Energía

La industria pide contratos a largo plazo con renovables


    Concha Raso

    Una de las peticiones que la industria electrointensiva lleva reclamando desde hace tiempo es la creación de un Estatuto específico que asimile sus condiciones de suministro eléctrico con los de sus homólogos alemanes y franceses. La entrada en vigor del RDL 20/2018 el pasado diciembre, abría la puerta a la esperanza al incluir, entre las medidas de apoyo a la industria, la aprobación, en el plazo de seis meses, del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que se tramitará por vía de urgencia. Toda la información del sector en un solo click

    Como posibles medidas de apoyo, el Marco Estratégico de Energía y Clima aprobado por el Gobierno el pasado 22 de febrero plantea, en líneas generales, el impulso a los contratos bilaterales de energía eléctrica renovable que garanticen precios de la energía estables y competitivos a medio plazo, el reconocimiento del valor que aporta al sistema eléctrico la predictibilidad o estabilidad horaria del consumo del sector, o el estudio y posible reevaluación de las pérdidas técnicas de energía eléctrica para que reflejen mejor las realmente originadas por estos consumidores.

    La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), junto a otras entidades como la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen) y la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel), entre otras, han presentado en la consulta pública un conjunto de propuestas de mecanismos, conforme a la normativa comunitaria, que suponen "exenciones, compensaciones y reducciones de ciertos cargos", muchos de los cuales se vienen aplicando desde hace varios años y "beneficiando a nuestros competidores en detrimento de nuestras fábricas".

    Estos mecanismos, matizan desde Aege, "están dirigidos a todos los componentes que impactan en el precio final de la electricidad: precio de la energía, impuestos y cargos, peajes de redes, otros costes del sistema y compensación por CO2, lo que les permitiría disminuir ese diferencial de precio eléctrico y mejorar la competitividad de la industria". Además, señalan que muchas de las propuestas realizadas se podrían implantar en el corto plazo, "lo que sería una bocanada de aire fresco para esta industria, tan necesitada de buenas noticias".

    Además de las propuestas mencionadas, desde Aege también se ha sugerido el fomento y potenciación de contratos a largo plazo (PPAs) con renovables a precios competitivos, "una de nuestras históricas reivindicaciones", como los que disfruta esta industria en Francia (Tarifa Arenh a 42 €/MWh) y Alemania (con precios por debajo de los 40 €/MWh) y que consideran que es uno de los principales hándicaps con los que se encuentra la industria española. Mientras esto llega, proponen que se debería fomentar "regulatoria y fiscalmente este tipo de contratos con la generación existente en la actualidad".

    Aege confía en que el Estatuto sea un "punto de inflexión"en cuanto al tratamiento que recibe la industria que, tal y como no se cansan de repetir, "ha sufrido en los últimos años una importante pérdida de competitividad por el elevado coste de su suministro eléctrico -que representa hasta el 50 por ciento de sus costes de producción-, con respecto a sus competidores alemanes y franceses". La incertidumbre sobre el futuro de la industria electrointensiva española, manifiestan desde la asociación, "desaparecerá, en gran parte, cuando se adopten las medidas oportunas para lograr un suministro eléctrico competitivo, estable y predecible".

    Conjunto de medidas

    Uno de los principales requisitos de cara a la aprobación del Estatuto, tal y como han manifestado las diferentes asociaciones en las misivas enviadas al Ministerio, es "que se defina la figura del consumidor industrial electrointensivo", para lo que solicitan la incorporación del "criterio de exposición al comercio internacional", justificando que este tipo de consumidor debe tener un trato especial y diferenciado durante la transición energética en virtud de la imposibilidad de trasladar a los precios los aumentos de costes eléctricos, lo que elimina "tanto a las actividades de servicios como a aquellas que, por no estar sometidas a la competencia internacional, no tienen dificultad en trasladar al mercado los incrementos de costes provocados por el coste de las emisiones".

    En este sentido, solicitan que la caracterización de una empresa como electrointensiva tenga una duración de cinco años, pudiéndose revisar a partir del tercer año si se produjeran cambios sustanciales en la intensidad energética de la misma. Por otro lado, las instalaciones que tengan la consideración de intensivas deberán tener una precisión del programa de consumo horario del 75 por ciento y las que opten deberán tener una certificación conforme a la norma UNE de sistemas de gestión de energía.

    Otra de las principales alegaciones que la industria ha hecho al proyecto de Real Decreto que desarrollará el Estatuto destaca, en líneas generales, que la dotación presupuestaria que se dedique tenga un horizonte temporal "de, al menos, 3 años", si bien los planes estratégicos y de inversión de las empresas se desarrollan con horizontes mínimos de cinco años.

    También solicitan la creación de una tarifa específica para los consumidores electrointensivos, con exención del pago de los cargos del sistema eléctrico (extrapeninsulares, energías renovables y déficit de tarifa) en el porcentaje máximo que, en cada caso, permita la legislación vigente, así como eximirles de las aportaciones anuales al Fondo Nacional de Eficiencia Energética

    Por otro lado, piden que las industrias que, a su vez, presten el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, estén exentos de la financiación de este servicio. También solicitan eximirles de hasta el 90 por ciento de los costes derivados de los peajes de transporte y distribución, así como de los pagos por capacidad. De la misma manera, piden buscar soluciones legislativas para poder eximir por ley a estos consumidores, no temporalmente, del impuesto que grava con un 7 por ciento el importe de la generación.

    En línea con estas propuestas, este sector industrial pide aplicar en su integridad la compensación de sobrecostes indirectos, tanto derivados de las emisiones indirectas como por el desarrollo de las renovables; dichos pagos deberán agilizarse y abonarse en pagos trimestrales. Asimismo, consideran positivo encargar al operador del sistema la realización de un estudio sobre las pérdidas técnicas de energía soportadas por los consumidores electrointensivos, que debería estar finalizado antes del 31 de diciembre de 2019.

    Aspapel: "Marco de equidad sin favorecer casos específicos"

    La Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel), considera "fundamental" que el futuro Estatuto, "establezca un marco de equidad para los distintos sectores electrointensivos sin favorecer discrecionalmente casos específicos". En su opinión, "dos empresas con idéntica intensidad eléctrica deben recibir igual nivel de ayuda independientemente de su tamaño". Lo contrario, afirman, "amenaza con introducir distorsión en la competencia y no ser conforme con la normativa comunitaria".