Perú contrata la defensa para anular el laudo a Enagás de 302 millones

El Estado de Perú, reacio a abonar 302 millones a Enagás, se parara para anular el laudo que le dio el pasado mayo la razón a la gasista española. Según consta en una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas del país andino, Perú ha aprobado la contratación de los servicios de asesoría legal al estudio Arnold & Porter Kaye Scholer LLP a cambio de algo menos de dos millones y medio de euros (10.181.250 millones de soles peruanos).

Este contrato constata el próximo movimiento del Gobierno de Perú, dispuesta a anular la última resolución emitida el pasado mayo por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), entidad adscrita al Banco Mundial.

Según esta última resolución, Perú debe abonar a la compañía dirigida por Arturo Gonzalo Aizpiri aproximadamente 302 millones de dólares (258 millones de euros), incluyendo intereses y costas.

El laudo tiene como origen la cancelación en 2017 del proyecto de Gasoducto Sur Peruano (GSP), concedido en 2014 a un consorcio de empresas del que formó parte Enagás, además de la peruana Graña y Montero —actualmente Aenza— y la brasileña Odebrecht —actualmente Novonor—. De hecho, Odebrecht da nombre a uno de los casos de corrupción más relevantes de Amércia Latina, en el que la compañía pagó sobornos y comisiones a cambio de concesiones en 12 países, incluyendo Perú.

Si bien la adjudicación del GSP al consorcio pudo producirse, como alega Perú, de manera injusta, el Ciadi considera que Enagás debe ser compensada, ya que la gasista realizó una inversión millonaria en el proyecto.

"El inicio del procedimiento de anulación contra este laudo representa la continuación de una búsqueda incansable del Estado peruano en lograr una adecuada administración de justicia en el sistema de solución de controversias inversionista-Estado, la prevalencia de los principios de derecho internacional público, y la protección de las políticas públicas de la lucha contra la corrupción, en aras de resguardar los altos intereses del Perú", señala el país andino.