S&P pone en duda el 'rating' de Redeia por el apagón y la baja retribución de la red

S&P mantiene la incertidumbre sobre la calificación crediticia de Red Eléctrica y asegura que en un plazo de tres a seis meses tiene un 50% de probabilidades de rebajar un escalón su nota. El desenlace dependerá de tres factores clave: el diseño final del marco retributivo de la CNMC, el calendario y volumen de inversiones que defina el próximo Plan de Desarrollo de la Red de Transporte 2026-2031, y la política financiera de la propia compañía.

Para S&P, "la regulación para el periodo 2026-2031 ofrece un apoyo insuficiente en el contexto de las ingentes necesidades de inversión futuras y sigue siendo más débil que en otros mercados de Europa Occidental".

La agencia de calificación crediticia, indica que los cambios planteados, si bien reducen el desfase del marco vigente y mejoran la trayectoria de ingresos del grupo, resultan menos favorables de lo esperado en un contexto de fuerte incremento de inversiones.

El aumento de la tasa de retribución financiera hasta el 6,46% en términos nominales y antes de impuestos (frente al 5,58% actual) es relativamente modesto en comparación con sus homólogos y poco probable que sea suficiente para atraer capital, reflejando principalmente el alza de los tipos libres de riesgo.

La menor inversión relativa durante la última década en comparación con otros países de Europa Occidental, lo que ha limitado la base de activos regulados a unos 10.000 millones en 2024 y ha lastrado la trayectoria del EBITDA entre 2018 y 2024, por los activos amortizados previos a 1998. El aumento previsto del capex en 2026-2031 podría implicar riesgos adicionales.

S&P indica que la posible interferencia política se sigue considerando como una debilidad relativa, dado que el plan inversor de Redeia se deriva del desarrollo definido por el Gobierno, mientras que la fijación de tarifas está supervisada por el regulador.

Por otro lado, la agencia reconoce que la responsabilidad de Redeia, incluso parcial, no fue reconocida legalmente por el Estado en su informe técnico del 17 de junio sobre las causas principales del apagón. No obstante, S&P añade que un próximo informe de la CNMC deberá abordar la responsabilidad formal de cada actor en lo que el Gobierno ha descrito como un problema sistémico. Además, en su propio informe técnico, Redeia explicó que había cumplido en todo momento con los procedimientos operativos establecidos por el regulador.

Impacto del apagón

Ante esta situación, la agencia especifica que "más allá del impacto reputacional, el apagón pone de relieve la complejidad de operar el sistema eléctrico español".

Asimismo, indican que mientras el proceso de atribución legal de responsabilidades no se cierre, podrían plantearse reclamaciones para Redeia y los generadores eléctricos por parte de consumidores finales, tanto empresas como particulares, a través de comercializadoras y distribuidoras.

"Consideramos que las valoraciones preliminares sobre compensaciones económicas llevarán tiempo, y que los procedimientos judiciales podrían alargarse durante años. Los resultados podrían tensionar aún más el perfil financiero del grupo en ausencia de medidas correctoras" sostiene S&P en su informe, que añade además que el efecto positivo de la venta de Hispasat se ve compensado por el impacto negativo del episodio del apagón.