Los repartidores de butano piden subir a 4,80 euros la comisión por botella

Las empresas encargadas de repartir las bombonas de butano en España están pasando por un momento crítico. Argumentan que la retribución que perciben por cada bombona que reparten lleva más de una década sin actualizarse y, por tanto, no cubre los costes reales del servicio, lo que está provocando que trabajen a pérdidas.

Iago Castro, presidente de la Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (FEDGLP), explica a elEconomista Energía que las agencias distribuidoras "llevan varios años soportando crecientes costes operativos –encarecimiento del carburante, incremento de los costes laborales y exigencias medioambientales–, que hacen muy difícil continuar con el servicio bajo las condiciones actuales".

Esta situación, que según comenta Castro afecta a más de 170 empresas distribuidoras y pone en peligro la continuidad de cerca de 4.000 empleos, "ha pasado de ser complicada a convertirse en insostenible".

"Por un lado –señala Castro– pedimos que se actualice la Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, donde se recoge la fórmula que se utiliza para calcular los costes de comercialización –que incluyen todos los costes necesarios para poner esta energía a disposición del consumidor, incluyendo los correspondientes al reparto domiciliario– y, por otro lado, pedimos que se actualice la comisión por bombona repartida".

Respecto al coste de comercialización, añade Castro, "este año tan solo ha subido un céntimo de euro por botella, lo que a todas luces es insuficiente y demuestra lo obsoleto de la fórmula". La retribución que reciben las agencias distribuidoras, comenta el presidente de la FEDGLP, "se actualiza una vez al año y es independiente de las modificaciones bimensuales del precio de la botella".

De hecho, Castro recuerda que el precio de la bombona regulada en España –que no puede superar los 19,55 euros– cuesta la mitad de lo que vale en otros países europeos como Portugal y Francia, cuyo valor asciende a 30 euros, o Reino Unido, donde una botella cuesta 50 euros, "de manera que la actualización de la Orden IET/389/2015, seguirá manteniendo que la bombona regulada sea la más económica de Europa, garantizando a la vez la calidad del reparto domiciliario y sentando las bases para la migración del sector hacia una energía de origen 100% renovable en 2050", afirma el presidente de la FEDGLP.

Respecto a la comisión por bombona repartida, Castro explica que la comisión media que reciben los agentes de distribución está en el entorno de los 3 euros por botella, "una cantidad con la que tienen que hacer frente al pago de salarios, almacenes, administración, camiones, combustible, etc., y que nosotros consideramos, en base a los distintos estudios realizados y presentados al Ministerio, que la comisión debería ser 4,80 euros por botella".

Paros en noviembre y diciembre

Después de muchas conversaciones con el Ministerio de Transición Ecológica para hacerles entender la situación, en junio de este año el Miteco decide lanzar una consulta pública previa sobre la modificación de la Orden IET/389/2015, que queda en stand-by durante el verano. Como la cosa no avanzaba y ante la negativa de convocar una reunión formal con las agencias distribuidoras para avanzar en la negociación, la FEDGLP toma la decisión, el 21 de octubre en Asamblea General, de suspender temporalmente el reparto domiciliario de bombonas, desde el 5 noviembre hasta el 23 de diciembre, un día cada semana.

Los paros no han afectado a los puntos de venta ni a usuarios en situación de vulnerabilidad social, centros educativos, sanitarios, de atención social, residencias de mayores, ni a instituciones sin ánimo de lucro. Tampoco se ha visto suspendido el servicio en la Comunidad valenciana y en aquellas zonas afectadas por la DANA, donde se decidió duplicar el servicio de reparto.

Borrador insuficiente

Coincidiendo con el primer día de suspensión, el Ministerio decidió avanzar la consulta pública hacia un borrador de orden ministerial. Sin embargo, señala Castro, "aunque la propuesta de texto reconoce todos los problemas que nos han ido afectando en estos últimos años, la propuesta numérica se aleja mucho de nuestras peticiones, de manera que solo reconoce una subida de 30 céntimos por bombona repartida, lo que supone 6 veces menos de lo necesario para revertir la situación, siendo además inferior a los casi 40 céntimos de déficit que la propia CNMC indicaba que ya existía en el lejano 2015".

El proceso de alegaciones se cerró el 25 de noviembre. "Nosotros hemos presentado nuestras alegaciones, las operadoras también, así como el resto de actores del sector y, ahora mismo, estamos en un limbo burocrático", afirma Castro.

"Tenemos la esperanza puesta en que el Ministerio revise al alza el borrador y publique de modo inminente la nueva orden ministerial, los números aportados son irrefutables y es urgente revertir la situación actual y frenar la erosión de un servicio esencial del que se benefician diariamente más de 6 millones de hogares españoles –muchos de ellos en áreas rurales alejadas de las redes de distribución y en hogares en riesgo de exclusión y vulnerabilidad– y que supone el reparto de más de 50 millones de bombonas de butano al año", añade el presidente de la Federación.

Los operadores también se quejan. Desde la Asociación de Gas Licuado (AGL) afirman que "la situación de inflación generalizada ha incrementado los costes operativos de transporte y distribución del gas, pero la fórmula con la que el Gobierno establece actualmente los precios de venta no refleja esta realidad, lo que ha llevado a una situación insostenible para un sector que es esencial, tanto para la industria como para los hogares, y que se agrava especialmente en el caso de regiones como Canarias, ya que su condición de región ultraperiférica solo agrava unos costes que tampoco están siendo reconocidos en la fórmula actual".

Para contribuir a la resolución de esta problemática, la Asociación de Gas Licuado, que lleva varios años trabajando para divulgar e impulsar alternativas con baja huella de carbono como los gases renovables BioGLP y rDME, propone "la creación de un Bono Social GLP que proteja a los sectores más vulnerables y garantice una transición energética equitativa para todos".