Luz verde a la repotenciación voluntaria de nueve parques para quitar 286 molinos y aumentar en un 35% su producción

El Gobierno gallego dio luz verde ambiental en el último año a los proyectos de repotenciación voluntaria de nueve parques eólicos, lo que se traducirá, según la Xunta, en una mejora sustancial de su eficiencia y reducirá á vez el impacto sobre el territorio y el paisaje. Ello supondrá eliminar 286 aerogeneradores -pasan de los 361 que hay actualmente a 75- y aumentar en un 35% su capacidad de producción de energía renovable.

Un informe de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático sobre los proyectos de repotenciación eólica tramitados recoge estos datos y analiza a su contribución a los objetivos fijados en materia de descarbonización y transición energética.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó, al finalizar el Consello, que todas estas mejoras se lograrán gracias a una mayor eficiencia de los actuales parques, ya que "repotenciar consiste en sustituir las máquinas instaladas por otras más eficientes", de forma que con muchos menos molinos se garantice la misma potencia, mismo se incremente de forma sustancial la producción renovable.

Se estima que una vez realizadas las mejoras, estos nueve parques eólicos pasarán de generar 615.000 MWh/año a 828.000 MWh/anuales, lo que equivale al consumo eléctrico de más de 230.000 familias. En todo caso, estos no serán los únicos beneficios ambientales asociados a los proyectos, ya que, una vez se ejecuten las repotenciaciones solicitadas, los nueve parques incrementarán en más de 100.000 las toneladas de CO2 al año.

De esta forma, la Xunta continúa avanzando en el proceso de descarbonización de la comunidad, aplicando el mismo criterio que la UE, que considera las renovables de interés público superior, tanto si se trata de proyectos de nueva implantación como de mejoras en los ya existentes.

Balance

A modo de balance, desde 2024 los plazos de autorización administrativa se acortaron pasando de tardar años a meses para cumplir con el mandato comunitario de agilizar este tipo de procedimientos y garantizar que no superen los dos años. Así, tres de los nueve parques eólicos con proyectos de repotenciación presentaron sus solicitudes en diciembre de 2023, febrero de 2024, y marzo de 2024, y recibieron la autorización ambiental da Xunta en el plazo de un año o menos.

Del total, cuatro cuentan con la autorización necesaria para poder iniciar las obras de adaptación, y los otros cinco están pendientes de los últimos trámites, por lo que se prevé que queden autorizados en las próximas semanas. Además, Rueda destacó que otros "cinco parques ya completaron el proceso y lograron reducir en un 80% el número de molinos sin mermar a producción de energía.

La inversión total prevista para estos nueve proyectos alcanza los 321 millones de euros y cuentan con una subvención de más de 54,58 millones procedentes de fondos europeos. El presidente gallego recordó que las emisiones netas de gases de efecto invernadero en la región bajaron en 2022 un 59,8% respecto al año 1990.

Ese año fue de referencia para las políticas climáticas a nivel comunitario, un dato que posiciona a la comunidad como la que logró una mayor reducción en este período y que "supera ya o objetivo marcado por la UE para finales de esta década con un 55%", destacó.

Pendientes del Tribunal Europeo

En la actualidad, "casi el 45% do consumo energético final" en la autonomía procede de fuentes renovables, por lo que se cumple también el objetivo marcado por la directiva comunitaria de cara al año 2030, que fija este porcentaje en un mínimo del 42,5 por ciento.

Galicia necesita incrementar la actual potencia eólica instalada en algo más de 3.900 MW distribuidos entre 190 parques para acercarse al objetivo de la neutralidad climática en el horizonte de 2040. Por esta razón, unos 98 parques eólicos con autorización por parte da Xunta y con una potencia de 2.555 MW asociada están afectados por recursos judiciales.

Esta situación tiene un impacto directo en los objetivos gallegos de descarbonización, ya que sólo con la ejecución de los proyectos bloqueados se evitaría la emisión de 2,5 millones de toneladas de CO2 anuales, lo que se traduce en la cuarta parte de las toneladas que Galicia debe reducir para llegar al horizonte de neutralidad climática.

El pasado mes de noviembre la Xunta decidió presentarse como parte interesada en la cuestión prejudicial que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia elevó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con relación a la tramitación ambiental de los proyectos en Galicia, un paso que también dio el Gobierno central en su momento para defender la transposición de la directiva comunitaria que realizó en su Ley de Evaluación ambiental de 2013.