El fin de la venta 'puerta a puerta' deja en el aire más de 12.000 empleos

Las empresas dedicadas a la venta de luz y gas a domicilio están pasando por una situación muy delicada desde que el pasado 5 de octubre el Gobierno prohibiera la contratación de estos servicios de forma directa con los clientes en sus hogares. La medida, incluida en el RDL 15/2018 -actualmente en trámite para su aprobación como Proyecto de Ley y que no afecta a la acción comercial de los distribuidores que instalan gas en viviendas-, podría dejar sin empleo a más de 12.000 personas entre comerciales, verificadores, administrativos, contables, informáticos, operadores de call-center, etc., que trabajan para las cerca de 300 empresas colaboradoras subcontratadas por diferentes comercializadoras en la venta de electricidad y gas puerta a puerta. Suscríbete a elEconomista Energía para estar al día sobre el sector

En tan solo un mes, el 25 por ciento de los trabajadores ha sido despedido y un número elevado de empresas están a punto de colgar el cartel de "cerrado". Aunque no hay una cifra oficial, las pérdidas económicas sufridas por estas empresas en los 30 primeros días de prohibición podrían rondar los 35 millones de euros.

La situación ha dado un giro tan dramático en tan poco tiempo que los afectados han decidido unirse en Pafvic, la Plataforma de Afectados de Fuerzas de Ventas e Intermediarios de Comercio -que pronto se convertirá en la asociación Afvic-, desde la que piden al Gobierno que revierta esta situación lo antes posible para reconducir su actividad.

En declaraciones a elEconomista Energía, la presidenta de la Plataforma, Fuensanta González, se queja de que el RDL "se aprobó a contrapié, sin negociación, sin moratoria y sin posibilidad de reacción por parte de los empresarios y trabajadores afectados".

González califica de "incongruente" que el decreto no permita que la comercializadora pueda llamar por teléfono para concertar una cita y visitar al cliente, sino que tiene que ser éste el que llame para solicitar dicha visita y, sin embargo, "sí permita la venta telefónica de estos servicios energéticos cuando el tipo de contrato que se ofrece es el mismo en ambos casos".

En opinión de la presidenta de Pafvic, la prohibición de la venta presencial "solo beneficia a las grandes comercializadoras". Aunque, actualmente, existen más de 350 comercializadoras en España, "más del 85 por ciento de los clientes están en manos de tres compañías". La nueva regulación, afirma González, "limita la fluidez de ofertas, las grandes se ahorran millones de euros en contratar a las fuerzas de ventas, los clientes seguirán siendo suyos, y a las pequeñas comercializadoras les es muy difícil arañar cuota de mercado a las grandes".

Otro de los impactos que ha provocado el decreto, explica la representante de Pafvic, es "la pérdida de fluidez del consumidor para recibir ofertas, tanto en grandes urbes como en provincias menos desarrolladas". Argumenta que aún existe un número importante de usuarios que, por edad o formación, no cuentan con las herramientas informáticas necesarias para solicitar estas ofertas, "de manera que si no se les visita y se les explica personalmente las opciones a las que pueden acceder, aún teniendo contratos con precios desorbitados y totalmente por encima de mercado en comparación con los precios medios que existen, quedan cautivos de sus compañías actuales".

Desde la Plataforma solicitan al Gobierno que el decreto "se enmiende e incluya una regulación de la venta en visita domiciliaria", a la vez que proponen un reglamento, "a desarrollar en los seis meses posteriores a la tramitación de la ley", que se confeccione contando con todos los colectivos afectados, "cuya finalidad es proteger la libre elección del consumidor y la libertad de los mercados".

Decálogo de regulación

La presidenta de la Plataforma de Afectados ha confirmado a nuestra publicación la reunión mantenida a principios de noviembre con el Ministerio de Transición Ecológica, donde presentaron un proyecto de regulación del sector para la venta directa de productos energéticos a domicilio, compuesto por un conjunto de 10 medidas destinadas a proteger al consumidor y velar por la profesionalidad del sector.

