El sector de la construcción y de las infraestructuras ofrece propuestas estratégicas

El 12% de los 72.000 millones de euros de los fondos europeos, que serán guiados por el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se centrará en impulsar las infraestructuras y los ecosistemas resilientes, a través de proyectos como el Plan de Conservación y Restauración de Ecosistemas, o el Plan de Preservación de Infraestructuras Urbanas, Energéticas y de Transporte, entre otros.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha anunciado que se rehabilitarán más de medio millón de viviendas durante los próximos tres años para hacerlas más eficientes energéticamente. En política social, se impulsará la rehabilitación y la adaptación de las infraestructuras residenciales actuales para mejorar en los próximos tres años la atención que reciben las 75.000 personas que atienden.

En nuestro país, hay muchos proyectos que aspirarán a los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. Adif ha desarrollado un concepto ambicioso para la inversión que no se limita al hormigón y acero, sino que está orientada, entre otras líneas, a la transferencia modal de viajeros y mercancías hacia el ferrocarril, con la consiguiente reducción de las emisiones, y a la digitalización. Inditex también se postula para recibir parte de los fondos comunitarios para el desarrollo de una sede ecoeficiente en la localidad coruñesa de Arteixo. Estos dos no son los únicos ejemplos de cómo el sector de la construcción e infraestructuras quiere afrontar el reto que les ha puesto la economía pandémica que vivimos actualmente.

La rehabilitación de edificios es una de las líneas de actuación identificadas por la UE como primordiales

A principio de septiembre, José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, defendió el impulso que su departamento está dando a la inversión pública en infraestructuras a pesar del Covid-19. Aseguró, de hecho, que hasta julio se habían ejecutado 150 millones de euros más que en el mismo periodo de 2019, lo que supone un 5,2% más. Es decir, el volumen invertido habría superado los 3.000 millones (3.034 millones) "pese al estado de alarma y el pico de la pandemia". Lo dijo en la inauguración del seminario La inversión en Obra Pública para la recuperación económica, organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander.

Sobre el foco de las inversiones, el ministro apuntó que se dirigirán hacia los vehículos eléctricos, el despliegue LED en las ciudades, el transporte metropolitano sostenible, la movilidad saludable con carriles bici o la instalación de sistemas inteligentes en edificios e infraestructuras, entre otras. Son, por tanto, inversiones verdes y digitales.

José Trigueros Rodrigo, en el mismo foro, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, afirmó que mantener la inversión pública en infraestructuras en torno al 2% del PIB durante los tres próximos años permitiría generar casi 600.000 nuevos empleos en construcción y supone un retorno fiscal del 50%. "La obra pública es fundamental, hacer cualquier obra pública implica al resto de sectores", sentenció. Sostuvo que la ingeniería industrial está presente en nuestra vida, "en cada minuto, en cualquier cosa". Alegó que "la colaboración público-privada" es fundamental y que hay que "estructurarla muy bien".

Para salir reforzados

¿Qué es lo que está haciendo el sector de la construcción para reactivar la economía del país? Lluís Comerón Graupera, presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), responde que "está unido, poniendo todo su potencial al servicio del Ejecutivo central y del conjunto de las Administraciones Públicas y ofreciendo propuestas estratégicas para salir de la crisis social y económica derivada de la pandemia reforzados, con un país más competitivo y cohesionado socialmente".

De acuerdo con sus palabras, la rehabilitación de edificios es una de las líneas de actuación identificadas por la Unión Europea (UE) como claves en la reconstrucción económica. Señala que aquí, España "tiene un potencial de crecimiento y mejora enorme". Explica que sólo con rehabilitar un 2% de viviendas al año, como hacen vecinos de nuestro entorno, como Francia, se crearían alrededor de 400.000 empleos directos nuevos, que serían, además, de calidad y estables porque la mayor parte de los 25,7 millones de viviendas que hay en nuestro país necesita que se intervenga en ellos. Para eso, "es fundamental un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Regeneración Urbana que, en la próxima década, actualice el parque edificatorio en España, respondiendo a las demandas de vivienda asequible, eficiencia energética frente a la emergencia climática actual y a las necesidades de accesibilidad y funcionalidad de las viviendas que tiene la ciudadanía". De esta forma, además de motor de recuperación económica, el sector de la edificación contribuiría a modernizar nuestro país y sus frutos beneficiarían a varias generaciones.

Como proyecto, Comerón Graupera destaca el Observatorio 2030, una iniciativa del CSCAE gestada al amparo de la Agenda 2030 de la ONU y asumida por el conjunto del sector para promover la transformación de nuestros pueblos, ciudades y territorios y un cambio de modelo sectorial, imprescindibles para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Acota que algunos de sus logros son haber alineado al sector para declarar la emergencia climática en diciembre de 2019, coincidiendo con la celebración de la Cumbre del Clima, y haberlo unido, de nuevo ahora, como locomotora económica del país frente a la crisis económica y social derivada del Covid-19, apostando por la rehabilitación de viviendas y la regeneración urbana esenciales para alcanzar los ODS y luchar contra la emergencia climática.

