La UE libera a España de indemnizaciones por las renovables de más de 2.698 millones

La Comisión Europea ha asestado un duro golpe a los fondos que encabezan las reclamaciones por la modificación del esquema de apoyo a la electricidad renovable. Su reciente decisión sobre el caso de Antin es trasladable, según el Gobierno, al resto de casos intraeuropeos, lo que libera a España directamente de un pago de hasta 2.698 millones de euros.

Según fuentes gubernamentales, los ocho casos pendientes (que reclaman 1.347 millones) corresponden a inversores intracomunitarios lo que significa que cualquier pago que pudiera derivar de futuros laudos quedaría automáticamente invalidado.

A esa cantidad se suma que de los 1.514 millones sobre los que España ya había sido condenada a pagar a los fondos, un total de 1.291 millones son de fondos intracomunitarios y, por lo tanto, sería también ilegal su cobro.

En el caso de que España debiera pagar alguna indemnización como resultado de alguno de esos procedimientos, cabe la posibilidad de que los tenedores originales de los laudos, aunque hayan vendido los derechos a fondos especializados en pleitos, deban indemnizar al propio país de un modo proporcional a las cantidades ejecutadas. Así lo decidió en febrero de 2024 un tribunal holandés sobre un caso de AES Solar y Ampere, en el que vendieron los derechos a Blasket.

Bruselas remitió además a los fondos a la justicia europea pero el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional ya rechazaron los recursos presentados por los inversores nacionales contra la rebaja de la rentabilidad.

En total se han presentado 51 arbitrajes en distintos tribunales, sobre todo en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial con reclamaciones que ascienden a más de 10.635 millones de euros.

El Reino de España no tiene constancia de ninguna posible notificación judicial y ningún inversor se ha preocupado por esta cuestión; en realidad se trata de unos programas en divisas en cuyas condiciones incluía un impago de deuda pública que no puede asimilarse a los arbitrajes.

Sobre el embargo del 26% de las acciones de Aena del aeropuerto de Luton, en Londres, realizado el pasado julio, sin audiencia del Reino de España. En septiembre el juzgado desestimó las medidas cautelares solicitadas por los demandantes, NextEra, y dejó sin efecto las medidas anteriormente adoptadas. Además, condenó a los demandantes a pagar las costas que el proceso había provocado.

La UE decidió abandonar el Tratado de la Carta de la Energía en abril de 2024, al considerar que su aplicación impediría cumplir los objetivos de la UE y lastraría la acción climática de los Gobiernos con demandas millonarias para proteger los intereses de la industria de los combustibles fósiles.