España

Montoro estrangula los recursos para personal en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

  • El FMI estima que necesita para cumplir su función 70 técnicos, tiene 35
  • AIReF impulsará un litigio contra Hacienda en el plazo de dos meses
En la imagen Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.

Isabel Acosta

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), presidida por José Luis Escrivá, ha tomado la decisión de recurrir ante la Audiencia Nacional una orden ministerial de Hacienda que, a su juicio, constriñe el espíritu de la Ley Orgánica que creó el citado órgano, entorpeciendo sus tareas de obtención de información.

Por otra parte, fuentes conocedoras del funcionamiento interno de AIReF destacan que el cumplimiento de los cometidos de control de las Cuentas Públicas por parte del organismo viene siendo obstaculizado por los escasos recursos de personal de que dispone.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que para cumplir sus tareas precisa no menos de 70 técnicos, mientras que AIReF sólo cuenta con 35 efectivos en estas funciones, lo que supone que una sola persona se ocupa del examen de todos los Ayuntamientos y que sólo existe un facultativo por cada autonomía, independientemente de su tamaño y el volumen de sus respectivos Presupuestos.

No sólo eso, según figura en los Presupuestos Generales del Estado, la dotación para retribuciones al personal ha caído notablemente en el capítulo de productividad, de un millón de euros en los Presupuestos actuales a 627.160 euros en los del año próximo. Un recorte que resulta más llamativo si tenemos en cuenta que ya en este ejercicio AIReF ha solicitado por escrito al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, una paga extra por exceso de trabajo.

El presupuesto de la Autoridad se impulsa de forma similar al del Banco de España, en aras de su independencia: el órgano lo diseña y lo envía al Gobierno, quien lo integra en las Cuentas Públicas. Pero el Ejecutivo tiene la facultad de retocarlo, algo que provoca, como señala el profesor de Banca y Finanzas Juan Fernando Robles, "la situación perversa de que el supervisado (Hacienda) tiene el control de las cuentas de su fiscalizador (AIReF)". Esta situación se ha solucionado en otros países tratando el Presupuesto de la Autoridad con igual régimen que el del Banco Central, para reforzar su independencia.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, órgano garante del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria a través de sus controles periódicos de las Cuentas de las distintas Administraciones, con una dotación presupuestaria de 4,5 millones de euros, se concibió sobre tres pilares que garantizaran su independencia: la dotación de suficientes recursos materiales y humanos para cumplir sus funciones, la facultad de acceder a la información que precisa para evaluar la marcha de las cuentas de todas las Administraciones y la Seguridad Social, así como la virtualidad de que las conclusiones de sus informes sean cumplidas o explicadas por parte de la Administración destinataria de la objeción o recomendación de AIReF.

Fuentes internas destacan que en el tercer punto sí se han producido avances sustanciales. Ante la escasez de recursos humanos para cumplir sus funciones (tiene la mitad de técnicos de lo recomendado por el FMI), el foco se dirige a la obtención de información. Y este punto es precisamente la causa de que AIReF prevea impulsar un litigio frente a Hacienda en el plazo máximo de dos meses -ante la Audiencia Nacional- en relación a la Orden HAP/1287/2015.

Información centralizada

La Ley Orgánica 6/2013 que consuma la creación de la Autoridad Independiente faculta a AIReF para recabar información por diversas vías, incluida la obtención directa de datos del ayuntamiento, autonomía o entidad evaluados.

Sin embargo, a juicio de la Autoridad, la Orden de 23 de junio -publicada en el BOE del 1 de julio- centraliza el suministro de información en Hacienda, constriñendo, según estima AIReF, la diversidad de mecanismos de acopio de datos a los que puede acogerse y proporcionando insuficiente volumen de información. Es más, el informe sobre entidades locales publicado ayer por la Autoridad Fiscal ha contado con más colaboración directa de los Consistorios que del propio Ministerio.

Recurso ante la Audiencia

La vía de interponer el recurso ante la Audiencia tuvo origen, precisamente, en la respuesta que Hacienda dio a AIReF ante su requerimiento de información. Los fiscalizadores no tienen conocimiento de que en ningún otro país haya existido un choque semejante entre dos organismos del Estado que vigilan las cuentas públicas. Desde luego, en España no ha sucedido.

Fuentes de AIReF reconocen que para presentar la cuestión legal contra Hacienda no pueden recurrir al Abogado del Estado -por conflicto de competencias- y deben por tanto contratar y sufragar su defensa.

Ante el conflicto desatado, la reacción ayer del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue conminar a la Autoridad Independiente a que no "cree problemas donde no los hay", además de recordarle al organismo que lo que debe hacer es utilizar la fuente de documentación del propio Ministerio.

Sin oposición para 20.000 enfermeros

Los más de 20.000 aspirantes a las oposiciones de enfermería convocadas por la Consejería de Sanidad de Castilla y León recibieron ayer un auténtico jarro de agua fría, después de que el Tribunal Superior de Justicia suspendiese la convocatoria a instancias de la Administración General del Estado, que alegaba la superación de los límites de déficit público.

La oposición se iba a celebrar el próximo día 22 en Valladolid y León para cubrir 554 plazas de personal estatutario fijo y a ella optaban profesionales de toda España. Junto al argumento del déficit, el Gobierno alegaba la inexistencia de oferta de empleo público válida, ya que la última databa del año 2011, cuando su plazo de validez conforme a la legislación vigente es de tres años de duración.

El consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, criticó la decisión del Gobierno, que calificó de "poco inteligente", porque las 554 plazas se corresponden por puesto ocupados por interinos, por lo que además no habría impacto en el gasto público. El sindicato de Enfermería (SATSE) de Castilla y León mostró  su "indignación" y pidió dimisiones por el "enorme perjuicio personal que se ocasiona una vez más al colectivo enfermero en esta Comunidad autónoma".