Tarifa inicia un piloto para valorizar las algas que invaden sus costas

Son 40.000 toneladas que ahora se observan como un residuo contaminante pero que, con el correcto tratamiento, pueden convertirse en energía eléctrica y, más allá, en un rico fertilizante natural.

La enorme montaña de algas Rugulopterix okamurae que se ha integrado ya en el paisaje de la depuradora de Tarifa, en Cádiz, se sigue revelando como uno de los más potentes ejemplos de la deficiente gestión que se realiza en España con de determinados desechos; una enorme bola que las administraciones se pasan entre sí sin ser capaces de, siquiera, de determinar quién se apunta el tanto de haber sabido convertir la crisis en, como tantas veces, oportunidad.

No obstante, y acuciado por una situación que promete complicarse, Tarifa ha abierto la puerta a la colaboración público-privada para valorizar las algas que invaden sus playas transformándolas en biogás, electricidad y biofertilizantes absorbiendo el metano que desprenden estos organismos durante su proceso de descomposición. El Ayuntamiento de la ciudad gaditana ha aprobado la instalación de un biorreactor experimental que mostrará, a modo de prueba piloto, la potencialidad de la planta de tratamiento que la empresa valenciana Poplac Development le propone habilitar de forma definitiva.

Esa instalación será capaz de generar un cuarto de megavatio por cada 15.000 toneladas de restos tratados y proporcionará, además, fertilizantes ecológicos para agricultura, cerrando así el ciclo de aprovechamiento. "Estas iniciativas no solo responden a la problemática de la acumulación de desechos marinos en las costas, sino que también generan valor en sectores clave como la energía, la agricultura y la regeneración de ecosistemas", destacan los responsables de Poplac Development, que subrayan el éxito de modelos similares que actualmente funcionan en las costas de México.

Una crisis comparable a la del Prestige

Oficialmente, las algas son consideradas residuos urbanos y su retirada y gestión se atribuye a los ayuntamientos. Este tipo de desechos, siguiendo las pautas del Gobierno central, deben ser trasladados a instalaciones autorizadas para ser quemados y, posteriormente, enterrados para evitar emisiones. Así, en este caso, el Ayuntamiento de Tarifa tendría que asumir los cinco millones de euros que cuesta transportar las algas al vertedero comarcal de Los Barrios, una cantidad inasumible que, según el equipo de Gobierno local, supondría la ruina del pueblo.

Más allá, las 40.000 toneladas que esperan junto a la depuradora de Tarifa son sólo un pellizco de la cantidad de algas invasoras que salpican ahora mismo la zona. En total son unas 100.000 toneladas, según los mismos cálculos que señalan que esa cantidad sólo puede crecer, por los nuevos ciclos marinos que cada vez arrastran mayores cantidades a la costa.

Hoy por hoy, el Gobierno central no plantea otra alternativa que el traslado a los puntos autorizados, vetando la posibilidad de que empresas privadas dispuestas a sacar partido comercial a los desechos se impliquen en su retirada. Por su parte, la Junta de Andalucía descarga la responsabilidad en los ayuntamientos, apuntando que las algas son residuos municipales.