Energía busca un pacto con el PSOE para intervenir en el cierre de plantas nucleares

El ministerio de Energía está dispuesto a intervenir en el liberalizado mercado de generación eléctrica. Según explicaron este jueves fuentes del departamento, el Ejecutivo está preparando un Real Decreto Ley que le permitirá mejorar la gobernanza energética para poder garantizar que se logra el mix energético que se propondrá a Bruselas para 2030 y 2050. El Gobierno dará dos años para decidir el futuro de las nucleares.

De este modo, la intención del Gobierno es poder tener voz en las decisiones de cierre de las centrales. Si una eléctrica pide el cierre de una central, el Ejecutivo deberá considerar si la misma es importante por motivos económicos o sociales para la zona y podrá optar por un mecanismo de mercado (previsiblemente una subasta) para evitar que se cierre.

Si esta medida se adoptase, resultaría importante recordar que los empresarios de Confemetal se mostraron en su día dispuestos a comprar la central de Garoña.

Fuentes del ministerio explicaron que el Gobierno necesita herramientas para poder intervenir en el mix energético español y que si se produjera una fuerte bajada del precio del carbón y las empresas quisieran abrir nuevas centrales, al tratarse de un mercado liberalizado, podrían hacerlo. Por ese motivo, quieren tener en su mano una herramienta que les facilite el cumplimiento de los objetivos comunitarios y de reducción de emisiones.

Apoyo socialista

Para lanzar este proyecto, el Gobierno quiere contar con el apoyo del Partido Socialista y de hecho le han planteado a la consejera de Economía de Aragón, Marta Gastón, que se convierta en la negociadora de este asunto con su partido.

El Gobierno prepara también junto con los grupos parlamentarios la aprobación en dos semanas de una proposición no de ley planteada por la diputada Pilar Lucio del Partido Socialista sobre cambio climático. Esta proposición, tal y como adelantó elEconomista, permitirá la creación de un grupo de expertos que elaborarán un documento que tendrá que remitirse al Congreso a la ponencia de cambio climático y al Gobierno.

Sobre las bases de estos informes, más los que elabore la comisión interministerial creada el pasado mes de abril, el Ejecutivo podrá presentar el plan energía y clima a finales de año y elaborar en base a los mismos la próxima ley de transición energética y cambio climático.

Otro camino distinto se espera que siga Garoña. Las eléctricas siguen sin tener una posición común sobre el futuro de la misma, aunque se da prácticamente por cerrada. El Gobierno tiene que abrir un plazo de tres semanas de alegaciones, un extremo que se puede producir este próximo mes de junio, porque el Ejecutivo tendrá que adoptar una decisión en agosto sobre si renueva la central y la vida que les otorga para que posteriormente sean las eléctricas las que decidan si siguen adelante.

El sector, no obstante, mantiene la dudas sobre la postura del ministerio ante el anunciado cierre de Compostilla y Andorra. Endesa no está dispuesta a realizar las inversiones en desulfuración que necesitarían estas plantas para seguir operando y, de hecho, la intención del grupo Enel es desprenderse progresivamente de todo el carbón de aquí a 2030.