Rajoy entra en campaña con rebajas fiscales, guiños a la empresa y apoyos al empleo

El Gobierno se anticipa al debate electoral con un despliege de medidas sociales y económicas para dar la vuelta a unas encuestas que le son desfavorables.

Los ministros del área económica entran de lleno en la campaña electoral, sin que ésta haya comenzado siquiera. Pese a que su partido no tenía aún candidato a los próximos comicios europeos, el Ejecutivo ha venido despejando desde inicios de año el trayecto a quien, ya sí, tiene nombre y apellidos: Miguel Arias Cañete. Ahora que la economía encarrila con paso prudente la recuperación, hemos ido conociendo una batería de anuncios y medidas con las que Mariano Rajoy trata de hacer un guiño a las familias y al estamento empresarial.

Desde las rebajas comprometidas del Impuesto sobre la Renta (IRPF) a las rentas medias y bajas o la reducción del tipo máximo de Sociedades (promesas que el Gobierno ha lanzado a los cuatro vientos antes de dar a conocer la reforma fiscal), a la posibilidad de capitalizar el cien por cien del paro (al margen de la edad), o los anuncios dirigidos a los 2,93 millones de funcionarios, entre otros.

Miguel Ángel Bernal, profesor y Coordinador del Departamento de investigación del Instituto de Estudios Bursátiles, descarta que el Gobierno haya pisado el acelerador, dado que "las reformas realmente importantes siguen paradas". En su opinión, sucede que llevamos unas semanas con datos relativamente buenos, como los del turismo o la producción industrial, entre otros... y en Moncloa "interesa contarlos". Esto, unido a las pequeñas variaciones que están haciendo -capitalización del paro, paga funcionarios...- tranquiliza a la gente, y hace que confíen más en la recuperación. Sin embargo, insiste en que lo realmente importante está parado, o no se habla de ello, como los últimos datos de vivienda -las compraventas están paradas-, el déficit público -que es el peor de la Unión Europea-, el hecho de que el crédito siga sin fluir y, más aún, todas las reformas y ajustes que el FMI pide a España que acelere y que, al no hacerlo, están ralentizando la recuperación, incide Bernal.

Las promesas fiscales

Pese a que la próxima reforma fiscal no se dará a conocer hasta finales de mayo o principios de junio, tanto el presidente Rajoy, como el ministro de Hacienda han ido adelantando los aspectos de la misma que, de aprobarse, podrían darles algo de oxígeno de cara a los electores, dado que la reforma como tal no se conocerá hasta después de haberse celebrado los comicios (convocados entre el 22 y el 25 de mayo). De momento, sabemos que el Ejecutivo se compromete a rebajar el IRPF, sobre todo a las rentas medias y bajas, y a revisar los mínimos personales a las familias con hijos.

Con la vista puesta en las empresas, aseguran que reducirán el tipo máximo de Sociedades (que se sitúa en España en el 30 por ciento, frente al 25 por ciento de media en los países de nuestro entorno), así como a simplificarlo, pero manteniendo deducciones a I+D+i, pymes y autónomos. Al mismo tiempo, han insistido en que rebajarán también las cotizaciones sociales en cuanto la situación económica lo permita.

En opinión de los analistas de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), la reforma fiscal que prepara el Gobierno llega tarde y su argumento de que la bajada de impuestos debe acometerse cuando mejora la situación económica es "absolutamente erróneo".

Este es el juicio unánime de los expertos de Funcas, que no ahorran críticas al Ejecutivo por su tardanza en abordar una reforma fiscal integral, que es "imprescindible para paliar el problema de la baja recaudación tributaria de España". Tal y como detallaron el jueves pasado los profesores José Félix Sanz y Desiderio Romero, ante un nivel de déficit público que "sigue siendo inabordable", queda "mucho por hacer" del lado del gasto de las Administraciones Públicas, cuyo ajuste debería ser tan importante como el fiscal. "Hemos acumulado tal cantidad de errores en el sistema que cuanto más se tarde en corregirlos será peor", sentenciaron.

El ámbito laboral

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció esta misma semana que los mayores de 30 años que quieran iniciar un negocio y establecerse como autónomos, podrán capitalizar el 100 por cien de la prestación por desempleo que les corresponda. Hasta ahora, esa posibilidad solo se permitía a los menores de esa edad, mientras que los mayores de 30 solo podían cobrar el 60 por ciento de su paro.

Sin entrar en detalles y previa equivocación -al citar una medida que ya fue aprobada por el Gobierno de Aznar cuando él era titular de Hacienda-, Montoro avanzó además que habrá, también, algún tipo de incentivo fiscal a las madres trabajadoras.

Medidas como éstas han recibido críticas muy positivas de algunos colectivos y, sin embargo, esconden algo más, a la luz del diagnóstico que hace Juan Ramón Rallo, director del Instituto Juan de Mariana, quien señala que, "evidentemente, estamos en campaña electoral y el Gobierno ya ha empezado a dar pequeñas pildoritas muy populistas para ganar votos". Entiende que están dando una sensación de que lo peor ya ha pasado y, lo peor, es que piensan que el ajuste vendrá solo. "Venden cierta normalización para inyectar a los ciudadanos un chute de optimismo, pero las reformas realmente importantes están paradas, por ser menos populares", sentencia tajante.

2,93 millones de funcionarios

Otro colectivo numeroso en el que el Ejecutivo ha puesto el punto de mira es el de los funcionarios y empleados públicos. Dos millones novecientos mil trabajadores a los que Hacienda y Administraciones Públicas devolverá un segundo de los tres días de libre disposición que les quitó en 2012 -los conocidos como "moscosos"-. Todos ellos volvieron a cobrar ya el pasado mes de diciembre la paga "extra" que les fue eliminada el ejercicio anterior.

Mejores condiciones

El pasado jueves, fuentes del Departamento dirigido por Montoro confirmaron que tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas verán flexibilizados los plazos y los intereses para empezar a devolver las cantidades recibidas con el primer Plan de Pago a Proveedores, que incluía las facturas previas a 2012. El Ejecutivo es consciente de que este plan ha sido una de sus grandes bazas en lo que a medidas anticrisis se refiere.

De empresas y privatizaciones

El Gobierno ha hecho lo indecible por conservar la españolidad en el accionariado de Deoleo, y con ello, el control sobre el aceite, uno de nuestros productos de referencia que da empleo a miles de personas en Andalucía, y que, según datos oficiales, produce el 80 por ciento de todo el aceite español.

A esto se suman los retrasos en dos privatizaciones clave, la de Aena y la de Loterías y Apuestas del Estado, pero también el hecho de que se quiera acelerar el mismo proceso en el caso del ferrocarril, que arrancaría con el corredor de Levante, a lo largo del primer semestre de 2015. Y no podemos olvidar que el Gobierno de Rajoy ha impulsado, además, la quinta edición del Plan de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE), con un presupuesto de 175 millones de euros.

Cambios en las tarifas de la luz, devolución a los consumidores de lo cobrado de más en el primer trimestre -tras fijar por decreto la tarifa eléctrica-, y la rebaja en el precio de los billetes del AVE, están entre las últimas actuaciones de un Gobierno que, ayer, sacó a su candidato europeo, Miguel Arias Cañete, a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para presentar la Ley de Pesca.