España tira los precios: el permiso de residencia es el más barato de la UE

España se pone a precio de ganga. La reforma legal que prevé el Gobierno para dar papeles a los extranjeros que compren casas por valor de 160.000 euros convierte a nuestro país en un chollo, a diferencia de sus socios europeos, menos permisivos a la hora de abrir sus fronteras. Sólo Letonia es más barato, un país báltico de apenas dos millones de habitantes y escaso interés para los inversores.

Para los ciudadanos chinos, que vivieron con gran expectación el cambio legal de un país que parece desesperado, "estos precios no dan confianza y todos temen que la letra pequeña tenga trampa", explica la socia directora en China de la consultora Emergia Partners, Lijing Ye, que no da crédito al flujo de informaciones que han desbordado a la prensa online. "Ha sido increíble, pero con informaciones muy contradictorias que en nada nos ayudan" se lamenta Lijing Ye.

Las ganas de los ciudadanos chinos por europeizarse han hecho que corran falsos bulos sobre los parabienes de la normativa española. Por 160.000 euros, además de una casa (quién sabe si en la playa) podrá tener otras ventajas sociales como educación y enseñanza gratis, beneficios sociales, una nacionalidad asegurada y, como regalo, paseo libre por el espacio Schengen. "El bulo es tan grande que va a ser difícil pararlo", dice la responsable en el país asiático de una compañía que lleva meses negociando con el Gobierno de Rajoy soluciones para desenladrillar España.

El precio de partida, sin embargo, consideran que es demasiado bajo. "Somos de los más baratos de Europa y eso tampoco nos conviene. Nosotros siempre hemos hablado de cifras que irían entre los 300.000 y los 500.000 euros", dice en España su socio Jacinto Soler Matutes. El analista estima que un 10% de las 300.000 viviendas que se venden al año podría ser para estos compradores, lo que supondría unos ingresos de 8.000 millones.

Además, la propuesta de Emergia Partners contempla también que los nuevos propietarios paguen 5.000 euros sólo por el trámite. Soler hace las cuentas: Hacienda podría embolsarse en una promoción de 500 viviendas alrededor de 2,5 millones de euros.

El precio de sentirse europeo

En el caso de Portugal, la residencia es válida para cinco años y la renovación supondría un coste de otros 2.500 euros. Pero allí, el permiso de residencia tiene un coste de 500.000 euros. También es posible lograrlo si se realiza una transferencia al país luso de un millón. En Irlanda a la compra de inmuebles por un mínimo de un millón de euros, se suma la obligatoriedad de adquirir al menos 500.000 euros en deuda soberana. Un poco más se requiere en su vecino Reino Unido, donde es necesario ser propietario de activos por valor de 2,5 millones de euros.

En Francia puede obtener el permiso de residencia quien se comprometa a crear al menos 50 empleos, o el que invierta más de 10 millones en bienes muebles o inmuebles. En el caso de Alemania la ley no estipula una cantidad minima, pero se abre la puerta para inversiones "con efectos positivos en la economía". En Italia, los visados tampoco tienen precio, debido a que el país transalpino no ha sido víctima de una burbuja inmobiliaria.

Ser estadounidense tampoco es gratis: el Senado estudia la residencia para quien compre una casa de más de 390.000 euros. Como reconocen los detractores de esta medida, España "es el mayor chollo".

Reacciones en cadena

Ante el revuelo levantado, distintos miembros del Gobierno salieron a matizar las palabras del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. Es el caso del ministro de Industria, Jose Manuel Soria, que aseguró que no hay "ninguna decisión al respecto", aunque insistió en que es necesario impulsar medidas para que "el activo inmobiliario salga". Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo que el Ejecutivo aún estudia "los pros y los contras".

Incluso desde el PSOE destacaron la marcha atrás del Gobierno. La vicepresidenta general de la formación, Elena Valenciano, fue la encargada de señalar que "algunos dirigentes" del PP estaban retrocediendo. "Es una ocurrencia que no han concretado y que veo difícil que puedan concretar", sentenció.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, también mostró sus dudas e insistió en que es necesario buscar medidas que sirvan para "aligerar" el stock de viviendas que hay sin vender, pero con precaución, por si "las consecuencias negativas son mayores que las positivas".

Solo la patronal de la construcción mostró abiertamente su respaldo a la medida del Gobierno. La Confederación Patronal de la Construcción (CNC) hizo público que "defiende" y "aplaude" la propuesta, ya que colabora a reducir el stock de vivienda y a "revitalizar el mercado de los no residentes".