El Supremo investiga los costes de mantener el Castor

El Tribunal Supremo ha solicitado al Ministerio de Industria varios informes y certificaciones sobre los gastos derivados del mantenimiento del almacén subterráneo de gas Castor por parte de Enagás, así como sobre la ampliación de la indemnización para la empresa promotora, Escal UGS -participada en un 66,6% por ACS-, acordada en noviembre de 2015 -por 295,6 millones de euros, lo que eleva el total a más de 1.645 millones-.

En lo que se refiere a Enagás, el Tribunal quiere recibir las auditorías "sobre las labores concretas y costes de mantenimiento y operatividad" por parte de Enagás en las instalaciones de almacenamiento.

Además, pide la notificación a la Comisión Europea del pago a Enagás de 17,3 millones "o, en caso de no haberse producido -certificado- de la inexistencia de la misma". En este sentido, apunta que "la prueba de las auditorías tiene como finalidad determinar si la cantidad que se paga responde a la realidad de los costes o a otros intereses".

Estas diligencias se enmarcan en la tramitación del recurso contencioso-administrativo presentado por la Generalitat de Cataluña, que cuestiona que se considere como "costes del sistema" los gastos de mantenimiento de la infraestructura del Castor y que se autorice la repercusión de éstos en la tarifa que pagan los usuarios. El recurso fue admitido a trámite por el Supremo en diciembre.

La Generalitat considera que el coste de mantenimiento de la instalación -que se estima en unos 17 millones de euros al año- no puede cargarse a los consumidores porque nunca entró en servicio.

Industria ordenó, en septiembre de 2013, el cese de actividad del Castor, tras registrarse más de 500 seísmos en su entorno, que el Instituto Geológico y Minero vinculó a la planta. Enagás finalizó, en marzo, la hibernación del almacén, con un doble sellado de los pozos, tras vaciar de gas la plataforma, el gasoducto y las instalaciones de tierra.