Las autonomías podrán aplicar el impuesto sobre depósitos bancarios

Las comunidades autónomas que así lo deseen podrán aplicar un impuesto a la banca, en función del volumen de sus depósitos bancarios en la región, ya que Hacienda está dispuesta a ceder en sus pretensiones de que este tributo tenga carácter nacional.

Según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en declaraciones a elEconomista "no puede ser que un impuesto que no es muy importante se convierta en motivo de confrontación".

El Gobierno introdujo en la Ley de Medidas Tributarias que acompañó los Presupuestos de 2013 un impuesto sobre la banca en función de sus depósitos con un tipo del 0%. De este modo, y dado que dos administraciones no pueden gravar un mismo hecho imponible, Hacienda evitaba que Andalucía, Extremadura y Canarias, las autonomías que ya lo habían implantado, pudieran seguir recaudándolo y evitar que se extendiera a otras comunidades, como Cataluña, que lo aprobó días antes de que lo hiciera el Estado, o Asturias, que lo había incluido en sus Presupuestos de 2013.

Además, interpuso un recurso contra todos estos impuestos regionales ante el Tribunal Constitucional, que provocó suspensión cautelar de los mismos, a la vez que las autonomías recurrieron, a su vez, el impuesto estatal.

"Mi criterio ya lo expliqué en 2012. He tratado de que no se produzcan competencias desleales o traslados de masas de ahorro", insiste el ministro de Hacienda.

No obstante, el Ministerio anunció en marzo su intención de activar el impuesto, con un tipo impositivo muy pequeño, del 0,02%, y con su recaudación compensar a las tres autonomías que ya lo tenían en marcha.

Cambio de idea

Ahora, tras varias resoluciones del Constitucional en las que se levanta las suspensiones cautelares impuestas a algunas autonomías, Hacienda se replantea su postura inicial y más al no considerar el impuesto especialmente importante. El gravamen del impuesto nacional es del 0,02 por ciento y la recaudación prevista de entre 250 y 300 millones de euros.

Montoro insiste en que "el Constitucional levantó la suspensión cautelar y está en vigor donde se ha activado, pero no pasa nada. Mi criterio ya está explicado. No quiero que se me convierta en un elemento discriminatorio, en un debate político que no corresponde en un estado de autonomías que debe avanzar en la corresponsabilidad fiscal".

Por ello, el ministro admite que "ahora mismo se trabaja en todas las hipótesis". Y esas hipótesis pasan por ser más flexible con la aplicación autonómica del impuesto, que en algún caso, como el extremeño, lleva años aplicándose.

Basilea III

El ministro de Hacienda, además, es optimista en cuanto a lograr un acuerdo sobre los activos fiscales diferidos (DTA). Según Montoro "se están avanzando en las negociaciones". Según el titular de Hacienda "lo que buscamos es identificar lo más claramente posible lo que pudiéramos llamar el formato, porque no existe norma europea". Las negociaciones se llevan a varias bandas, ya que en ellas interviene el sector bancario, Economía, Hacienda y también Bruselas.

La banca, que daba por seguro que antes del verano se alcanzaría un acuerdo para modificar alguna norma fiscal, quiere poder seguir contando como recursos de capital de máxima categoría cuantos más créditos fiscales pueda, ya que el acuerdo de Basilea III, que entra en vigor en enero, no permitiría que en su inmensa mayor parte siguieran contabilizándose así.

Es un punto crucial para muchas entidades, ya que en su conjunto están en juego la contabilización de 50.000 millones de euros. La más afectada es Bankia, con unos 9.000 millones de créditos fiscales, mientras CatalunyaBanc podría activar 5.500 millones y Novagalicia, 4.500 millones. El crédito fiscal se produce cuando la entidad sufre una pérdida, que puede ser compensada en su liquidación con Hacienda en los 18 años posteriores.

Según el sector, aunque Hacienda y Economía son receptivos a las reclamaciones de la banca, éstos también deben lograr el visto bueno de Bruselas.

De otro modo, en los próximos test de estrés europeos, programados para la primavera, el sector español podría salir malparado en su comparación con otras entidades europeas, al no tenerse en cuenta las modificaciones que se pactaran. Para el sector es crucial este acuerdo, ya que sus niveles de capital y con ello, la posibilidad de necesitar nuevas ayudas públicas, depende de ello.

La tardanza en conseguirse es una de las causas del retraso en las subastas de las nacionalizadas Novagalicia y CatalunyaBanc, así como de que Unicaja haya añadido otra condición a la compra de Banco Ceiss (Caja España-Duero), y que no es otra de que al fin se llegue a un acuerdo en este tema.