos de la Moncloa' y la política económica actual

La profunda crisis económica que padeció nuestro país en la década de los 70 puso en entredicho la transición política. En efecto, la falta de reconocimiento en un principio de la misma llevó a aplicar una serie de medidas de política económica que agravaron la situación en lugar de resolverla, tal y como también sucedió recientemente. La negación de la crisis por parte del Gobierno Zapatero entre 2008 y el 2010 llevó a un incremento muy importante del gasto público, que agravó la situación y que nos llevó al borde del precipicio, es decir, cerca de la intervención.

Tal y como se ha recordado, con motivo del reciente fallecimiento del presidente Suárez, sólo la aplicación de una política económica racional, coherente y completa, instrumentada por Enrique Fuentes Quintana, permitió romper la tendencia desbocada de la inflación, que amenazaba con estrangular el proceso y a la sociedad. Los ajustes de la economía a la crisis se establecen en cuatro direcciones: el ajuste de precios, reduciendo la inflación de costes; el ajuste exterior, asignando recursos a la exportación; el ajuste productivo, variando la composición de la oferta; y el ajuste del sistema económico, mejorando la administración de los recursos disponibles. No era posible conseguir una administración razonable de la crisis sin restablecer los equilibrios internos (precios) y exterior (balanza de pagos). El cumplimiento de esta condición necesaria debe de informar el contenido y ordenar la aplicación temporal del programa económico.

Desde el primer momento se afirmaron como necesarios, para realizar este primer ajuste en busca del equilibrio de la economía el cumplimiento de dos condiciones: la distribución equitativa de los costes de ese mejor equilibrio y la generalización del sistema de economía de mercado como condición general para una administración más eficiente y como anticipo de lo que debería ser la segunda etapa del programa frente a la crisis consagrado al ajuste productivo.

Reforma fiscal y gasto público

La política de reformas contenida en los Acuerdos de la Moncloa se fundamentaba prioritariamente en el acomodo del sistema económico a los principios de economía de mercado que constituía entonces y constituye hoy una condición reformadora eficiente y progresiva. La distribución más equitativa de la carga de los costes del ajuste intentó conseguirse por una serie de reformas fundamentales: la reforma fiscal y del gasto público, reforma de la seguridad social y reforma de la empresa pública. Los efectos de esa política fueron espectaculares en tres frentes: la reducción de la tasa de inflación -del 30% de crecimiento anual en los precios del consumo el mes de julio del 77 se pasa en pocos meses al 16%, y el saldo de la balanza de pagos que pasó de un déficit de 5.000 millones en julio de 1977 a otro de 2.449 millones de dólares en diciembre del mismo año Y a un superávit de 1.500 millones en 1978. Otros efectos que el esquema menciona son también importantes y sobre todo introducir en la sociedad la idea de que la transición política no se vería amenazada por la economía.

Sin lugar a dudas, la política económica aplicada desde 2012 por el Gobierno de Rajoy, en gran medida aplica una parte importante de los principios incluidos en las políticas de saneamiento y reforma económica de 1977. Ésta ha hecho un gran esfuerzo en equilibrar nuestra economía. La consolidación fiscal, que ha conseguido un objetivo de un déficit público del 6,62% en el 2013, marcha en esta dirección. Asimismo ha sido fundamental la mejora de nuestra competitividad mediante la devaluación interna que ha permitido cambiar el signo negativo de la balanza de pagos, como ocurrió en 1978, y ha permitido una estabilidad de precios. Asimismo está llevando a cabo una serie de reformas estructurales, en el mercado laboral, financiero y administraciones públicas y en el futuro inmediato en el sistema tributario que debe mejorar la eficiencia de nuestra economía de mercado. Desde el punto de vista de la sostenibilidad del mercado y de la cohesión social, ha sido fundamental la reforma de las pensiones, que garantiza su viabilidad futura, mediante el establecimiento de fórmulas de sostenibilidad en función de las circunstancias. El camino de la recuperación de nuestra economía confirma una vez más que las políticas de estabilidad y las de oferta, mejoran la actividad, el crecimiento y el empleo, la confianza y, en definitiva, mejoran el bienestar de la sociedad.

Juan E. Iranzo, decano-presidente del Colegio de Economistas de Madrid