Las centrales no cerrarán si abaratan la luz al consumidor

Las grandes centrales eléctricas no podrán cerrar, aunque así lo deseen sus propietarios, si el Gobierno considera que son necesarias para cumplir los objetivos climáticos y para que no se disparen los precios de la luz. Hasta ahora, la prohibición del cierre sólo atendía a la seguridad de suministro, es decir, a impedir que se produzcan apagones.

El Ministerio de Energía ha remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una propuesta de Real Decreto que regulará el cierre de las centrales eléctricas mayores de 50 MW. El Gobierno lleva trabajando en ella desde que las empresas propietarias de las plantas empezaron a anunciar el cierre de las que consumen carbón, poco antes del verano.

El 3 de agosto lanzó una consulta pública al respecto y una nota de prensa remitida por la cartera dirigida por Álvaro Nadal anuncia que la nueva regulación se aplicará a todos los cierres de centrales que se hayan solicitado a partir de esa fecha y que aún no se hayan resuelto.

Ahora, cuando una compañía informe al Ministerio de que quiere cerrar una planta, ya sea por cuestiones económicas o por cualquier otra razón, deberá remitir varios documentos, como una memoria justificativa en la que se desglosen las circunstancias técnicas, económicas, ambientales o de cualquier otra índole que fundamenten el cierre, así como información técnica de la instalación y un plan técnico y económico del proceso de desmantelamiento.

Acto seguido, el Ministerio pedirá informes al operador del sistema eléctrico, REE, al gestor del sistema gasista, Enagás, a la CNMC y a los demás organismos que puedan estar implicados en todo el proceso.

Transmisión por subasta

En función de estos informes, el Ministerio decidirá si autoriza el cierre o lo deniega. En este segundo caso, el propietario debe decidir si quiere seguir operando la planta o prefiere transmitir la instalación a un tercero, algo que podrá hacerse mediante una subasta y que, de este modo, cumpliría con las directrices regulatorias establecidas por Bruselas.

Si la subasta quedase desierta, el Ministerio podrá establecer un esquema de compensación -ayudas- para que la central siga generando energía, pero al menor coste posible para los consumidores y, en todo caso, con un coste para ellos siempre menor al beneficio económico que obtendrán con la continuidad de su actividad.

Las grandes empresas eléctricas han planteado el cierre de varias centrales de carbón porque no resultan rentables, como son los casos de Gas Natural Fenosa y Endesa, o porque va en contra de su política ambiental, como es el caso de Iberdrola, que la semana pasada anunció el cierre de sus dos últimas plantas de negro mineral en España, Lada y Velilla.

Este mismo lunes se produjo un cruce de declaraciones entre Nadal e Ignacio Sánchez-Galán a cuenta del anuncio: el ministro sostuvo por la mañana que el cierre es una "decisión empresarial que no es compatible con la política energética" del país, y el presidente de Iberdrola se mostró confiado por la tarde en que el Gobierno no "vaya a poner dificultad" a sus planes.

El Ejecutivo del PP ha intentado sumar a los partidos políticos de la oposición a su plan para intervenir el mercado de generación en función de los precios del mercado eléctrico y los imperativos climáticos sin conseguirlo.