Por un lado, se propone no ofertar ni vender productos energéticos a consumidores con bono social ni a personas mayores de 75 años. Además, al objeto de restar molestias a los clientes, se propone que el horario de venta se realice, como máximo, hasta las 8 de la tarde.

Por otro lado, para certificar la calidad de la venta, una vez que el comercial haya realizado un contrato en el hogar de un cliente, deberá hacerse obligatoriamente una llamada de verificación en menos de 48 horas posteriores a la visita, que será grabada, y donde se informará al consumidor de cuál ha sido el servicio que ha contratado y el precio del mismo.

Esta práctica ya la realizan la mayoría de las empresas, pero no todas -sobre todo las más pequeñas-, de ahí que "queramos que se convierta en una obligación para evitar problemas", explican desde Afvic. El cliente puede paralizar el contrato en la llamada de verificación y, tal y como contempla la ley, dispone de 14 días para desistir y anular la contratación realizada.

Otra de las medidas propuestas por Afvic especifica que cuando un usuario firme un contrato con cambio de comercializadora, automáticamente será baja de mantenimiento. No podrá tener un contrato y mantenimiento con empresas diferentes. De esta manera, el cliente estará tranquilo, y no confuso como hasta ahora, con la duplicidad de facturas y servicios.

Aunque desde el sector son conscientes de que la prohibición del decreto puerta a puerta viene motivada, principalmente, por "la campaña de desprestigio realizada desde alguna organización de consumidores por el aumento de las quejas relacionadas con este tipo de servicios", quieren dejar claro que solo 112.000 de los 1,5 millones de reclamaciones registradas, están relacionadas con este canal de ventas.

Partiendo de esta base, otra de las propuestas incluidas en el decálogo de Afvic aboga por la tolerancia cero contra los piratas. Para ello, proponen el establecimiento de una lista de comerciales expedientados por fraude que, "aún siendo un número residual, crean una alarma social entre los consumidores".

En este sentido, las eléctricas estarán obligadas a comunicar a Afvic el nombre del trabajador que ha causado baja en la empresa por este motivo. De este modo, explican, "paralizaremos el trasvase de comerciales de una comercializadora a otras cuando haya sido expulsado por mala praxis. Una práctica que, a día de hoy, se produce debido a la falta de comunicación entre comercializadoras y la ausencia de una regulación específica". Desde Afvic también apuestan por la contratación de un servicio jurídico para bloquear y denunciar los canales o cauces fraudulentos que se produzcan.

Como medida de garantía, la futura asociación, que pretende convertirse en referencia del sector, propone que las comercializadoras solo trabajen -o procuren hacerlo- con empresas asociadas a Afvic. Asimismo, pretenden establecer una identificación para todos los socios -ISO o similar- y que los certificados de vendedor o comercial del sector sean examinados por una empresa auditora.

La última medida se centra en la creación de un Consejo Regulador de las Fuerzas de Venta, formado por el Gobierno, Afvic, las organizaciones de consumidores y las comercializadoras eléctricas.

Naturgy se desliga de esta estrategia de venta

Naturgy ha dado un paso rápido y definitivo al retirar la modalidad 'puerta a puerta' de su estrategia de venta. La compañía que preside Francisco Reynés, fue la primera que, tras denunciar la mala praxis de los comerciales fraudulentos, impulsó un código de buenas conductas y vigilancia para evitar abusos por parte de estas contratas, antes de que el gobierno legislase al respecto. Con teléfono de denuncias incluido, se penalizó a 87 empresas colaboradoras por malas prácticas comerciales, inhabilitando a más de 100 comerciales.

La compañía considera que el mercado de comercialización en España es lo suficientemente maduro para acabar con esta modalidad y actualmente el consumidor tiene diferentes opciones para informarse. A este respecto, Naturgy inició hace semanas una campaña informativa a todos sus clientes para que conozcan esta prohibición.

En estos momentos, las grandes compañías eléctricas están colaborando con estas subcontratas para buscar vías de colaboración en otros campos donde sí está permitido el 'puerta a puerta', como el sector de las pymes, el industrial y de grandes empresas, a la vez que se abren nuevas vías para llegar al cliente, a través de corners informativos en centros comerciales.