El butano sube otro 5% y suma un aumento del 20% en nueve meses

El precio de la tradicional bombona de butano de 12,5 kilogramos subirá el próximo 21 de marzo un 5% hasta los 13,52 euros. El incremento, no obstante, volverá a situarse por debajo del resultado que daría la fórmula y que marca un aumento del 14,35% hasta los 14,74 euros, ya que el coste de la materia prima se ha encarecido casi un 20%.

Con este escenario, la situación del sector del butano se vuelve cada día más complicada, ya que la limitación de los incrementos de precio de la bombona regulada al 5% están llevando el precio cerca de pérdidas. El pasado mes de enero la bombona subió otro 5% aunque el aumento necesario superaba el 12%.

Desde que la bombona de butano se situó en su precio mínimo en julio de 2016 cuando se pagaba a 11,27 euros, el precio se ha incrementado un 19,9%. No obstante, en ese mismo periodo el precio del petróleo ha registrado un incremento superior ya que ha pasado de una media de 39,73 dólares en junio a 55 dólares por barril.

El sector ya se vio forzado a llevar al Gobierno ante los tribunales por esta cuestión y a lo largo de los últimos meses ha logrado ganar importantes pleitos por haberles forzado a vender a pérdidas.

200 millones en juego

La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha avalado varias sentencias de la Audiencia Nacional que obliga al Estado a indemnizar a Repsol, Cepsa y Disa obligarles a vender butano a pérdidas. En concreto, el tribunal ha desestimado varios recursos de casación presentado por el abogado del Estado y ha confirmado de esta forma la sentencia de la Audiencia, en la que se reconoce una compensación a la que deben sumarse los intereses.

Con este importe, quedarán compensados los daños sufridos por las empresas relacionados con la aplicación de la orden ministerial ITC/2/2608/2009 en la que se fijaban los precios máximos de venta de la bombona de butano. Esta orden fue declarada nula por el Supremo el 19 de junio de 2012.

Tras la anulación de la orden, Repsol, Cepsa y Disa tuvieron que demostrar que su aplicación le supuso un perjuicio económico. Al aplicarse la prueba pericial, se han calculado los ingresos que la empresa habría obtenido de estar en vigor el anterior precio máximo.

Según las cuentas que realizaron fuentes del sector, el Gobierno deberá indemnizar con más de 200 millones de euros a las petroleras por esta cuestión.

En las cuentas de 2016 Repsol se ha anotado 80 millones de euros correspondientes a la reclamación por los daños ocasionados por la aplicación de la fórmula de precios máximos de venta de GLP envasado durante el cuarto trimestre de 2009 y el ejercicio 2010.

Adicionalmente, se han reconocido ingresos financieros, 21 millones de euros correspondientes a los intereses legales asociados a los procedimientos judiciales en reclamación de los daños ocasionados por dicha Orden. En 2015 se reconocieron ingresos por importe de 37 millones de euros en relación con los daños ocasionados por la aplicación de la anterior fórmula durante el ejercicio 2011 y los tres primeros trimestres de 2012.

Cepsa tiene derecho a percibir 46 millones y Disa otros 10 millones más los intereses legales.

Bombona libre

El Gobierno decidió liberalizar la bombona de butano de Cepsa, menos pesada, y permitir que la petrolera aplicara un precio libre en el mercado, es decir, algo más caro que el regulado y sin obligaciones de servicio a domicilio. La compañía comenzó a partir de ese momento a extenderse por algunos de los principales mercados donde antes no operaba ( Cataluña, País Vasco y recientemente Canarias) y forzó a Repsol a lanzar una botella de las mismas características, la llamada K-12. Esta bombona, que sólo se distribuye en las estaciones de servicio, tiene también un precio libre.

Repsol sigue manteniendo la obligación de suministro a domicilio y a las islas, lo que en muchos casos supone costes adicionales para la compañía que mantiene una cuota de mercado de más del 70%.

La petrolera además ha tenido que acometer un proceso de ajuste en el negocio de butano en España para tratar de mantener su rentabilidad.

Con los 200 millones que el Gobierno tiene que pagar y la situación actual del sector, fuentes consultadas por este diario, no descartan que pueda abrirse una negociación entre las compañías y el Gobierno para mejorar la situación del butano en España.