El arma para reducir los incendios es la prevención

Se acaba el verano y, con ayuda de la meteorología, se van extinguiendo los numerosos incendios forestales que otro año más han asolado nuestros bosques. Y con ello se extinguen también los ecos mediáticos de esta calamidad endémica que empobrece cada año a nuestro país, reduciendo inexorablemente nuestros recursos forestales, el empleo rural y el valor económico de la biomasa forestal, cuyo abandono es una de las causas principales de este desastre continuado.

A la espera del balance oficial de los destrozos, de las pérdidas económicas y ambientales que han provocado este año y de los crecientes costes de su extinción, no hay noticia de ninguna iniciativa dirigida a su prevención futura, única arma eficaz contra la repetición los próximos años de la misma situación. Cada vez menguan más nuestras masas forestales, cada vez hay que dedicar mayores recursos a la extinción de incendios. Pero de nuevo el año próximo habrá que volver a empezar, con mayores esfuerzos y recursos, peores consecuencias sociales, económicas y medioambientales y menores esperanzas de reducirlos. Cada año las Administraciones públicas dedican a la lucha contra los incendios forestales más de 700 millones de euros, que podrían reducirse si se aplicaran medidas preventivas de manera decidida, continuada y permanente.

Sólo una gestión sostenible de nuestros montes que permita el aprovechamiento energético de la biomasa forestal podría reducir drásticamente los incendios forestales en España. Las políticas de extinción sin prevención están condenadas al fracaso. La conversión de la biomasa forestal en energía no sólo es una de las formas más eficaces de utilización y reciclaje de ese recurso, sino que contribuiría de manera muy eficaz a la reducción de los incendios forestales.

Contribuiría también a fijar la población rural, a rentabilizar una biomasa cuyo abandono ancestral le ha convertido en peligroso combustible incontrolado y aseguraría la rentabilidad de este recurso natural que ahora se abandona generando un polvorín que, oculto el resto del año, estalla cada verano.

La prevención exige una eficaz gestión de los montes y masas forestales. Exige destinar a ello una mayor parte de los recursos disponibles. Pero no se hace así porque no se internalizan los beneficios que una adecuada política de prevención de incendios reportaría tanto a los sectores económicos implicados como al erario público y que también contribuirían a reducir el mayor problema que tiene nuestro país, el desempleo, y a minorar sustancialmente la enorme pérdida de biodiversidad y el aumento de la desertificación que provocan estos incendios.

Si se estableciera un adecuado aprovechamiento de la biomasa forestal, se podría reducir paulatinamente el elevado volumen de recursos que las Administraciones públicas dedican a su extinción e incluso convertirlo en positivo en el balance final. La actividad que se derivaría de una gestión racional de nuestros montes no sólo reduciría drásticamente los incendios forestales sino que permitiría una importante creación de empleo en el ámbito rural y un afloramiento importante del valor de un recurso natural como es la biomasa, que hasta ahora ha tenido a menudo la sola consideración de residuo sin valor.

Incluso en la dura situación que el sector atraviesa a causa de la moratoria y de las medidas restrictivas tomadas por el Gobierno en la conocida reforma energética en relación con la biomasa como fuente de energía renovable, incluso en el caso de que sólo se asegurara la viabilidad de las plantas de biomasa existentes, su contribución a la evitación de incendios podría estimarse en un ahorro final de casi 80 millones de euros anuales.

Y si se añadiera la capacidad de aprovechamiento de masa forestal para evitar incendios que podrían absorber las plantas que se instalarían en España si se cumplieran los objetivos para la biomasa incluidos en el Plan de Energías Renovables vigente, la capacidad asociada a estas plantas representaría un ahorro de costes por este concepto para las Administraciones públicas implicadas de unos 250 millones de euros y un balance anual netamente positivo -considerando el coste tarifario por producción de energía eléctrica en estas plantas de biomasa- de 184 millones de euros.

Cooperativas y sindicatos del campo y del monte, productores de biomasa y el sector empresarial dedicado a la producción de energía renovable a partir de ese recurso queremos insistir en recordar a las Administraciones implicadas la conveniencia de atender más a la prevención de incendios por medio de la gestión de los montes vinculada a la conversión de biomasa forestal en energía, porque es, sin duda, la mayor contribución posible en el futuro a una eficaz reducción de los incendios forestales.

Manuel García Pardo, Presidente de APPA Biomasa y miembro fundador de Unión por la Biomasa

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