Por otra parte, declara que, tras la crisis financiera de hace diez años, el sector se ha modernizado. "Ha sido capaz de reorientarse para responder a las nuevas estrategias que ha establecido Europa en el Pacto Verde (European Green Deal) y hemos incorporado, además, una forma de trabajar que nos permite estar alineados con la Agenda 2030 de la ONU, apostando por alianzas como las que promueve el Observatorio 2030 del CSCAE", expresa. Todo esto "nos hace estar muy preparados" para atender a la "ola de renovación" que está planteando la Comisión Europea con una alta capacidad para optimizar los recursos que captemos de la UE.

De esta manera, piensa que el cambio de modelo en el sector no está tanto en cómo producir, sino en entender que es precisa una relación mucho más directa con la demanda con el fin de responder a las necesidades reales que tiene la ciudadanía en materia de rehabilitación de viviendas, regeneración urbana y construcción de nuevas viviendas allí donde sea necesario y a precios adecuados.

Se van a invertir los recursos de toda una generación y, de forma estratégica, hay que apostar por aquellos sectores y aquellas actuaciones que reviertan en beneficio de las próximas generaciones.

Su conclusión es que eso implica apostar por la vivienda asequible y por la rehabilitación integral, "con la que tendríamos que poder dejar preparado el parque residencial para las dos próximas generaciones, como mínimo". Vivimos un momento de cambios acelerados.

Mejorar el acceso a la vivienda

Hace unos meses, desde la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) presentaron un decálogo a las Administraciones donde planteaban una serie de propuestas con la intención de dinamizar de forma ágil el sector, de manera que pueda ser uno de los que contribuya, en el corto plazo, a la normalización de la actividad económica, laboral y de consumo.

Daniel Cuervo, su secretario general, glosa que, entre las medidas prioritarias para mejorar el acceso a la vivienda, está "la aprobación de avales y líneas de crédito en los préstamos de primera vivienda que estimulen la compra, tal y como han hecho otros países europeos, con el programa Help to Buy".

Otra medida muy importante es el impulso a la empleabilidad de los jóvenes en paro, mediante la creación de bolsas de empleo en el sector promotor y constructor, en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal, y el desarrollo de una Formación Profesional Dual de calidad.

En materia fiscal, propone "la reducción al 4% del IVA para la compra de primera vivienda, tanto libre como de cualquier tipo de protección y modificar el IVA de las cesiones de suelo con derecho de superficie, permitiendo que sea el súper reducido". Puntualiza que "es imprescindible incentivar la agilización de licencias urbanísticas para reducir los plazos en la ejecución de obras, apostando por la digitalización de los procesos burocráticos".

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), cerca de 1,3 millones de personas trabajaban en el sector inmobiliario meses antes de la irrupción de esta crisis. A diferencia de otro sectores que han visto paralizada su actividad, como el turismo y la restauración, el promotor y constructor no tuvo prácticamente ningún parón durante los meses más complicados del confinamiento. Por tanto, puede actuar "como vector de la necesaria normalización económica y laboral". Cuervo hace hincapié en que, una vez que se vuelva a la normalidad, seguirán existiendo unas condiciones muy favorables para que la demanda de vivienda residencial retome su crecimiento, "gracias a la recuperación del empleo y los salarios, precios razonables y tipos de interés reducidos". Tampoco olvida que sigue habiendo falta de vivienda asequible y que el inversor extranjero sigue teniendo gran interés de invertir en España.

Insta a desarrollar un nuevo Plan Estatal de Vivienda que actualice el Plan 20.000, adaptando su dimensión a la nueva situación a través de la movilización de suelo público y la construcción de obra nueva, lo que aumentaría la oferta de vivienda y generaría un alto volumen de empleo. Desde el sector inmobiliario, quieren fomentar la creación de una mesa de trabajo que mitigue los efectos de la crisis y ponga en marcha acciones que aprovechen las capacidades del sector para atender situaciones de emergencia social. Por otro lado, "debemos seguir apostando por la industrialización en la construcción como motor de cambio de nuestro sector, lo que sin duda abaratará los precios".

Vienen tiempos diferentes, pero hay una gran cantidad de fondos comprometidos desde Europa hacia España. Cuervo pide "saber aprovechar el uso de los mismos, para de esta forma ayudar a la reactivación económica y la generación de empleo en estos momentos tan necesarios".

Un elemento clave para alcanzar la neutralidad climática

Lluís Comerón Graupera indica que el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética define la rehabilitación de viviendas como un elemento "clave" para alcanzar la neutralidad climática "no más allá" de 2050. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia a largo plazo de Rehabilitación Energética de Edificios contemplan la rehabilitación energética de 1,2 millones de viviendas en esta década, empezando por 30.000 el próximo año y elevando progresivamente esta cifra hasta 300.000 en 2030.

"En España, la tasa de gran rehabilitación es ínfima en comparación con la media europea. Por eso, desde el CSCAE reivindicamos que hay que ser más ambiciosos y acelerar el ritmo de la rehabilitación, interviniendo en 300.000 viviendas anuales entre 2021 y 2023 y, a partir de ese momento, incrementarla al 3% anual", manifiesta. A su entender, sólo así se lograrán resultados fiables y el objetivo climático marcado por la Comisión Europea.